Mesa defiende argumentos a horas de conocer la decisión de la Fiscalía

A horas de conocer la decisión de la Fiscalía General del Estado sobre la proposición acusatoria del inicio o no de un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax al expresidente Carlos de Mesa, la exautoridad, en entrevista con Los Tiempos, defiende sus argumentos sobre la expulsión de la empresa y la pésima defensa del Estado en el laudo arbitral, que le costó a Bolivia el pago de 42,6 millones de dólares.

Prefiere esperar la decisión de la Fiscalía para pronunciarse al respecto e informar cuáles serán sus siguientes pasos.

“El único camino posible ante la arbitrariedad y la discrecionalidad en el uso del poder que hace el Gobierno es demostrar que ésta es una estrategia política para destruir mi imagen personal y política, lo que a estas alturas es evidente con la arremetida en mi contra con el caso misiles, el caso Camargo Correa y el caso Quiborax”, dijo sobre el proceso en su contra.

Explicó que aprobó una ley que recuperó los recursos del salar ampliando la Reserva Fiscal a la totalidad de su costra salina, “y la expulsión de una empresa pirata —Non Metallic Minerals (NMM)— debido a que una resolución de la Superintendencia de Minas en mi Gobierno (octubre de 2004)”, anuló sus concesiones porque éstas habían sido otorgadas ilegalmente.

“Decisión jurídicamente impecable que fue ratificada por el Gobierno de Eduardo Rodríguez, que abrogó mi decreto de junio de 2004 subsanando una formalidad”, dijo.

Recordó que los socios de NMM-Quiborax, David Moscoso y Allan Fosk, falsificaron un acta de composición accionaria para hacer aparecer que tenía mayoría de accionistas chilenos, lo que les permitiría iniciar un litigio contra Bolivia en el Ciadi.

“La defensa de Bolivia debió apelar al protocolo del Tratado Bolivia-Chile de protección de inversiones y apelar a sus cláusulas I.1.c y II que bloqueaban de entrada ese litigio y no lo hicieron. Esa increíble omisión llevó al país al pago de 42,6 millones de dólares. Responsabilidad exclusiva de Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, Pablo Menacho y César Navarro”, dijo.

Según Mesa, la cadena de errores, negligencia, malas negociaciones, vulneración de las normas bolivianas y control inconstitucional del Órgano Judicial por parte de la Procuraduría es tal, que la grave responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa Legal del Estado y de la Procuraduría General se produjo por la acumulación de acciones equivocadas e irregularidades desde 2008 hasta 2018.

“Bolivia equivocó el camino y, en vez de apelar al Protocolo del Tratado bilateral, presentó una argumentación sin apoyarse en las cláusulas de dicho Protocolo, destruyendo la base central de su fuerza jurídica ante el tamaño del delito cometido por NMM-Quiborax”, sostuvo.

Asimismo, dijo que es difícil entender las incongruencias de la defensa. Héctor Arce y Pablo Menacho alegan que no se podía pagar 3 millones dada la falsificación del Acta hecha por Moscoso y Fosk.

“Lo que ocurrió en 2016, conocido por la filtración de información en las oficinas de la Procuraduría y el envío de correos a abogados chilenos desde la computadora de la subprocuradora Llorenti es un delito de muchísima gravedad”.

Agrega que la Procuraduría, en complicidad con los abogados de la empresa chilena Quiborax, tomando el papel de exclusiva potestad del Órgano Judicial, acordaron un desistimiento de un juicio penal en contra de los falsificadores. “Un verdadero escándalo”, agregó.

UN PROCESO QUE DURÓ 10 AÑOS

El proceso por el caso Quiborax se inició en 2010.

En ese periodo, Bolivia tuvo dos procuradores: Hugo Montero (2011-2014), quien ahora es vocal designado por Morales en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, y Héctor Arce Zaconeta (2014-2016), quien ahora cumple la función de ministro de Justicia.

La proposición acusatoria contra Carlos Mesa y tres exministros fue presentada oficialmente el pasado 22 de mayo y la Fiscalía tenía 30 días para pronunciarse.

CONTRA MESA Y SUS EXMINISTROS

La proposición acusatoria fue presentada el 22 de mayo contra Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde.

El documento de la acusación, que consta de 24 páginas y tiene 39 cuerpos como anexos, entre ellos: decretos, leyes y acuerdos, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 23 de mayo.

EL PROCURADOR SEÑALA QUE LA ACUSACIÓN “ES SÓLIDA”

Este lunes, el Ministerio Público emitirá la resolución sobre el caso conocido como Quiborax, al cum plirse el plazo establecido por la ley.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, sostuvo que están muy confiados en que se abrirá un juicio de responsabilidades contra el expresidente, Carlos Mesa.

“Hemos presentado una proposición acusatoria sumamente sólida en términos jurídicos con gran cantidad de documentos probatorios, entonces estamos muy confiados en que el Ministerio Público pueda admitir la proposición presentada por la Procuraduría”, dijo.

Sostuvo que el exgobernante incumplió con las seis auditorías que mandaba el artículo 3 de la Ley 2564, el procedimiento de nulidad ante la superintendencia de empresas, el plazo de 60 días para hacer todo eso, además de la emisión del decreto supremo ilegal.

Respecto a la prescripción del caso que señala el expresidente Mesa, Menacho dijo que se presentó un memorial en el que se refuta el tema de prescripción porque no se presentó ante la autoridad competente.

“Lo ha presentado ante la Fiscalía General cuando quien hace el control de garantías constitucionales y tenía que resolver eso es la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Presentamos un memorial refutando el tema de la imprescriptibilidad”, manifestó.