Defensoría plantea bono para los huérfanos por causa de feminicidio

Por algún hecho de feminicidio quedan uno, dos o varios huérfanos; son ellos en la mayoría de las situaciones los testigos directos de la tragedia, por tanto, deberían ser los primeros en contar con protección directa e indirecta de manera integral a través de políticas públicas del Estado, coincidieron la coordinadora de Voces Libres, Mercedes Cortés, y la representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales.  

“Nadie se pregunta si comen, si estudian, si tienen atención en salud, si han logrado superar el trauma y reconstruirse”, aseguró la representante legal de Voces Libres, Mercedes Cortés, a tiempo de señalar que las  víctimas de feminicidio son también los huérfanos.     

La Fiscalía General del Estado, el primer trimestre de 2019, identificó 22 hijos víctimas de feminicidio. El 2018 reportó 79 niños y adolescentes dentro el Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Denunciantes y en el marco del protocolo “Genoveva Ríos” de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).  

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo elaboró un proyecto de ley el pasado 24 de julio que fue remitido a la Asamblea Legislativa, en el que propone un bono mensual del 20 por ciento del salario mínimo y la atención integral de los niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidios; sin embargo, hasta ahora no tuvo respuesta.   

“Cuando la madre está muerta y el padre está en la cárcel, los niños quedan en un estado de indefensión total”, reconoció la representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales.   
 
Los testigos de la tragedia

“Yo ya no creo en Dios, porque le pedí que cuide a mi mamá, que sea para siempre; y ella ya no está”, así relató a la coordinadora de Voces Libres, Mercedes Cortés, uno de los hijos de M. A., quien fue víctima de feminicidio el 8 de junio de 2015 en Chapare.     

En ese sentido, las activistas Mercedes Cortés y Ángela Nogales aseguraron que los niños y adolescentes que fueron testigos de un hecho de feminicidio se encuentran en situaciones de desprotección y tendencia a reacciones emocionales negativas, razón por la que es indispensable la ayuda psicológica integral permanente.   

Es importante crear resiliencia en la infancia y adolescencia para que no se conviertan en personas cargadas de odio y resentimiento, es importante para ellos no replicar la violencia y superar los traumas y emociones negativas, apuntó Mercedes Cortés.  

Las familias ampliadas deben buscar ayuda para los niños y adolescentes y superar esa cultura de resistencia a asistir a terapia psicológica, dijeron las activistas.

“En muchos casos los niños son los únicos testigos del hecho o de los antecedentes de violencia contra la mujer, y la declaración anticipada es una herramienta de poder viabilizar a que estos niños no reciban revictimización”, recalcó la coordinadora de Voces Libres.  

22 Huérfanos de feminicidio. La Fiscalía General del Estado, el primer trimestre del 2019, reportó 22 hijos víctimas de feminicidio.

PLANTEAN MEDIDAS DE ASISTENCIA

El proyecto de ley de Medidas de Asistencia Estatal Integral a Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio asume el principio de prioridad absoluta a los hijos víctimas de feminicidio, por lo cual son de preferente atención y protección en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad y en la protección y socorro en cualquier circunstancia.

La iniciativa incluye más de ocho medidas de asistencia estatal para los hijos menores de 18 años.

VARIOS PAÍSES DESTINAN RECURSOS ECONÓMICOS A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO 

REDACCION CENTRAL

El proyecto de ley elaborado el pasado 24 de julio que propone un bono mensual del 20 por ciento del salario mínimo para los huérfanos por feminicidio no es el único, ya que en varios países de Latinoamérica existen proyectos que garantizan recursos económicos a los hijos de mujeres asesinadas.

Ecuador promulgó el Decreto 696, Bono para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, de acuerdo a normativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social de ese país, por el cual se determina la entrega del bono al representante o representantes legales o curadores del niño, niña o adolescente.

Otro país sudamericano que asumió medidas de atención a hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio es Uruguay, que promulgó una Ley para Hijos de Personas Fallecidas como Consecuencia de Hechos de Violencia Doméstica y que está a cargo del Banco de Previsión Social, instancia que verifica y controla los requisitos para acceder al beneficio, teniendo entre sus características la integración de hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio al Seguro Nacional de Salud.

En Perú está en agenda el proyecto de ley que establece el programa de protección general a las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio al Seguro Nacional de Salud en Cobertura Médica y Pensión no Contributiva para Menores de Edad o Personas con Discapacidad.

Situación similar ocurre en Paraguay con el proyecto de ley  de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas Colaterales de Feminicidio.

En tanto, Venezuela y Argentina, más los otros dos países mencionados, cuentan con una ley específica de protección a los hijos que quedaron huérfanos producto de un feminicidio.

GUARDA LEGAL E INSTITUCIONALIZACIÓN, EL DESTINO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

REDACCION CENTRAL

El artículo 36 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone que menores de edad huérfanos deben ser puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal.  

Las activistas consultadas por este medio aseguraron que no es prudente que el niño regrese con la familia del agresor y que se debe priorizar a los familiares de la madre; y por última opción los centros de acogida, que significa la institucionalización de menores.

Sin embargo, en muchos casos la familia ampliada de la víctima de feminicidio no puede acoger a los niños por dificultades económicas. La situación se complica cuando los huérfanos de feminicidio son varios, y de acuerdo a la normativa no se debe separar a los hermanos.   

Según datos reportados por el Consejo de la Magistratura, desde la gestión 2018 hasta el primer semestre de 2019, se registró 114 procesos iniciados de guarda legal a nivel nacional de hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, teniendo el departamento de Santa Cruz 41 procesos, seguido por Potosí con 27, La Paz con 18, Chuquisaca con 12, Cochabamba con 9, Beni con 4, Oruro con 2 y Tarija con 1. Pando no reporta datos.