Bolivia: hubo 20 deslaves en 12 años; 5 regiones concentran zonas de riesgo
Cochabamba
Los desastres naturales por deslizamientos en Bolivia tienen una larga data. Sólo en los últimos 12 años, se registraron al menos 20 deslaves de magnitud, sobre todo en los departamentos de La Paz y Cochabamba, que dejaron decenas de muertos y miles de familias y viviendas afectadas.
Esos dos departamentos, más Potosí, Chuquisaca y Tarija concentran el 90% de las zonas de riesgo de estos eventos y son regiones que comparten las causas que provocan estas tragedias: urbanización irregular y sin planificación; deforestación y falta de planes de manejo de cuencas.
En Cochabamba, al menos cuatro tragedias marcaron la región en los últimos años: el deslizamiento de Chullpakasa, en Morochata (2014), el de Alto Cochabamba (2017) y los dos desastres de Tiquipaya (2018 y 2020).
De acuerdo con el Atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Bolivia, elaborado por Oxfam Internacional, Fundepco y NCCR North South (cooperación suiza) en 2008, las zonas de riesgo por deslizamientos en el país abarcan toda la región de valles y gran parte del altiplano, además de algunas zonas montañosas del oriente del país.
Según el recuento que hizo Los Tiempos, en los últimos 12 años se reportaron al menos 20 deslizamientos de gravedad (ver infografía). La mayor parte de ellos fueron registrados en La Paz y Cochabamba.
El mayor de estos desastres ocurrió en Santa Rosa de Callapa , en la ciudad de La Paz, el 26 de febrero de 2011, que afectó más de 800 viviendas.
El mayor deslave registrado en los últimos 30 años ocurrió también en la sede de gobierno. En el mes de abril de 1996, todo un cerro se vino abajo y sepultó a 18 personas en Cotahuma. Por la magnitud del desastre, el lugar fue declarado camposanto y ahora es el parque Lakauta, según el diario Página Siete.
El exdirector del Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic), Omar Vargas, explicó que Bolivia “es un país de cuencas” y, aunque cada cuenca y cada región tienen sus particularidades, hay varios problemas que son compartidos. El principal de ellos es la falta de planes integrales de manejo de cuencas.
“Antes de definir una zona como zona de vivienda o producción agrícola, de pastoreo o cualquier otra, debería tomarse primero en cuenta el parámetro de la cuenca, tomando diferentes escenarios. Ese vacío tienen los ordenamientos territoriales se han ido haciendo”, aseveró.
Explicó que este problema existe en muchos departamentos, pues “nuestro país es puro cuencas. En Cochabamba tenemos 350 cuencas y 145 cuencas son de alto riesgo con posibilidad de mazamorra o riadas complicadas, pero ahora ¿quién tiene un plan para atender estas cuencas? Es necesario recomponer y a partir de eso dar luces de lo que es el marco de planificación espacial”.
El experto explicó que en Potosí, por ejemplo, en la zona de Cotagaita el río es muy grande y amplio y la zona tiene características de minería, por lo que la superficie de la cuenca es muy alta. Esta característica se extiende en los valles potosinos y algunos de Chuquisaca.
En el caso de La Paz, existen depósitos lacústrinos que son frágiles y cuando hay infiltración producto de la lluvia esto va debilitando y cediendo y se presentan hundimientos, entonces se necesita sistemas de drenajes y manejo de cuencas.
Chuquisaca y Tarija tienen otras características.
“Las cuencas en el país, una que otra tiene su particularidad, pero los derrumbes van a seguir, los deslizamientos continuarán si no se trata la cuenca con un manejo integral”, aseveró.
Aseveró que es importante recoger las experiencias y recuperar instituciones como el Promic, que fue cerrada el año 2012 por la Gobernación de Cochabamba.
En el caso paceño, hay varios elementos que se combinan y generan trágicos deslizamientos, como el ocurrido en Callapa, en 2011.
El geólogo Marco Guzmán dijo, en su momento, que las zonas de riesgo se llenaron de construcciones ilegales, lo que generó que se instalen alcantarillados y sistemas de agua clandestinos que debilitan las ya frágiles laderas paceñas.
“El problema de fondo es que bajo la ciudad corren 300 ríos. La esencia del problema es controlar los ríos, la erosión de los ríos”, indicó a la red Bolivisión.
Explicó que en el caso del megadeslizamiento de Callapa en 2011 hubo un efecto combinado: la erosión del río Chullunkani y la sobrecarga de construcciones en la parte alta del Valle de las Flores.
Respecto a los deslizamientos de Alpacoma (enero de 2019) y Kantutani (mayo de 2019), dijo que un elemento común fue que ambos eran botaderos de basura y que la lluvia sólo fue el detonante de la tragedia.
El experto Omar Vargas aseveró que otro obstáculo que se tiene en la gestión de riesgos es el vacío jurídico y los problemas competencias de las regiones respecto al manejo de estos desastres.
“En cuencas se ha descuidado mucho la parte legal y jurídica. Hay ordenamientos a nivel nacional y departamental que no están mal, pero han tomado muy poco en cuenta dentro de la unidad de planificación lo que debería ser el tema de cuencas”, indicó.
DATOS
Inundaciones, las más recurrentes
Según el Atlas de Riesgos, en Bolivia los eventos climáticos más recurrentes son las inundaciones y sequías.
En las últimas cuatro décadas, según el reporte, las personas fallecidas a causa de inundaciones representan el 45% del total de vidas perdidas como efecto de eventos adversos, correspondiendo el 30% a epidemias, el 16% a deslizamientos, el 8% a terremotos y 1% a vientos huracanados.
El mayor porcentaje de población afectada por eventos climáticos adversos en este mismo período corresponde a sequías, con un 69%. Los afectados por inundaciones corresponden al 28% y por deslizamientos, al 3%.
Bolivia, región bajo riesgo climático
El Atlas de Riesgos elaborado por Oxfam señala que Bolivia, junto con los demás países sudamericanos, y en particular los andinos, se encuentra situada en una zona de intensa actividad climática, marcada periódicamente por el fenómeno El Niño (ENOS).
Cada año, indica el reporte, la amenazan ondas tropicales, tormentas y disturbios de mayor intensidad, como heladas y sequías estacionales, deslizamientos que afectan su territorio, los asentamientos humanos y las actividades productivas de toda índole.
4 leyes y CPE norman el ordenamiento territorial
El país ha generado una importante cantidad de normas para regular el ordenamiento territorial, la forestación y el uso de los suelos. Pero este cuerpo legal es incumplido.
Para empezar, varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) determinan las responsabilidades de la planificación territorial, como ser los artículos 298 y 300 que señalan las competencias de cada nivel del Estado en cuanto al ordenamiento territorial.
A partir de ello se desprenden varias leyes. La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), promulgada en enero de 2016, señala los lineamientos sobre los cuales los distintos niveles del Gobierno deben planificar el desarrollo del Estado “para vivir bien” y respetando la madre tierra.
Asimismo, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, que especifica las competencias y atribuciones del nivel central, gobernaciones y municipios. El artículo 94 especifica las tareas sobre el ordenamiento territorial.
También se estableció en 2014 la Ley 602 de Gestión de Riesgos, que regula la gestión de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación y atención de desastres o emergencias.
Finalmente, estos lineamientos se articulan a lo dispuesto por la Ley 300 Marco de la Madre Tierra, que dispone que los procesos de planificación y gestión deben respetar la naturaleza.
Sugieren hacer mapas de riesgo y planes de manejo
Ante el aumento de deslizamientos y otros desastres en Bolivia, expertos consideran que la clave para prevenir estos eventos es la creación de planes de manejo integral de cuencas y mapas de riesgo en cada municipio y región del país.
Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, hasta 2018 sólo el 40 por ciento de los municipios del país cuenta con mapas de riesgo, instrumentos que permiten a las alcaldías conocer los peligros y vulnerabilidades de cada zona, además de mostrar las capacidades y recursos disponibles para enfrentar desastres.
En Cochabamba, según la Gobernación a datos de 2019, los 47 municipios tienen mapas de desastre.
El municipio que más ha avanzado con la implementación de estos instrumentos es La Paz, que presentó un mapa con 36 zonas altamente riesgosas. El estudio es producto de estudios geológicos, hidrológicos, de las pendientes, calidad de suelos y otros factores. El plan también incluye mecanismos de participación de vecinos y autoridades para prevenir desastres.
El Atlas de Riesgos de Bolivia identificó que la vulnerabilidad está asociada a la ubicación de asentamientos humanos e infraestructura productiva y social en áreas expuestas a amenazas, la débil resistencia de la sociedad y sus instituciones a los efectos producidos por los desastres y la baja capacidad de sectores poblacionales para absorber el impacto de las amenazas y recuperarse.
