MAS: suspensión de audiencia de Murillo es “una trampa”
La postergación de la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en Miami, (Estados Unidos) por soborno y lavado de dinero, está desatando una serie de especulaciones en representantes del partido gubernamental, que van desde negociaciones de beneficio a cambio de información, hasta trampas para exautoridades.
En tanto, los propietarios de Bravo Tactical Solutions LLC, encargada de la compra del armamento no letal, se defenderán en libertad.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, desde el país del norte, informó a través de medios estatales que “Murillo estaría brindando información valiosa y eficaz para disminuir su condena en EEUU”.
Explicó que esta situación podría explicar el diferimiento de la audiencia del exministro de Gobierno para el 9 de julio.
“La estrategia del señor Murillo que es la de, me imagino, tratar alguna reducción de su condena. Si se da el caso, ya que los elementos conducen a que efectivamente habría conocido esos delitos que se le acusan”, señaló el Procurador.
Por otra parte, dijo que el Estado boliviano iniciará, con apoyo de una firma de abogados estadounidenses, una acción civil para recuperar más de 2,3 millones de dólares apropiados por la red de corrupción integrada por Murillo y otras personas.
Trampa
El diputado Héctor Arce (MAS) señaló que la postergación de la audiencia del exministro Murillo tendría otros propósitos, al recordar que el Gobierno de Estados Unidos mantuvo una conducta inalterable de cuestionamiento a las políticas aplicadas en Bolivia en los últimos 14 años.
“Tengo mis dudas, porque en estos últimos 14 años el Gobierno norteamericano inició un proceso de ensañamiento, de cuestionamiento y acusaciones contra Bolivia. Esperemos que se actúe con la ley y no tengamos alguna trampa o algo raro, desde la celeridad con la que se actuó, tengo mis dudas que son razonables”, indicó.
Su colega Juanito Angulo va más allá y sospecha que esta postergación busca dar tiempo a Murillo para evitar, posteriormente, su extradición, además de buscar defenderse en libertad.
Berkman, defensa en libertad
Este lunes, un juez de EEUU determinó que Luis Berkman, propietario de Bravo Tactical Solutions LLC, se defienda en libertad previo pago de una fianza de 500 mil dólares. Esta persona está implicada en el caso sobornos y lavado de dinero por el que también es investigado Murillo.
“El juez federal homologó las medidas que se habían impuesto al señor Luis Berkman en Georgia, donde fue detenido, que era una fianza de medio millón de dólares (…), debe presentarse semanalmente ante la autoridad y, además, usar una tobillera para un radio de circulación”, informó el Procurador General del Estado.
La Cancillería devuelve trámite a la Fiscalía
La Cancillería devolvió al Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz la solicitud de extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, por errores en esa tramitación cometidos por el Ministerio Público.
La Fiscalía remitió la solicitud de extradición al Juzgado Tercero para que envié un exhorto suplicatorio a la Cancillería, a fin de solicitar la extradición de Murillo.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el exhorto suplicatorio, pero observó falencias en esa petición y decidió devolverla a la instancia judicial el pasado 4 de junio, haciendo ver los errores que había cometido la Fiscalía.
“La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la jueza Claudia Castro, fue devuelta por no cumplir los requisitos y las formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición que se tiene con los Estados Unidos. Adolecía de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondientes”,
informó la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, a la red Erbol.
Sin embargo, desde la Fiscalía General se informó que el juzgado respectivo es la instancia que debe proceder con todos los requisitos, y que en caso de no contar con recursos para desarrollar estos trámites, la asume en ese contexto el Ministerio Público.
