Gobierno demanda justicia por 2019 y anuncia reforma judicial
Ayer se inauguró el año judicial 2022 bajo la demanda del Gobierno de “memoria, verdad y justicia” para las víctimas de la crisis poselectoral de 2019 y la intención de la transformación del sistema mediante una reforma y que se delineará en una cumbre en marzo de este año.
El acto, celebrado en la ciudad de Sucre, contó con la participaron del presidente Luis Arce, además de los representantes de la Asamblea Legislativa, Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral.
“Tenemos (...) la misión ineludible de hacer realidad la demanda de memoria, verdad y justicia, especialmente para las víctimas de las masacres (de 2019), ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales”, sostuvo Arce durante su discurso.
En ese ámbito, la autoridad señaló la necesidad de hacer cambios mediante una “reforma judicial”, toda vez que la realidad del sistema muestra la retardación de justicia, la corrupción y una enorme carga procesal.
Agregó que el Gobierno trabaja en este proceso con pleno respeto a los principios constitucionales, de independencia, coordinación y cooperación entre órganos de poder.
Esta tarea continuará en marzo, cuando “discutiremos allí con los diferentes sectores los resultados del trabajo preliminar y definiremos la ruta que determinará las acciones necesarias para lograr el cambio estructural”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, refirió que la independencia judicial pasa por el respeto que debe existir entre los órganos del Estado y por la voluntad de actores.
Identificó la falta de una carrera judicial, la inexistencia de un régimen disciplinario, una inadecuada labor de la Escuela de Jueces y acefalías en puestos clave como elementos que tienen que corregirse.
En ese marco, Torres advirtió que entre las propuestas de reforma judicial existen propuestas extremas y netamente políticas.
“Inaugurar el año judicial significa que a través de estos 600 mil procesos hay seres humanos, hay ciudadanos que entre parte y contraparte llegan a más de un millón de bolivianos y en esos más de un millón de bolivianos, sin incluir abogados y familiares y terceros interesados, se generan expectativas”, mencionó.
Reto
En tanto, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paúl Enrique Franco, a tiempo de coincidir que el gran reto, para este 2022, es la reforma del sistema judicial.
“Ése se puede constituir en el mayor reto para esta gestión, se debe encarar con absoluta integralidad”, dijo.
Agregó que queda pendiente en la jurisdicción constitucional, profundizar en la implementación de procesos telemáticos para promover el acceso a la justicia. Sostuvo que el tema de la justicia no pasa por la cantidad de jueces que puedan atender las causas, sino evitar la generación de las causas para llegar a estrados judiciales.
Llega el relator especial de la ONU
El excanciller peruano Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llegará a Bolivia en febrero para evaluar la independencia judicial del país, informó hoy el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima.
“El compromiso por la independencia, cooperación y coordinación lo vamos a dar en el ámbito que nos señala el presidente Luis Arce, siempre con la mayor apertura al escrutinio internacional”, expresó Lima en Sucre, durante la inauguración del año judicial y constitucional.
“Ha aceptado el relator especial de la independencia judicial visitarnos la segunda semana de febrero”, agregó.
