Organizaciones de medios denuncian nueva presión contra el secreto de fuente
El Gobierno aprovecha cualquier escenario para pedir que se “levante el secreto de fuente”. Esta vez salió el pedido desde la Procuraduría General del Estado, en el que su titular, Wilfredo Chávez, arremetió contra los medios por supuestamente mencionarlo por la filtración del informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el asalto al hotel Las Américas.
La sindicación sobre la filtración fue realizada por un abogado desde Santa Cruz.
En ese contexto, mediante un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron las declaraciones del procurador Chávez, quien pidió que se levante el secreto de fuente y se conozca quién divulgó el informe de la CIDH.
“Rechazamos las declaraciones del procurador general del Estado y exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, que en declaraciones a radio Fides pidió que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las ejecuciones y torturas en el hotel Las Américas en 2009”, dice el comunicado.
Chávez admitió que contactó a los medios para “que me digan (…), levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona”.
Las instituciones colegiadas lamentaron “que la máxima autoridad de un organismo público como la Procuraduría General del Estado desconozca que el secreto de fuente está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales”.
“El secreto en materia de imprenta es inviolable” (art. 8 de la Ley de Imprenta) y, por tanto, es un derecho y un deber ético que obliga a los periodistas a guardar reserva respecto a las fuentes que proveen información con carácter confidencial, recuerda el comunicado.
Asimismo, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, refiere que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información apuntes y archivos personales y profesionales”.
