Ven que corrupción en el Sernap es por cuoteo político y riqueza en los parques

La corrupción dentro el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)  está institucionalizada y  se debe a que las áreas protegidas albergan riqueza invaluable y a que la institución es una cuota de poder de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), señalaron investigadores.

Si bien el Sernap depende del Ministerio de Medio Ambiente y es la institución encargada de salvaguardar las 23 áreas protegidas del país, hay denuncias recurrentes contra  sus  últimos directores relacionadas con el uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes, contratos ilegales con mineras y madereras, entre otros hechos irregulares.

El último director del Sernap, Johnson Jiménez, fue destituido el pasado 17 de enero por denuncias de uso indebido de bienes del Estado. Sin embargo, sobre la autoridad pesaban denuncias de malversación económica, hostigamiento y extorsión contra los guardaparques.

Dos días antes,  Alan Lisperguer fue destituido del cargo de ministro de Medio Ambiente por denuncias de corrupción.

 La senadora y presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Cecilia Requena, señaló que el Gobierno entregó el Sernap a las organizaciones que le sirven de base social y éstas lo toman como botín. “Sus directores incumplen sus funciones cuando deberían evitar la minería ilegal, el trafico de vida silvestre, los incendios forestales”, entre otras irregularidades.

Cepilap

Jiménez forma parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap) y tenía una relación muy estrecha con la Confederación de pueblos Indígenas del Oriente Boliviano  (Cidob) afín al MAS.  Antes de ser director del Sernap ocupó otros cargos públicos.

Unión Europea

Requena recordó que hace un año la Unión Europea solicitó explicaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente y Agua,  señalando posibles desvíos en la administración de estos fondos, particularmente en el Sernap.

La senadora lamentó que no se hayan asumido medidas ante las observaciones de la UE ni desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ni desde la Presidencia.

Sobre el tema, el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia  (Cedib), Óscar  Campanini, señaló que el MAS involucró a organizaciones  en la funciones de Gobierno y, en el caso del Sernap, se vio que respondieron a intereses particulares o sectoriales y a la protección de las áreas protegidas. Mencionó que hubo casos de directores del Sernap que defendieron a los mineros en contra de los mismos pobladores e incluso afectando a los guardaparques.

Para el activista de Derechos Humanos Franco Albarracín, las áreas protegidas son zonas estratégicas porque allí está la mayor actividad extractivista vinculada a la economía del país. Por lo tanto, no existe una política real para defender el medioambiente.

A juicio de Albarracín, las recientes destituciones de Lisperguer y Jiménez responden a intereses preelectorales, “porque las denuncias datan de hace años y no se tomaron acciones”.

Otras denuncias

Las denuncias que derivaron en la destitución de Jiménez fueron por usar vehículos y otros bienes públicos y disponer de personal para asuntos ajenos a la actividad laboral.

Los dirigentes de las comunidades del Parque Nacional Sajama denunciaron  el viernes a Los Tiempos que  Jiménez no supo dar cuentas de 3 millones de bolivianos del Sistema de Cobros (Sisco) de tarifas de ingreso a las áreas protegidas que les corresponde.

Pese a los ingresos, no vieron ningún tipo de mejoras en el campamento ni se contrataron más guardaparques.

Javier Cañari, presidente del Comité de Gestión del Parque Nacional Sajama, señaló que solicitaron informes en reiteradas  oportunidad, pero no recibieron una respuesta satisfactoria.

Los Tiempos intentó comunicarse  con Jiménez para conocer su versión, pero no respondió las llamadas.

Otro director del Sernap destituido fue Teodoro Mamani, a quien denunciaron por la aprobación de concesiones para la explotación minera y extracción de madera de forma irregular y por presunto  acoso sexual.