Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.