SIN MIEDO
No es posible hablar de la independencia de los jueces, como eje de una reforma judicial, y al mismo tiempo ordenar a la viceministra de transparencia y a un fiscal que procedan al encarcelamiento de una jueza por dictar fallos que no le agradan al poder.
A 39 años de la recuperación democrática no es fácil alentar una visión optimista del país, mucho menos cuando no podemos superar la crisis que estalló en 2019-2020. Y es que la continuidad democrática de estas casi cuatro décadas se logró solo con la superación de otras crisis y de otros momentos dolorosos.
Hoy nuestra democracia debe ser analizada desde tres miradas convergentes: Desde los problemas centenarios irresueltos; desde la agenda democrática pendiente; y desde la coyuntura actual de peligrosa polarización. Veamos:
Algunas reacciones iniciales ha merecido la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano que 10 juristas hicimos pública el pasado 22 de septiembre.
“Porque son insoportables: la corrupción, el sometimiento político, la retardación de los trámites, el hacinamiento inhumano de las cárceles, el abuso policial y la naturalización de la violencia en contra de mujeres y niñas; porque estamos en un momento terminal de la crisis judicial, se requiere una reforma”.
El título de este artículo responde a un editorial reciente de otro matutino de circulación nacional que, con motivo de la propuesta de reforma que estamos trabajando un grupo de abogados, nos calificó de “juristas de la oposición”, sin siquiera conocernos y, peor, sin saber exactamente lo que plantearemos los próximos días y semanas.
Los asesinatos seguidos de descuartizamientos de las semanas anteriores han sobrecogido a la población que no acaba de explicarse las razones para semejantes crímenes atroces. Han resurgido voces que demandan el agravamiento de las penas, y ya algunos asambleístas del MAS están volviendo a hablar de reponer la pena de muerte del banzerismo o imponer la cadena perpetua solicitada por el exvicepresidente García Linera, el 2016, con motivo de una “cumbre de justicia” oficialista.
Es atinada la propuesta de “acuerdo nacional” formulada esta semana por Carlos Mesa y CC, no solo con motivo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino frente a la escalada suicida de polarización y confrontación que está sufriendo el país.
Son 468 páginas en ocho capítulos de un informe que parece exhaustivo, consistente y equilibrado. El Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un documento valioso cuya trascendencia bien puede resumirse en cuatro puntos: