SIN MIEDO
A 41 años de la recuperación democrática hay que valorar la vigorosa voluntad nacional y popular por preservar los derechos y garantías constitucionales, al tiempo que lamentar las enormes limitaciones de los sucesivos gobiernos que, en más de cuatro décadas, no encararon suficientemente los grandes desafíos que siguen siendo la tarea pendiente de la sociedad y del Estado.
El grupo de Juristas Independientes, que desde el pasado 28 de julio viene promoviendo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una propuesta de reforma parcial de la Constitución, alertó esta semana sobre varias dificultades y obstáculos de carácter administrativo que el Órgano Electoral no está resolviendo oportunamente y, por lo mismo, está dilatando los trámites y postergando la impresión de libros y recolección de firmas, que es el mecanismo central para posibilitar el referendo ciudadano modificatorio del texto constitucional.
Se está reanimando el debate público sobre la reforma judicial después del conflicto del censo, del Mundial y de la Navidad y se han conocido algunas opiniones que están dinamizando esta gran cruzada nacional que, con los libros de por medio, se iniciará los primeros días de enero.
Tres opiniones recientes recogen, por un lado, el optimismo, por otro, la cautela y finalmente, si no es mala fe, al menos el desconocimiento de la propuesta. Veamos:
Cuando estamos en los últimos trámites administrativos previos a la recolección de firmas para la reforma vía referendo ciudadano, la Contraloría General parece que quiere empañar nuestro trabajo.
En efecto, de la manera más sospechosa, este jueves 24 de noviembre, me han notificado con una “Auditoría Especial” elaborada en mi contra por los “puentes trillizos”, alegando falsamente que en dicha obra, concluida exitosamente hace 12 años, hubieran irregularidades y un supuesto sobreprecio de 3,1 millones de dólares.
Cuando estamos en los últimos trámites administrativos previos a la recolección de firmas para la reforma vía referendo ciudadano, la Contraloría General parece que quiere empañar nuestro trabajo.
En efecto, de la manera más sospechosa, este jueves 24 de noviembre, me han notificado con una “Auditoría Especial” elaborada en mi contra por los “puentes trillizos”, alegando falsamente que en dicha obra, concluida exitosamente hace 12 años, hubieran irregularidades y un supuesto sobreprecio de 3,1 millones de dólares.
Una nueva encuesta publicó “Diagnosis” sobre la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano. Esta vez la consulta de principios de noviembre, a 1800 personas en los nueve departamentos, versó sobre las cuatro preguntas que deberá responder el electorado ante las urnas. Los resultados, con el antecedente de que el 60% se adherirá con su firma a la propuesta, revelan, sin embargo, percepciones ciudadanas distintas. Veamos:
“En días pasados el Tribunal Supremo Electoral autorizó al grupo de Juristas Independientes llevar a cabo la recolección del millón y medio de firmas que dará lugar a un referendo nacional para la reforma del sistema judicial. En este
“Esta Resolución del TSE puede significar un gran avance en la propuesta de Reforma de la Justicia vía referendo, y tenemos que convertirla en una decisión que abra sin cortapisas el poder constituyente ciudadano, para primero recabar en los libros la adhesión de 1,5 millones de firmas en todo el país, y luego, cumplido el trámite ante el Tribunal Constitucional, convocar a las urnas a todas y todos los bolivianos, como momento inicial de transformación de la administración de justicia…”.
Cuando el trámite de reforma judicial vía referendo está avanzando, y tal vez por ello mismo, se han conocido observaciones tardías y algunas no muy bien intencionadas. A la lentitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no podemos resolverla, se suman esas voces a las que sí debemos contestarlas, especialmente para disipar dudas que, en algún caso, parecen razonables. Veamos: