El 60% está por la reforma vía referendo

Columna
Publicado el 06/11/2022

“En días pasados el Tribunal Supremo Electoral autorizó al grupo de Juristas Independientes llevar a cabo la recolección del millón y medio de firmas que dará lugar a un referendo nacional para la reforma del sistema judicial. En este

informe de diagnosis, se evidencia que dos tercios de la población boliviana están dispuestos a firmar esta petición de referendo. El principal obstáculo es que sólo la mitad de estas personas cree que es posible una reforma de la justicia en el corto plazo. El desafío será convencer a la población, que cambiar la justicia en el corto plazo es viable a través de un referendo nacional” (Diagnosis S.R.L.).

La empresa encuestadora hizo el relevamiento el 1 y 2 de octubre de este año, consultó a 1.800 personas entre 18 y 65 años en zonas urbanas y rurales de los nueve departamentos, con un margen de error sólo del 2,3%. Veamos los resultados principales:

 

1. El 60 % firmará la petición de referendo para la reforma judicial mientras que el 23% no lo hará. Se trata de una mayoría significativa que ratifica la demanda ciudadana para un cambio estructural de la administración de justicia, lo que da cuenta que la crisis judicial ha calado hondo en el criterio de la gente. El 23% dijo que no firmará, junto al 17% de indecisos.

 

2. Las personas mayores entre 28 y 65 años son las que, en más del 60%, están dispuestas a la firma, mientras que los jóvenes entre 18 y 27 años alcanzan sólo el 53%. La población votante más joven debe merecer especial atención en la labor de difusión de la propuesta.

 

3. La clase media entre “típica” y “baja” es la más proclive a la firma en un 70%, mientras que la clase “baja” sólo lo haría en un 62% y los “pobres” sólo concurrirán en un 49%. Es probable que también acá la falta de información esté marcando la diferencia. 

 

4. Los más instruidos, entre personas con nivel universitario, técnico o bachilleres, superan el 70% en la firma, mientras que los que sólo cursaron primaria y parte de secundaria oscilan entre el 48% y el 56% de firmantes. Se evidencia que el nivel de información es determinante.

 

5. El 68% de la gente que vive en las capitales de departamento y El Alto está dispuesto a firmar mientras que sólo el 49% lo haría en las ciudades intermedias. Sin embargo, es sobresaliente que, en los “pueblos” y en el “área rural”, 53% y 54% sí lo harán.

 

6. Las diferencias son más marcadas cuando se indaga la preferencia política de las personas: las que se identifican con el Gobierno sólo llegan al 46% en la firma, mientras que las personas que simpatizan con la oposición oscilan entre 72% y 83%. No deja de ser saliente, en un cuadro político de polarización extrema, que esa polaridad no esté reflejada en ese mismo grado con respecto a la justicia. Aunque los “oficialistas” se muestran más cautos, son también proclives a la reforma.

 

7. Cómo dicen al inicio los encuestadores, sólo el 11% de los consultados ve como “muy probable” que la reforma se realice en los próximos tres años, junto al 20% que la cree “algo probable”. Al frente están los escépticos que en más del 40% creen que es poco o nada probable que la reforma se produzca en los próximos tres años. No deja de ser importante que el 25% no sabe ni responde.

La encuesta tiene, además, varios “cruces” entre edad, sector social, lugar de residencia y preferencia política que, con matices, confirman los datos anteriores, lo que nos permite algunas conclusiones iniciales:

Primero.- La crisis judicial y su reforma son una exigencia nacional transversal a todas las edades, sectores, lugares y preferencia política. La mayor parte de la población está identificando el referendo como la vía adecuada para esa reforma y saben que la firma de la “petición” es el mecanismo. 

 

Segundo.- Pese a lo anterior, hay más escepticismo que optimismo en que, efectivamente, la reforma vía referendo se produzca en el corto plazo. Aunque no se ha preguntado, es muy probable que una gran parte de la población no conozca el contenido de la reforma propuesta y que tampoco sepa de su trámite y de la proximidad de la recaudación de firmas.

 

Tercero.- Siendo muy probable que la recolección de firmas, con la impresión y la habilitación de libros, se inicie este mes, noviembre, hay grandes posibilidades de que la respuesta ciudadana sea exitosa, que efectivamente se logre 1,5 millones de firmas en tres meses. El desafío sigue siendo enorme, pero cobra una cualidad distinta. Ya no es tanto si la gente está dispuesta a la reforma y a la firma, sino como canalizamos esa firma, que es la llave del candado.

Cuarto.- La organización y el operativo de la recolección de firmas tienen que ser capaces de posibilitar esa adhesión latente y para ello requerimos una adhesión activa. La propuesta de reforma ya no es sólo de los Juristas Independientes, es perfectamente posible que los núcleos organizados de la comunidad a lo largo y ancho del país se apropien de ella.

 

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