Cuando usted, estimado lector, lea esta columna hoy domingo habrán pasado unas 790 horas desde que el presidente Evo Morales le dio a Carlos Mesa un plazo de 24 horas para “para demostrar con pruebas sus acusaciones en mi contra en el caso Lava Jato”. Si no lo hacía, iba a “atenerse a las consecuencias”, agregó.

Tal bravuconada, como se sabe, no quedó en nada. Pasaron 790 horas desde el plazo otorgado y nadie tuvo que “atenerse” a ninguna “consecuencia”.

En el plano institucional, dos hechos movilizaron a la ciudadanía durante el gobierno de Evo Morales.

Cuando se juega con fuego, quienes lo hacen y quienes los rodean pueden terminar quemados. Lamentablemente, pese a que esto se sabe, hay gente que sigue jugando con fuego. Peor aún, juegan pese a que ya han comenzado a quemarse.

Obviamente, hacemos referencia a las autoridades del gobierno y dirigentes del MAS que ya no pueden esconder su terror ante la pérdida de apoyo popular, su naufragio en las mieles del poder y al haber sucumbido ante la corrupción, y como consecuencia, observar la proximidad del fin de su gestión.

La persecución de periodistas y opositores, a través de las redes sociales por la Policía, atenta contra la libertad de expresión, en tiempos de la democracia que, debería respetar la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de opinión y de pensamiento de quienes emiten su criterio por cualquier medio de comunicación.

17 de julio de 1980: el General Luis García M. desconoce una elección democrática y toma el poder mediante un cruento golpe de Estado cuyo objetivo era perpetuarse en el gobierno durante 50 años.