Septiembre. Es como para una sátira de Ambrose Bierce: Medio país quemándose y Cochabamba sumida en humo de norte a sur y de este a oeste y, en semejante contexto, no faltaron quienes “festejaban” a una de las ciudades más contaminadas de América Latina tirando cohetes. Sería para arrancarse los pelos, pero el asunto es que cada año este escenario se replica, por ende, los obvios cuestionamientos al respecto se van haciendo repetitivos y rutinarios.

Verdades incómodas, noticias que no gustan a los gobernantes de turno. Salvajes incursiones y destrozos que pusieron en riesgo el patrimonio levantado con esfuerzo y dedicación, son ciertos momentos que han marcado 75 años de vida.

Quienes trabajamos sobre procesos de crecimiento y desarrollo, cuando realizamos proyecciones podemos adelantarnos en los años sobre el estado de la población. Analizando los indicadores del Departamento y la ciudad de Santa Cruz y aplicando las proyecciones sobre la base de los censos de población y vivienda de los años 1992, 2001 y 2012, nos encontramos con una tendencia aparentemente inmodificable.

Apilados, mezclados, amontonados, sin nombre ni referencia alguna y muchos con un objetivo “decorativo”. Así fueron puestos, y así están, más de 30 mil cuerpos que fueron trasladados desde distintos puntos de España al Valle de los Caídos, un macabro y doloroso monumento franquista al que, además, en principio, no estaba permitido que sea el sepulcro de ateos, “moros” o mujeres.

En febrero pasado, YPFB pudo finalmente adjudicar el trabajo de cuantificación y certificación de reservas al 31 de diciembre de 2017 y los resultados fueron dados a conocer por las autoridades el 31 de agosto, fuera de todos los plazos establecidos.

Hay factores enigmáticos en esta certificación, empezando por los términos de referencia (TdR)