Se activa tensión Gobierno-mineros
Un operativo de la Policía realizado ayer en la localidad de Viloco, La Paz, terminó en un enfrentamiento entre mineros cooperativistas y agentes de las fuerzas del orden.
Según el informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, la Policía ingresó al centro minero para aprehender a Ángel Arapaya, sospechoso de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes, sin embargo, de acuerdo a las denuncias, el ingreso de la Policía fue violento porque dejó heridos con balines, además de destrozos en las viviendas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el operativo policial en Viloco pero señaló que los comunarios obstaculizaron el mismo al atacar a los uniformados con piedras, dinamita e intentar cercarlos.
En tanto, la Fiscalía informó que no participó del operativo ni ordenó allanamientos en las viviendas mineras.
Ayer en horas de la tarde, los comunarios de Viloco se declararon en alerta ante otra posible intervención de la Policía.
De acuerdo al primer informe del Defensor del Pueblo —emitido después de que un equipo fuera hasta Viloco para recoger los testimonios de los comunarios— el operativo se desarrolló en horas de la madrugada con el allanamiento de dos domicilios de familiares de Rubén Aparaya (primo del minero Rubén Aparaya, quien murió el 25 de agosto).
“En el operativo se lanzó gases por la ventana de René Corazo, a quien se le causó herida por perforación en la mejilla izquierda, durante la operación”, a quien dejaron en libertad al reconocer que no se trataba de Ángel Aparaya, informó el defensor del Pueblo, David Tezanos.
Agregó que los comunarios habrían encontrado una pistola de uso de reglamento de la Policía, además de cartuchos de balines de goma y de gas.
Por lo sucedido, Tezanos llamó a la Policía a prevenir nuevos episodios de violencia y a respetar los derechos humanos durante sus intervenciones.
Sin embargo, el ministro Carlos Romero dijo que los habitantes de Viloco intentaron obstaculizar el operativo policial para aprehender a Aparaya, al atacar a los uniformados con piedras, dinamita e intentar cercarlos.
El comandante general de la Policía, Rino Salazar, reconoció que las fuerzas del orden utilizaron “armas persuasivas”, pero no letales. “Los efectivos policiales han sido agredidos, atacados, y la población, los familiares y cooperativistas mineros han intentado cercar a los policías, detenerlos para agredirlos”, dijo Salazar al manifestar que para llevar adelante la aprehensión no se requiere la presencia fiscal. Aclaró que los policías no lograron ninguna aprehensión.
Fiscalía desconoce
Sin embargo, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aclaró que la comisión de fiscales que investiga el caso Illanes no participó en los operativos que realizó la Policía en Viloco y tampoco se emitió alguna orden de allanamiento en el lugar.
“Desde la Fiscalía Departamental de La Paz queremos aclarar que ningún fiscal de materia se hizo presente en ningún operativo, extraoficialmente sabemos que la Policía ha ingresado y que ha tenido ciertos obstáculos, si vale el término”, indicó.
Agregó que “si hubiera una orden de allanamiento que tramita el Ministerio Público, sí sería obligatorio la presencia (de los fiscales)”.
ROMERO DESCALIFICA A INCA
El representante de la Asamblea de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, fue el primero en denunciar sobre el operativo policial de un grupo especializado en el centro minero de Viloco.
Señaló que, según denuncias, resultado del operativo violento había un herido de bala en el rostro.
Sin embargo, el ministro de Gobierno descalificó a Inca al indicar que en días pasados también había denunciado sobre presuntas torturas aplicadas a los cooperativistas mineros detenidos preventivamente en los penales de San Pedro, Patacamaya y Chonchocoro en La Paz.
“Una persona descalificada que debía ser investigada, habla a nombre de los defensores de los derechos humanos, eso me ofende, yo soy defensor de los derechos humanos, esta persona que responde al nombre de David Inca, antes había señalado que hemos torturado a los cooperativistas mineros en los recintos penitenciarios para obligarlos en sus declaraciones y autoinculparse”, sostuvo.
Por su parte, Inca señaló que sufre un amedrentamiento por parte del Gobierno por el trabajo que realiza en favor de la defensa de derechos humanos. “A mí me está amedrentando el señor Ministro”, denunció el representante de la APDH de El Alto.
