Fraude autonómico
El real pleito autonómico es el fiscal. La distribución territorial del poder del Estado se efectiviza con recursos económicos, solo hace falta voluntad política para aplicar lo que la Constitución consagra y las leyes facultan. Los Gobernadores masistas se conforman con el ejercicio de una “seudoautonomia”, están contagiados del centralismo ineficaz y les gusta que las decisiones se tomen en La Paz. La miopía política de los Gobernadores es general, no están subordinados al Estado y a quienes les eligieron, sino al gobierno; prefieren fortalecer la “angustia de acaparamiento” del poder central y no a los intereses de los ciudadanos que hicieron posible su autoridad. El recentralismo es el causante del fraude autonómico para no perder el control económico-financiero del Estado y seguir disponiendo del dinero público en gastos prescindibles, despilfarradores, mientras millones no tienen que comer. Se resiste a “ceder” porque quien controla el dinero estatal, controla el poder.
Primero imponían “condiciones” para el Pacto Fiscal, decían que debía incorporar el modelo económico, la agenda patriótica 2025 y el programa de gobierno del MAS, las preguntas son: ¿En qué artículo de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías condicionaba el Pacto Fiscal a estos intereses partidarios o a la aprobación previa de los Estatutos? ¿Tienen estas exigencias privilegio sobre la obediencia a la Constitución y las leyes por ellos mismos emitidas? Hoy, las dilaciones sin fundamento ni argumento continúan, el cumplimiento de “pasos previos” fáciles de dilatar y manipular no terminan. Las “reglas del juego” del modelo de financiación, que deberían ser deliberadas por todos porque es plata de todos, siguen siendo decididas antelada y unilateralmente por el régimen.
Veamos el actual descaro de la inequidad en la inversión publica: de los 274.879 millones de bolivianos programados para el año fiscal 2017, el 80% está asignado al Gobierno central y el 18,6% a 9 gobernaciones, 339 municipios y 11 universidades públicas ¿De qué autonomía económica financiera hablamos? ¿Es esto racional? ¿Es esto justo? Si el recentralismo, que guía hoy la acción autoritaria del poder, impone el Pacto, seguirá pecando de lo mismo: diagnóstico equivocado, terapia fallida y recetario desastroso, insensible a las necesidades, le llamarán Pacto y no lo será. Pacto significa negociación y decisión conjunta y el sistema debe ser voluntariamente aceptado por quienes tendrán la responsabilidad de ejecutarlo, sólo así será aceptado y estable. En lugar de resolver problemas, los agravara e incentivara a las oposiciones regionales a arriesgarse buscando un mejor diseño del Estado y les forzara a resituar su discurso político en la federalización.
Y, en el caso de Cochabamba, la reelaboración y aprobación de los estatutos se encuentra congelado por la burocracia y la ineptitud. La Asamblea Departamental, en quien la ciudadanía ha confiado su desarrollo, no le importa ni responde con resultados concretos, no se ha constituido en el agente determinante para el diseño e implementación de los estatutos y menos para aplicar políticas autonómicas propias. Desconocen que mientras no se reelabore y sea aprobado el estatuto no somos autónomos en derecho, no está creado el departamento autónomo, la autonomía no preexiste al estatuto, sino que surge de su aprobación.
El autor abogado constitucionalista.
Columnas de WALDO RONALD TORRES ARMAS
