Jurista: Fiscales deben ser procesados por incumplir carácter vinculante de auditoría de la OEA
El abogado y diplomático Sergio Alberto Fernández afirmó que el incumplimiento del carácter vinculante del informe de la OEA, que halló “manipulación dolosa” en las elecciones de 2019, puede dar curso a un proceso penal en contra de fiscales que siguen el caso fraude electoral. Advirtió que no hay un mecanismo internacional para sancionar al Estado.
En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada el miércoles, el secretario general de esa organización, Luis Almagro, ratificó el carácter vinculante de la auditoría encargada por el gobierno del expresidente Evo Morales que halló irregularidades en el proceso electoral de 2019.
El informe de la OEA fue la base para abrir un proceso judicial por fraude electoral en Bolivia, juicio que fue cerrado en julio por la Fiscalía General del Estado con el argumento de que otro estudio, encargado a tres consultores españoles de una fundación de la Universidad de Salamanca, concluyó que no hubo manipulación dolosa en los comicios.
“En este caso, la OEA tuvo acceso directo al material físico, cibernético y a servidores, no se puede poner al mismo nivel (del informe de consultores españoles) y, sin embargo, eso se ha hecho, el informe de la fundación de la Universidad de Salamanca ha desvirtuado un documento público y, de un día a otro, se le ha quitado el carácter vinculante, entonces eso sí es un incumplimiento de deberes del Ministerio Público”, declaró Fernández.
El jurista y diplomático resaltó que en este caso el Ministerio Público otorgó mayor validez a un documento “referencial” y extemporáneo, elaborado por consultores españoles encomendado por la Fiscalía, que a un informe “oficial y público” realizado por expertos de la OEA a pedido del Estado boliviano.
En ese sentido, señaló que el carácter vinculante del documento de la OEA debe ser cumplido por el Ministerio Público, ya que ese estudio halló irregularidades que llegan a ser catalogados como delitos de carácter público, ya que estableció que las elecciones generales de 2019 estaban viciadas de nulidad, por anomalías en el ciberespacio, en el servidor oculto de los comicios, actas falsificadas llenadas previamente y personas que debían haber sido depuradas del padrón electoral, entre otras.
Fernández sostuvo que los directos responsables de hacer cumplir el carácter vinculante del informe de la OEA son los fiscales asignados al caso fraude electoral y el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, como principal autoridad del Ministerio Público.
Al ser consultado sobre una sanción que recibiría el Estado boliviano por el incumplimiento del carácter vinculante, Fernández señaló que “el derecho internacional carece de este mecanismo de coerción”. Acotó que este organismo puede aplicar sus “dientes” cuando se registra una interrupción del orden democrático en un determinado país, aspecto que no se registra actualmente.
Apuntó que tal vez se puede llegar a una llamada de atención de parte del organismo o una declaración, aunque para esta última se requerirá del apoyo de tres cuartos de la membresía de la OEA, lo que “difícilmente puede pasar”.
Respecto a la intención de cuestionar el informe de la OEA que tuvo el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la sesión del Consejo Permanente de esa organización regional, el expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó el miércoles que el MAS sufrió una derrota, debido a que sólo obtuvo el respaldo de tres países, de 16.
“Derrota del MAS hoy en @CP_OEA: buscaron rechazo a auditoría de #Bolivia y los apoyaron solo 3 países, el resto respaldó sistema de observación electoral de @OEA_oficial. MAS cuestiona pq informe "preliminar", desconociendo que siempre se emite uno antes del final”, escribió Quiroga en su cuenta de Twitter.
