Demagogia oficialista
Las declaraciones de algunas autoridades del Gobierno respecto de temas coyunturales relacionados con la gestión del Estado, sucesos que afectan a la población y problemas políticos, hacen pensar que al oficialismo no le importa el deterioro de la confianza que tienen los bolivianos en sus gobernantes.
Ese deterioro está reflejado en tres encuestas realizadas ente septiembre y octubre últimos, y también en el Índice Estado de Derecho 2023, del Proyecto de Justicia Mundial, que ubica a Bolivia en el tercio peor calificado a escala mundial, y entre los últimos países de América Latina y el Caribe.
En las últimas semanas, al menos dos temas de relevancia nacional fueron objeto de intentos de recuperación demagógica por parte de altos funcionarios y, en el caso de otro, las contradicciones manifestadas evidenciaron que se escondía la verdad.
El último de esos temas es la reducción aplicada por Standar & Poors (S&P Global Ratings) de las calificaciones crediticias soberanas en moneda extranjera y local a largo plazo en Bolivia.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas atribuye, esa decisión de la calificadora internacional “fundamentalmente” a “los problemas políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el boicot y el bloqueo que se está dando a la gestión económica del presidente Luis Arce”.
Según el comunicado oficial del S&P, la rebaja en la calificación se debe también a “la disminución de las exportaciones” bolivianas, sus “limitadas” reservas internacionales netas (RIN), “los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central” de Bolivia (BCB), que “están aumentando los riesgos para el servicio de la deuda” del país.
Algo similar ocurrió con las dificultades para lograr la sanción legislativa de la reformulación del Presupuesto 2023, bloqueada en la ALP, no porque evistas y opositores se negaran a dotar de recursos adicionales al Gobierno, gobernaciones, municipios y universidades, sino por su resistencia a aprobar disposiciones adicionales que nada tenían que ver con aumentar la disponibilidad de dinero para esas instancias.
La distorsión más flagrante de la verdad es la referida a la escasez de diésel. Durante semanas, el Gobierno insistió en que garantizaba la suficiente provisión de ese carburante, mientras las filas de vehículos en los surtidores crecían al mismo tiempo que las pérdidas económicas relacionadas con los problemas de transporte. Hasta que, a principios de este mes, se supo de manera fehaciente que si el diésel escasea es por falta de pago a los proveedores. Y hace 10 días se conoció un informe oficial de YPFB donde se revela que “el escenario de restricción de pagos implica discontinuidad del suministro”.
