La defensa de los ríos moviliza a 11 municipios de Potosí

Texto: Daymira Barriga Velarde 

Fotos: Cortesía Omar Romero, Radio Kollasuyo y Virgilio Rocha.

Las aguas ácidas que decenas de bocaminas vierten a los ríos del departamento de Potosí y los depósitos a cielo abierto de toneladas de residuos de las operaciones mineras —pasivos ambientales— condenaron a una muerte lenta a la agricultura, la fruticultura y la cría del ganado menor. La consecuencia es la migración forzada y la reducción de los ingresos económicos de las familias.

Esta dramática situación dio pie a la formación de comités de defensa de las cuencas, en torno a las cuales se agruparon diferentes organizaciones de los territorios afectados. A ellos se les conoce como los “defensores de los ríos”.

Entre marzo y abril de este año, los comités de cuatro cuencas se declararon en estado de emergencia, se movilizaron y bloquearon caminos para que las autoridades departamentales y nacionales escuchen sus demandas y hagan cumplir la legislación ambiental que obliga a los operadores a desarrollar proyectos de mitigación.

Los actores de esta nueva oleada de denuncias y protestas son comunarios, pobladores y alcaldes de los municipios Colquechaca, Macha y Pocoata; Chayanta, Llallagua, Chuquihuta y Uncía; Caiza D y Vitichi, Cotagaita y Tupiza. 

 “Nosotros, como Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP), estamos atendiendo (estas demandas) en base a nuestras posibilidades. Las demandas de descontaminación de los ríos son continuas, porque Potosí es un departamento netamente minero”, dijo el viernes pasado el gobernador Jhonny Mamani, tras conjurar, de momento, las medidas de presión.

La autoridad también admitió que ni una sola de las cuatro regiones de este departamento —norte, centro, sud y sudeste— está libre de la contaminación de sus ríos.

Debido a la complejidad del problema, agravado por las operaciones mineras ilegales, el Comité de Emergencia del Departamento (COED) sugirió a Mamani declarar, mediante un decreto departamental, emergencia por la contaminación minera a Colquechaca, Macha, Pocoata y Vitichi y la afectación al sector agrícola y pecuario.

También se recomendó que la dirección jurídica del GADP genere normativas que ayuden a mitigar la contaminación de las cuencas, informó Álvaro Peralta, secretario de Desarrollo Productivo. 

Para el Gobierno nacional, la ausencia de medidas de control de los impactos ambientales de la actividad minera a lo largo de la historia y las dificultades organizativas, técnicas y económicas de la minería a pequeña escala complican la gestión de las cuencas, según se apunta en el documento del Marco Conceptual y Estratégico del Plan Nacional de Cuencas.

“La frecuente localización de las operaciones mineras en las cabeceras de cuenca, se asocia también con problemas de erosión y contaminación de suelos, pérdida de cobertura vegetal y deforestación”, agrega ese documento. 

Cuenca Colquechaca-Pocoata-Macha 

Las aguas ácidas que contaminan la cuenca Colquechaca-Pocoata-Macha provienen del centro minero Colquechaca, sobre todo de las bocaminas San Bartolomé y Begoña, que vierten en el río 11 litros por segundo de un líquido que tiene un pH del 2,63, por lo que no es apta ni para el consumo humano ni para el riego. En el lugar se reportó presencia de cadmio, zinc y plomo en el suelos, agua, productos agrícolas y ganaderos, según detalló el Centro de Acción al Cambio, en 2012. 

“Esas aguas están recontaminadas. Nosotros ya no usamos el agua del río. Antes, eran limpias y podíamos regar. Se han hecho algunos proyectos de mitigación, lastimosamente, a pesar de eso, sigue entrando el agua contaminada a las parcelas de los regantes de la Pampa de Macha, más que todo”, dijo a OH! Omar Romero, presidente del Comité Regional de Defensa de las Cuencas del Norte de Potosí.

Este centro minero, arrendado por la Comibol a extrabajadores afectados por la “relocalización” (1985-1987), es explotado por la Cooperativa Minera Colquechaca, que opera hace 35 años en este paraje y extrae de los agotados yacimientos estaño, plomo zinc y plata.  

“Antes de aquí sacaban haba y la llevaban al Perú para transformarla, pero hoy nadie quiere comprar. Ya no se vende y eso sostenía a la cuenca de Macha (…). Ahora también hay maíz, con lo que hacíamos alguna venta fuera del autoconsumo, pero ahora es solo autoconsumo, la producción es más pequeñita, y el motivo por el que la gente ya no quiera comprar es que sabe que se está regando con aguas contaminadas”, agregó.

Según Romero, los afectados en las tres cuencas son unas 700 familias, aunque el gobernador potosino calcula que son más de 2.000.

En 2020, la Alcaldía de Colquechaca firmó un acuerdo con la cooperativa para construir una planta piloto de tratamiento de aguas ácidas, un proyecto concurrente que no se pudo concluir y no por culpa de los cooperativistas. “La parte que falta completar es de la Gobernación, que no hace el desembolso de 2 millones de bolivianos y busca todo tipo de pretextos”, explicó el entrevistado.

“La planta tiene un 75 % de avance, lastimosamente, hasta ahora no se puede concluir. (…) No avanzamos nada, seguimos en lo mismo, más bien se está arruinando esa pequeña planta por falta de uso y por la exposición al sol, al viento y al frío”, añadió. Este conflicto ambiental se arrastra desde 2015; desde entonces, han pasado por cuatro gobernadores. 

Solo este año, agricultores de los municipios de Macha, Pocoata y Colquechaca efectuaron dos bloqueos de caminos para pedir a las autoridades departamentales y nacionales que salven esos ríos y eviten la lenta muerte de la agricultura en sus comunidades, la desertización de sus tierras y la emigración forzada.

El 4 de marzo, cientos de personas instalaron puntos de bloqueo en el Cruce Ventilla y Kona Kona con el fin de denunciar el incumplimiento de la Gobernación a su compromiso de presentar un proyecto a diseño final y aportar los 2 millones de bolivianos que faltan para concluir la planta. Romero denunció entonces la “actitud indiferente y negligente” de Mamani, a quien solicitó su renuncia.

El 18 de marzo, unos 300 comunarios de los municipios de Macha y Pocoata cortaron el paso de la Diagonal Jaime Mendoza y la ruta Potosí-Oruro para exigirle a la Gobernación de Potosí efectuar  el desembolso. Esta movilización también demandó al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional reformar el Código Minero para que un porcentaje de las regalías que recibe el GADP se destine a proyectos de mitigación.

El 31 de ese mes, los ministros de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos; de Minería y Metalurgia, Wilder Quiroz, otras autoridades del nivel central y el gobernador de Potosí, por un lado, y los alcaldes de Pocoata, Bladimir Turno; de San Pedro de Macha, Agustín Trasabal, y de Colquechaca, Rubén León, el presidente de la Cooperativa Minera Colquechaca, Valerio Arias, y los presidentes de los comités de defensa de la Cuenca Colquechaca-Pocoata-Macha, por el otro, suscribieron un acta que permitió suspender los bloqueos.

La Gobernación se comprometió nuevamente a asignar 2 millones de bolivianos para concluir la planta. Las autoridades de los tres niveles de gobierno decidieron efectuar una inspección para iniciar el trabajo de justificación técnica de la declaratoria de zona de riesgo ambiental, y los gobiernos de los tres municipios pactaron declarar “alerta naranja”.

El 5 de mayo, técnicos de la Gobernación y de los ministerios de Medio Ambiente y Agua y Minería y Metalurgia tomaron muestras de los tres ríos, que serán analizadas en laboratorio para establecer el grado de contaminación. Por ahora, la situación está en statu quo y tras años de promesas incumplidas, la amenaza de retomar las medidas de presión sigue sobre la mesa.

Cuenca Llallagua-Chayanta

La petición de una planta de tratamiento de aguas ácidas de mina se extendió a los municipios de Chayanta, Llallagua, Chuquihuta y Uncía, situados también en la región norte de este departamento, provincia Bustillos.

El presidente del Comité de Defensa de la Cuenca Llallagua-Chayanta, Gustavo Bautista, denunció que a pesar de que tenían una audiencia fijada con el Gobernador, para el 26 de abril, este no los recibió. 

El comité dio al gobernador 48 horas para que la Secretaría Departamental de la Madre Tierra elabore un proyecto a diseño final de plantas para esta cuenca y para que en el nivel central se trabaje una propuesta para modificar el artículo 229 de la Ley de Minería y disponer que un porcentaje de las regalías se destine a remediar la contaminación minera.  El plazo venció el 29 de abril, sin embargo, el anunciado bloqueo de caminos no se concretó.

El 5 de mayo, tras una reunión sostenida en Llallagua, de la que participaron alcaldes, dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de Potosí y autoridades originarias, el GADP aceptó financiar el estudio, trabajo que estará a cargo de técnicos de los dos ministerios involucrados. La cartera de Medio Ambiente explicó que una vez se conforme el equipo técnico, a la cabeza de este Ministerio, en dos semanas se iniciará el trabajo técnico, el cual podría culminar en unos cuatro meses.

Cuenca La Lava

El conflicto medioambiental en la cuenca La Lava, formada por la confluencia de los ríos Kumurana y Cuchu Ingenio, se arrastra desde hace 48 años y afecta a agricultores de los municipios de Caiza D y Vitichi, provincias Linares y Nor Chichas, respectivamente.

Desde entonces, se han repetido cíclicamente las denuncias de contaminación, las inspecciones, las peticiones de informes, la toma de muestras de agua, los compromisos de las autoridades y de las empresas que no han tardado en incumplir y las medidas de presión.

Diversos estudios —locales, nacionales y extranjeros— apuntan a la Empresa Agrícola Minera Kumurana y a Ari Sur Inc. Pioneer Mining. Esta cerró y abandonó la mina Andacaba en 2020, lo que agravó la contaminación por la falta del tratamiento de las aguas expulsadas de la bocamina Arce.

 OH! habló con el alcalde de Vitichi, Silverio Donaire, quien atribuyó la descarga de aguas ácidas a esta cuenca a “actividades mineras que están operando de forma irresponsable y clandestina”. Kumurana y Andacaba están en Caiza D; en Vitichi no existe actividad minera, pero sus productores sufren los impactos de la contaminación.

“El potencial productivo de Vitichi es frutícola, estamos hablando del cultivo de vid, pera, durazno y variedad de fruta, también nuestros hermanos se dedican a la cría de ganado caprino y vacuno”. Y la economía de Caiza D está basada en la actividad agropecuaria. Los principales cultivos son papa, quinua, alfalfa, cebada y haba, aunque también se cría ganado menor.

Kumurana extrae estaño a través de procesos de flotación y concentración y Andacaba extraía concentrado de plomo, plata y zinc con ese mismo procedimiento. En 2009, la primera fue sancionada con el cierre por la Autoridad Ambiental Competente Departamental, aunque, tras pagar una multa, volvió a operar.

En 2012, los afectados retomaron las movilizaciones para pedir el cierre de ambas empresas, porque no contaban con licencia ambiental. La movilización consiguió que funcionarios de la Gobernación precintaran las bocaminas de Andacaba y Kumurana. Sin embargo, el envenenamiento de los ríos no cesó y, en 2013, los gobiernos locales de ambos municipios declararon zona de desastre ambiental a toda la cuenca, acción que debía ser refrendada por la Asamblea legislativa Departamental, lo que no sucedió. 

El último episodio de esta larga e infructuosa lucha por la vida estalló el 12 de abril de este año, cuando al menos dos centenares de comunarios bloquearon la carretera Potosí-Villazón. En la medida se denunció el cambio del color de las aguas pluviales, un fuerte color amarillo naranja debido a la descarga de desechos mineros. El Comité Cívico de Vitichi sindicó a las empresas de soltar sus desechos de los diques de colas.

El 13 de abril, los bloqueadores se replegaron a sus comunidades, luego de que el Gobernador se comprometiera a gestionar una reunión con los titulares de las carteras de Medio Ambiente y Agua y Minería y Metalurgia en busca de una solución a este conflicto. La cita fue programada para el 6 de mayo, pero los ministros no acudieron a ella.

En el encuentro, la Gobernación, alcaldes de Vitichi y Caiza D, representantes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y la Comibol, decidieron formar comisiones para identificar a aquellas empresas y cooperativas “que están operando de forma ilegal y clandestina” sin cumplir normas ambientales, informó Donaire.

El agua utilizada no solo es para riego, sino que es usada para consumo humano. Donaire explicó que solo en su municipio están afectadas más de 29 comunidades. “Estamos hablando de 3.500 familias que están siendo envenenadas por estas aguas ácidas”.

En algunas comunidades, la Alcaldía perforó pozos de 40 a 50 metros de profundidad para consumo humano. “Capaz que esa agua ya está contaminada, se están tomando las muestras para identificar la presencia de metales pesados”, otras captan el líquido de ojos de agua que no provienen de los ríos contaminados. 

Cuenca Tumusla

La cuenca Tumusla está localizada en las provincias Nor Chichas, Sud Chichas y Antonio Quijarro y abarca los municipios de Cotagaita y Tupiza, los más afectados, que solicitaron una audiencia al Gobernador para exponer el problema, y Uyuni, Tomave y Atocha.

Los centros mineros más importantes situados en este espacio son Chorolque, Chocaya, Tasna y Churquini, que echan sus aguas a los ríos tributarios o tienen a la intemperie toneladas de desmontes. Al igual que en la cuenca La Lava, la contaminación del suelo y los ríos no es reciente. 

Sin embargo, lo que amenaza con desencadenar otro conflicto ambiental es la instalación, en 2021, de una planta concentradora de cobre que pertenece a la Empresa Minera Metalúrgica Uzquiano (EMMUZ). La infraestructura está emplazada en la comunidad Huayrani (municipio de Tomave), a metros del río del mismo nombre, que es cabecera de la subcuenca Chaquimayu, que aguas abajo cambia de nombre y se llama Tumusla. 

“Lo que estamos viendo son los efectos de la contaminación que va a haber aguas abajo, en los valles chicheños; Tomave no se ve afectado de ninguna manera”, dijo el vicepresidente Comité de Medio Ambiente del municipio de Cotagaita, Virgilio Rocha. 

Las minas explotadas por la empresa están en Huayrani. Aunque la operación es legal, el comité denuncia que la empresa no cumple con la mitigación ambiental. Las aguas ácidas, que deberían pasar por una planta de tratamiento, fueron depositadas en tanques de plástico de 1.000 y 3.000 litros.  

La construcción de la planta fue consultada con 14 comunidades que están en la parte superior de la cuenca (Tomave). Sin embargo, no se hizo la consulta libre previa e informada a quienes se encuentran río abajo. Los más afectados son Jatun Ayllu Toropalca (Territorio Indígena Originario Campesino) y los distritos 5, 6 y 7 del Cotagaita.

“Los efectos de la contaminación ya se sienten en la producción. Antes de una planta de durazno cosechábamos cinco a seis cajas, ahora a veces da y a veces no da (frutos), está floreciendo y empieza a secarse”, señaló.

El Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que esta planta no cuenta con licencia a través del documento MMM/DGMACP/790-UMA-183/201NOS, lo que permitió a la Gobernación clausurar el ingenio, que volvió a operar tras el pago de una multa. Pero este no es el único hecho que causa inquietud. La empresa minera depositó en una quebrada, a un costado del río, sus colas (lodos) secas. “Esto con el pasar de los años va a ir escurriendo por efectos de las lluvias y la contaminación se va a ir río abajo”, indicó Rocha.

Por ello, el comité exige a las autoridades la reubicación del ingenio en la jurisdicción de Tomave. “Nosotros no decimos que no haya empresas, que no se trabaje, no nos oponemos al trabajo que puedan hacer las empresas, con lo que no estamos de acuerdo es que se implementen ingenios en la cabecera de los ríos (…). Al aceptar la instalación de este ingenio y el depósito de estos pasivos ambientales estaríamos aceptando renunciar a nuestra existencia o a vivir en este lugar”, dijo.

Rocha cuenta que, debido a los años de contaminación, solo los adultos mayores, los que “ya no pueden ni tienen fuerzas para hacer trabajos en las ciudades u otros países”, permanecen al cuidado de sus parcelas y sobreviven con lo poco que logran cosechar.