Eduardo Scott Moreno Hidrocarburos: 25 años de falta de políticas nacionales

El escritor Eduardo Scott Moreno, autor de La doncella del Barón Cementerio y de He de morir de cosas así, con las cuales ganó el Premio Nacional de Novela, es de profesión abogado y administrador de empresas, con cursos de posgrado en Dinamarca e Israel. También es un estudioso de la producción nacional de hidrocarburos y en esta entrevista con OH! pasa revista a temas esenciales en este campo. 

-Usted sostiene que durante los últimos 25 años ha faltado una visión nacional en el tema de los hidrocarburos.

-Desde siempre. Las políticas han sido cambiantes y hasta oportunistas. Desde principios del siglo XX, Almaraz, Zavaleta, Montenegro y Quiroga Santa Cruz se ocuparon sobre lo negativa que ha sido para Bolivia la falta de una visión de conjunto sobre el tema de los hidrocarburos, pero aún no existe una historia integrada de lo que ha sucedido en los últimos 25 años. Mi propósito es analizar esos años para tener una referencia, aunque sea muy somera, y cómo se puede enfrentar el futuro que es preocupante por el agotamiento de los campos de gas y por la exigua producción de hidrocarburos líquidos que ya no alcanza para el consumo nacional, al punto de que la importación de hidrocarburos líquidos ha igualado a la exportación de gas, y que hay dificultades para cumplir con los contratos internacionales de provisión de gas. 

Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) se promulgó un marco legal que modificó la Ley de Hidrocarburos. Las unidades de exploración, perforación y producción de YPFB fueron “capitalizadas” por la Petrolera Andina, por un lado, y, por otro, por la Petrolera Chaco. La unidad de transporte, que administraba la totalidad de los ductos, poliductos y oleoductos del país, fue capitalizada por Transredes, formada por las empresas Enron y Shell. Quedaron en manos de YPFB residual las unidades de refinación, distribución y comercialización. 

-¿Qué efectos tuvo esta política?

-Bolivia perdió la posibilidad de determinar el costo de los combustibles en su propio territorio. En un artículo que publiqué en Los Tiempos “Tapando el sol con un dedo”, en el año 2000, denuncié esta situación, pues los bolivianos, lejos de alegrarnos por la subida en los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional, teníamos que asustarnos, pues los precios estaban indexados y el aumento del costo de vida y la reducción del crecimiento económico se producían automáticamente. Todo con una carga tributaria mínima para las empresas, pues para hacer más atractiva la “capitalización” el gobierno de GSL rebajó los impuestos nacionales a los operadores internacionales en el país en más de 660%. La antigua composición tributaria era 38% gobierno central y 12% departamental, y quedó así: 6% gobierno central y 12% departamental. Esta rebaja se hizo con el pretexto de la creación del Surtax (Special Utilities Tax), impuesto del que Bolivia no se benefició ni con un solo dólar, nunca, a pesar de las loas que cantaban los consultores pagados por el gobierno, entre ellos unos señores Pacheco y Oporto, representantes de una ONG. La combinación de estas medidas probó, durante el año 2003, ser un suicidio político y económico para GSL, pues durante su segundo gobierno, no tuvo los recursos para hacer un gobierno viable en términos sociales y económicos.

-¿Cambió algo con Banzer?

-Luego vino el gobierno de Hugo Banzer que en 1998 dijo que “soñaba con refundar YPFB”, pero lejos de hacer eso privatizó las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder de Santa Cruz, bajo el argumento de que ambas refinerías eran obsoletas y daban pérdidas. Entonces, se formó un consorcio llamado Empresa Boliviana de Refinación (EBR), conformada por Petrobras de Brasil (70%) y Pérez Companc de Argentina (30%), que de boliviana no tenía nada. Esta medida liquidó el sistema de refinación y distribución de hidrocarburos en el país (downstream). 

Ese consorcio pagó un total de 102,5 millones de dólares por ambas refinerías, pero hay que mencionar que antes de la venta, el total de gasto de operación de ambas refinerías era de 605 millones de dólares; mientras el Ingreso Bruto Anual era de más de 722 millones de dólares. Dando una utilidad neta a YPFB de 117 millones. Fue un verdadero asalto contra el patrimonio boliviano. Como si fuera poco, se le dio un plus a la EBR llamado “margen de refinación” de 4 dólares por barril sobre el precio mundial vigente, bajo ese argumento de “obsolescencia” de las refinerías; así que Bolivia pagaba 4 dólares más por su propio petróleo sobre el precio internacional. 

Un regalo oneroso por el cual Bolivia, sumida en una pobreza fiscal absoluta, le regaló al consorcio Petrobras-Pérez Companc (EBR) unos 80 millones de dólares anuales, y eso durante cinco años: entre 320 a 400 millones de dólares de subvención (equivalentes a unos 660 millones actuales). Hasta que los acontecimientos de febrero del 2003, cuando GSL quiso aumentar el impuesto a los salarios, lo obligaron a cancelar esa dádiva. Después, el 2006, el gobierno del MAS nacionaliza las refinerías. Una medida necesaria desde el punto de vista estratégico para recuperar la soberanía en esta materia.

-Antes de eso se produce la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

-El segundo gobierno de GSL cae por dos razones: la repulsión social que generó la capitalización y sobre todo la falta de recursos económicos para enfrentar diferentes demandas sociales. Eso, lamentablemente, ha opacado la participación popular, una gran medida de carácter social de GSL; seguramente la más ponderable de su primer gobierno. Luego viene ese periodo de cambios en la presidencia, pero es con Hormando Vaca Diez que se revierte el tema de los impuestos y el fisco recupera ese 38% que antes tenía (que GSL rebajó al 6%), y esa reversión, junto con un aumento muy grande del precio de los hidrocarburos, trae la bonanza de los años 2006 al 2014, durante los cuales el país se benefició con una entrada de más de 37 mil millones de dólares. 

-¿Qué es lo que preocupa ahora?

-La falta de exploración en nuevos campos que hace que el monto de las exportaciones de gas sea igual a la importación de hidrocarburos líquidos. Eso es gravísimo. Otro aspecto es la falta de planificación en la inversión pública, que no ha sido realizada buscando la expansión económica, sino por motivos políticos, aunque han existido algunos esfuerzos, mayormente fallidos, por diversificar la economía. Debe comprenderse que el Estado tiene prioridades de inversión, no es en fábricas de papel o de azúcar donde se va a lograr una independencia económica, sino en el tema de hidrocarburos que es central a la historia de Bolivia.

-¿Qué debe hacerse?

-Hay que dotar a YPFB de capacidades jurídicas y económicas para ampliar la exploración, eso requiere cambios en la legislación actual; luego, hay que despolitizarla y hacerla técnica, es decir, que no puede continuar siendo una fuente de contrataciones que han inflado las planillas a límites excesivos; hay que desarrollar una infraestructura petroquímica, como la planta de urea. Pero mire lo que pasa con la planta de urea en el Chapare: gerentes extranjeros cuyos sueldos van de 25 mil a 70 mil dólares mensuales. Un robo enmascarado bajo la forma salarios. Esto también hicieron las capitalizadas con sueldos de 50 mil dólares y, cuando protestamos públicamente por esto en el año 2003 (pues mediante esos salarios se diluía la utilidad y se aportaba menos al Fondo Común de Capitalización), respondían los consabidos consultores, cantores de loas a los sueldos de pillaje, intentando desacreditar el reclamo ciudadano. Fíjese que esto de los pagos de sueldos de escándalo obedece a un sentimiento de verdadero complejo de inferioridad de ciertos personajes de este y de otros gobiernos, que no son capaces de utilizar las capacidades gerenciales de los profesionales bolivianos o los apartan por razones de ideología con un dispendio en desmedro de todos los bolivianos. Esto debiera corregirse inmediatamente.

-¿Qué más debiera hacerse?

-Incentivar la prospección y exploración de nuevos campos por parte de YPFB, sin descartar a las empresas privadas, a quienes se podría ofrecer un incentivo adicional al actual. El gobierno debe darse cuenta que debe hacer un YPFB en serio, con los mejores profesionales, y esto vale para la planta de urea, pues la empresa a cargo no es idónea, primero porque no hace transferencia de conocimiento (know-how) al país y segundo porque, bajo el pretexto de “salarios”, se pagan cifras escandalosas, llevándose los exiguos recursos actuales que genera la planta de urea. Por eso, hablo del “complejo de inferioridad” tanto de derechas como de izquierdas de pensar que los bolivianos no somos competentes para administrar una empresa tan importante.

Las exportaciones de hidrocarburos líquidos ya han igualado a las exportaciones de gas. Esto es gravísimo para un país como el nuestro, pues puede ocasionar una crisis económica sin precedentes, y esto no lo está viendo en su debida dimensión el gobierno. Es necesario, es urgente, que se adopten políticas en este sentido que puedan generar inversión y profesionalización de esta actividad; es necesario despojarse de prejuicios idiotas.