El caso de Arturo Murillo, activado en Estados Unidos por presunta legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero, determinó un mayor acercamiento entre los Gobiernos de Bolivia y estadounidense.
El Ejecutivo central y asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) manejan un solo discurso: el gabinete de ministros de la expresidenta Jeanine Áñez debe responder por su responsabilidad en la suscripción de los decretos supremos que permitieron la compra con “sobreprecio” de gases lacrimógenos.