Asentamientos, incendios y la falta de control “reinan” en el Tunari

El abandono y las constantes acciones depredadoras en el Parque Nacional Tunari (PNT) han generado debilidad en los suelos, según el exdirector del parque, Carlos Espinoza. De este modo es que se ha convertido en un riesgo para la población que se encuentra asentada en terrenos ilegales.

Durante las últimas gestiones se informó sobre incendios, loteamientos y degradación del suelo. Sin embargo, autoridades y algunos pobladores no prestaron atención de las posibles consecuencias y se convirtió en una tragedia.

En diciembre de 2016, dos niños y una mujer adulta perdieron la vida en Tiquipaya, luego del desborde de la quebrada Gredamayu, pues en el cauce se construyeron viviendas, lo que generó que el agua buscara otro cauce.

Hace poco más de una semana, una mazamorra que descendió desde Linku Pata, por el río Taquiña, sepultó 50 viviendas, cobró la vida de cinco personas y afectó a más de 2.000.

Sin embargo, estos eventos ocurren debido a diversos factores, que expertos identifican como: incendios, forestaciones mal hechas, asentamientos humanos, deforestaciones, entre otras.

Desde 2015 hasta 2017, cada año se quema un promedio 700 hectáreas del Parque. Usualmente ocurren en las mismas zonas que son parte de la ladera sur del Tunari. Esto genera la erosión del suelo.

“Es un riesgo cuando se queman árboles, pero también los pajonales. Todo lo que tenga raíz permite la estabilidad del suelo y evita su erosión. Caso contrario, luego, cuando vienen las granizadas y lluvias torrenciales, se desliza”, señaló el representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), Gonzalo Maldonado.

Por su parte, Espinoza señaló que los mismos sectores del Parque se queman constantemente. Esto genera que el suelo se debilite y tenga más facilidades para deslizarse.

Otro de los problemas que afronta el Tunari y es de alto riesgo son los loteamientos. Tiquipaya es el municipio con más problemas por este motivo y cuya población corre mayor riesgo de enfrentarse a desastres naturales.

Sobre la cota 2.750 se encuentra una parte de Villa Satélite, además de las comunidades Las Retamas, Villa Belén, Pucun Pucun y Linku Pata. Estas últimas cuatro se encuentran a la espera del saneamiento de tierras de parte del INRA para determinar el derecho propietario.

No obstante, varias familias ya hicieron sus viviendas e incluso cuentan con luz eléctrica. En una inspección realizada con el asambleísta, Freddy Gonzáles, se pudo constatar el avance de nuevas construcciones, además de la delimitación de terrenos ilegales.

Vecinos de barrios aledaños denunciaron con videos la presencia de maquinaria de construcción en horas de la noche, pues durante el día no se observa presencia de nadie en los predios.

Por otro lado, un grupo de mineros potosinos también intentó asentarse con carpas en Villa Belén, afirmando que los terrenos son de sus padres. Al menos 50 familias intentaron evitar que otros se asienten en el lugar; sin embargo, se encontraban en el paso de una quebrada.

Pese a las advertencias de las autoridades y los intentos de desalojo, se quedaron hasta que llegó la mazamorra que bajó del río Taquiña y se llevó todo a su paso.

Espinoza afirmó que ahora es preciso que se mejore la presencia institucional en el Parque. Agregó que es necesario que se asignen recursos para la prevención y monitoreo de cuencas y de la biodiversidad con la que cuenta el Tunari.

Además, se debe incrementar el personal técnico y control que permita devolver al Parque Nacional Tunari lo que era hace 10 años.

TIQUIPAYA TIENE LA ZONA MÁS CONFLICTIVA

Las Retamas, Villa Belén, Pucun Pucun y Linku Pata son las cuatro comunidades donde se tienen más conflictos por tierras en zonas ilegales sobre la cota 2.750. A ello se suma que descendiendo a pocos metros de la cota también se encuentran viviendas dentro de torrenteras o que no respetaron la franja de seguridad de las cuencas, lo que también significa un riesgo.

Estas comunidades presentan varios problemas, pues compran terrenos a loteadores que venden a varias personas el mismo espacio. Pero además no pueden construir en estos sectores, pues dentro del Parque sólo está permitida la explotación agrícola.

EXPLOTACIÓN FORZADA DEL SUELO ES RIESGOSA

Otro de los aspectos que debilita los suelos es el uso inadecuado que se les da a algunos terrenos. Según el exdirector del parque, Carlos Espinoza, hay gente que intenta realizar producción agrícola en terrenos que no tienen esta vocación, pero con la finalidad de obtener el saneamiento que les dé el derecho propietario del terreno.

“Lo hacen para poder demostrar que la tierra es suya y luego fraccionarla y sanearla con el INRA (Instituto de Reforma Agraria). Una vez que lo hacen, la venden a la gente de escasos recursos que cree que pueden construir viviendas cuando no es así”, afirmó Espinoza.

LOS TIEMPOS INSISTIÓ SOBRE LOS PROBLEMAS

Incendios, loteamientos y biodiversidad del Parque Nacional Tunari fueron algunos de los temas más recurrentes de los que se habló en 2017 en la sección Metropolitana del diario Los Tiempos. Se lamentó la cantidad de hectáreas que constantemente se quemaban, así como se visitaron los sectores de Tiquipaya donde existen las principales denuncias de loteamientos.

Pese a todos los problemas denunciados —como la falta de personal de control, la carencia en equipos de monitoreo y reacción, el Plan de Manejo que aún no se aplica y el constante abandono que sufre el Tunari—, las autoridades reaccionaron para atender emergencias, pero sin acciones preventivas. Y cuando se intentó forestar, en una de las oportunidades, hubo bloqueos que lo impidieron.

OPINIÓN

Freddy Gonzales. Asambleísta

Se necesita presencia institucional ean el Tunari

Hemos mandado una nota al gobernador Iván Canelas para que el tema del Tunari se trate en el Consejo Metropolitano. No sólo hablar del manejo de incendios, sino del manejo de Cuencas de forma integral de todo el parque.

Hay una serie de situaciones que el Gobernador debería agendar en la siguiente reunión del Consejo Metropolitano y generar una política institucional que lleve a un liderazgo. Incluso para manejar emergencias no se veía una cabeza que lidere los trabajos.

Por eso, hemos propuesto que se firme un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Gobernación, el Sernap y los municipios con cabeza en Canelas, que es la primera autoridad medioambiental del departamento.