Leyes asume con serenidad fallo de detención domiciliaria y arraigo
El juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes en el caso de la compra irregular de mochilas escolares. La autoridad recibió la noticia con absoluta seriedad y silencio; sus partidarios festejaron.
Se señaló que Leyes está imputado por cinco delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles a la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Se encontró indicios de que cometió estos hechos, pero no los elementos suficientes para la detención preventiva.
Por este motivo, el juez determinó medidas sustitutivas, es decir, detención domiciliaria, no puede acercarse a la Alcaldía ni tener contacto con funcionarios, arraigo y una fianza de 200.000 bolivianos.
La audiencia de medidas cautelares, llevada a cabo en un ambiente de mucha tensión, duró siete horas y diez minutos en el último piso de la EPI. En la pequeña sala ingresó la parte acusadora: representantes del Ministerio Público, del Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría.
Como parte acusada estuvieron: Leyes, su asesor legal Sergio Coca, dos abogados y una asistente. Asimismo, fue acompañado por los diputados Bernard Gutiérrez y Tomás Monasterios, el secretario general, Ricardo Pol y el senador Óscar Ortiz.
En las tres primeras horas, los representantes del Estado expusieron sus alegatos. El fiscal superior del caso, José Manuel Gutiérrez, enfatizó en la participación del Alcalde y su conocimiento de todo el proceso de contratación de las mochilas, que se compraron antes de que se publique la licitación.
Asimismo, se objetó que el Responsable de Proceso de Contratación (RPC) cambiara de Diego Moreno a Carolina Ayala. Se argumentó que Leyes se constituye en un riesgo por su capacidad de convocatoria a movilizaciones con violencia, como la ocurrida el viernes durante su detención. Además, de su posibilidad de incidir sobre documentos y el personal.
Rompe contrato
En dos momentos de la audiencia, el Alcalde asumió su defensa y se centró en que se resolvió el contrato con la Asociación Accidental 26 de Febrero, que realizaba la provisión de las mochilas escolares y que también es investigada.
“Lo que no dice el Ministerio Público es que se cambió al RPC, porque Moreno renunció. Además, el contrato se resolvió el 13 de abril y se tiene un documento firmado con el consentimiento de la empresa”, manifestó Leyes.
Siguió: “Yo no hice el Documento Base de Contratación, tampoco fui RPC, o de la Comisión Calificadora, ni siquiera se ha pagado, pero me han detenido. Dicen que el problema es el contrato, pero ya no hay contrato”.
Gutiérrez indicó que esta es otra muestra de que Leyes puede manipular las pruebas a su favor.
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Dos veces se defendió
El alcalde José María Leyes usó sus conocimientos de abogado para asumir su defensa en dos ocasiones.
