Gente exige la misma celeridad en procesos a oficialistas y opositores
Durante los últimos años, en Cochabamba se han develado dos casos de gran trascendencia, que hoy están siendo investigados por presuntas irregularidades: el puente colapsado y las mochilas escolares. Sin embargo, el sistema de justicia no actúa con la misma celeridad en ambos hechos.
En el caso del puente, casi un mes después del colapso, recién se presentó la denuncia y el Ministerio Público comenzó a investigar. Aún así tuvieron que pasar cinco meses para el inicio de recolección de muestras del puente.
Una vez finalizado el plazo de la fase preliminar de la investigación, se imputó al exalcalde Edwin Castellanos, tres exfuncionarios y la empresa constructora.
La audiencia de anticipo de prueba se suspendió ocho veces. Se hicieron otras dos imputaciones, cada una alargó seis meses el proceso.
Finalmente, cuando vencía el plazo para la acusación el 6 de abril, tres fiscales acusaron, pero al minuto de dejar el pedido, otros fiscales ampliaron imputación contra Castellanos. A esto se suma que aparecieron audios donde el fiscal departamental, Óscar Vera, intenta persuadir a los fiscales del caso que amplíen plazos hasta extinguir la investigación.
Caso mochila
Sin embargo, la situación es completamente diferente en la presunta compra irregular de 91.385 mochilas escolares. La concejal Rocío Molina (MAS) hizo la denuncia pública el 2 de abril pasado. Señaló que la Asociación Accidental 26 de Febrero compró el material en agosto de 2017 y las mochilas a inicios de noviembre, pero la licitación recién se publicó el 27 de noviembre.
Al día siguiente, Molina denunció ante el Ministerio Público. Luego, recurrió al Viceministerio de Transparencia y, finalmente, el ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció condenando las irregularidades.
Una semana después, el jueves 12 de abril, se allanaron oficinas de Desarrollo Humano y la oficina de la empresa. Finalmente, el 20 de abril, el alcalde José María Leyes fue detenido. En la audiencia de medidas cautelares, el sábado, recibió detención domiciliaria y medidas que lo dejan al límite de la función pública.
Esto llevó a que varias personas se pronuncien. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo que espera que las investigaciones determinen si el alcalde José María Leyes es o no responsable. “Pero pido que la justicia mida con la misma vara a otros alcaldes que también están investigados y que pertenecen al MAS, pero que sus procesos avanzan lento”, exhortó.
Asimismo, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, manifestó que se encargarán del proceso por el colapso del puente en la avenida Independencia y exigirán que se inicie el juicio por un daño económico de 11 millones de bolivianos.
“Nosotros no vamos a encubrir a nadie. En el caso del exalcalde Castellanos, como corresponde, vamos a pedir que de una vez se ingrese a juicio y en los plazos que determina la ley se esclarezca”, anunció Jiménez.
Explicó que el caso de las mochilas y el puente colapsado son diferentes. “Vemos que los corruptos cuidan las formas, intentan hacerlo de una manera de cubrir sus pasos y vamos descubriendo”, explicó Jiménez.
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SEPA MÁS
Cochabamba, en crisis municipal
El resultado de todos estos problemas, principalmente del caso mochilas escolares, es una crisis municipal que deja a Cochabamba ingobernable.
El alcalde José María Leyes tiene detención domiciliaria, prohibición de hablar con funcionarios o acudir a la Alcaldía. Por lo tanto, carece de gobernabilidad. Un hecho que pretenden desconocer los funcionarios, pues aseguran que no hay problema.
Sin embargo, existen denuncias de que no se estaría dando orden de proceder a algunos contratos y se habría detenido la ejecución de obras en casos como el Centro Acuático.
21 denuncias penales tiene
José María Leyes, de las cuales 14 ya fueron desestimadas, pero siete siguen su curso con bastante celeridad.
Exigen medir con la misma vara todos los casos de presunta corrupción
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En Cochabamba también se han registrado otros casos de presunta corrupción, pero que no generaron tanto revuelo. Uno de ellos fue el desfalco en Independencia.
Los mismos pobladores denunciaron esta situación a través del Control Social ante la Fiscalía y, antes, a organizaciones municipales. Sin embargo, el Alcalde se rehusaba a salir del Gobierno municipal. Ante esta situación, cerraron las oficinas y exigieron la elección de un nuevo alcalde, desde el Concejo Municipal.
“Lo que resulta incomprensible (…) es el contraste entre la velocidad insólita con que en este caso está funcionando la administración de justicia y la increíble lentitud con que funcionan otro montón de casos de corrupción”, manifestó el exprefecto Rafael Puente en una columna de opinión.
Agregó: “De la misma manera podemos preguntarnos por qué otros muchos hechos de corrupción siguen sin tratamiento judicial. Ahí está el tristemente célebre alcalde de Achacachi y el exalcalde de Independencia y el de Chulumani, y otros muchos escándalos que siguen sin aclararse”.
De igual modo, se ven casos como la quema de la alcaldía de El Alto, el caso de Gabriela Zapata y su vínculo con CAMCE y del Fondo Indígena, que hasta la fecha no tienen una respuesta clara ni se conoce lo que podría haber ocurrido.
La población cuestiona constantemente la celeridad debido a que se trata de recursos públicos que no pueden quedar en nada.
