Asociación de Magistrados llama a la “cordura” al Ministerio Público
La Asociación Departamental de Magistrados de Cochabamba emitió un pronunciamiento en respaldo a la juez anticorrupción Sara Céspedes ante la denuncia planteada por el Ministerio Público por presunto prevaricato al haber unido de oficio los casos Mochilas I y II con dos resoluciones contradictorias.
La presidenta de la Asociación de Magistrados, Martha Saavedra, señaló que están sorprendidos porque en 24 horas se denunció, citó y llamó a declarar a la juez.
“Estas denuncias en cierto modo significan un amedrentamiento y afectación a la independencia de los jueces. No queremos pensar que esto pueda estar direccionado por algún interés”, declaró.
Explicó que la decisión asumida por una autoridad jurisdiccional puede ser impugnada tal como se encuentra previsto en la Constitución Política del Estado. “La determinación de un juez no es definitiva, como personas y seres humanos podemos cometer errores, y ésta puede ser modificada en instancias superiores”, dijo.
Anunció que harán un seguimiento a este caso, ya que esta medida en el futuro podría afectar a otros jueces.
La presidenta llamó a la “cordura” a los entes que hacen las denuncias, sobre todo al Ministerio Público como instancia que regula normas.
“Jamás vamos a amparar comportamientos que estén fuera del marco de la transparencia, la jueza anticorrupción de manera personal debe ver qué mecanismos activará para resguardar sus derechos”, manifestó.
Renuncia
Por otro lado, ayer se confirmó que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmy Siles, renunció irrevocablemente al cargo y también a la vocalía. La autoridad sólo arguyó motivos personales para apartarse de sus funciones a pesar de que postulaba a ser reelecto como vocal.
Ante esta renuncia, el decano más antiguo, Óscar Freyre, asumió temporalmente la presidencia. Se prevé que en los siguientes días la Sala Plena elija a la nueva autoridad.
Quillacollo
Sobre el caso del juez Elvis Isaac López de Quillacollo, la presidenta de la Asociación de la Magistrados informó que esperan los resultados de la investigación sobre el audio presentado por el alcalde suspendido Eduardo Mérida.
“Entiendo que este caso está siendo investigado para conocer sobre la veracidad del audio”, expresó.
Saavedra dijo que una vez culminada la investigación los involucrados deben asumir sus responsabilidades. Si se confirma que el audio presentado es real, el juez debe atenerse a los procesos, pero de tratarse de un audio “trucado” el Alcalde suspendido también podría afrontar las consecuencias.
“A nosotros no nos compete investigar este caso, existen instancias, pero el primer interesado para que esta situación se esclarezca lo antes posible es el juez señalado”, dijo.
PRIMERA CAUTELAR Y OTROS PROCESOS
La jueza anticorrupción Sara Céspedes lleva el control jurisdiccional de los casos Mochilas I y II, aunque en primera instancia las medidas cautelares fueron fijadas por el juez de la EPI-Norte, Fernando Pérez.
Céspedes ha conocido desde que asumió el juzgado, en 2014, varios procesos de connotación social. Entre ellos contra el representante del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, Martín Rovira, y otros por la estafa de 23,5 millones de dólares. Entonces, fue observada por el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, pero continuó con el caso.
Luego, tramitó el proceso contra Edwin Castellanos (MAS) por el puente caído, en 2015.
