Juez niega que niño haya estado frente al agresor de su madre
Pese a que el niño de cinco años presentara una crisis nerviosa después de estar al frente al agresor sexual de su madre, aquel jueves 14 de junio, en una audiencia que se desarrolló por la mañana en el penal de San Pablo de Quillacollo; el juez que permitió esta revictimización negó haber llevado dicha audiencia con la presencia del menor y aseguró que si compareció después del acto procesal, “ya escapaba” de su responsabilidad.
Sin embargo, este medio tuvo acceso a un video en el que se observa al juez Richard Cruz Vargas, al acusado de violación Pedro Moscoso Méndez (21), a Carla (40) —la madre— y al niño, todos sentados en una mesa dentro el penal.
Se trataba la audiencia de salida alternativa de las jornadas judiciales para descongestionamiento que había fijado el Ministerio Público para el acusado. En este caso, la mujer y su hijo reciben constantes amenazas de muerte del agresor y su familia, a esto se suma que uno de los hermanos del acusado es policía con el grado de sargento.
“El informe de Asesoría Legal es que el juez en ningún momento ha instalado audiencia con la presencia del niño. Además, estaban presentes la Defensoría (de la Niñez) y otras instituciones que han acompañado, y si posiblemente haya comparecido al finalizar la audiencia, ya escapa a la responsabilidad del juez”, indicó la representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño.
Montaño cuestionó la labor de la Defensoría de la Niñez porque también permitió esta situación y no la denunció; sin embargo, desde esta institución señalaron que el niño no quería separarse de su madre porque en varios oportunidades fue agredida.
ANTECEDENTES
Carla fue violada en mayo de 2017 en la OTB Kenedy II, del municipio de Vinto, por su vecino Pedro Moscoso a las 19:00. El sujeto la interceptó y la arrastró a un lote baldío mientras el niño escapó en busca de ayuda.
El hombre la golpeó con una piedra hasta desmayarla. Mientras ella estaba inconsciente, la violó y, tras consumar su delito, quiso matarla; pero en ese momento su hijo llegó con un carro patrullero de la Policía.
Tras ese día, ella y su hijo están amenazados de muerte. El hermano de su agresor es policía, con grado de sargento, y mueve influencias para ayudarlo.
PUNTO DE VISTA
Rodrigo Gazauhi Espinoza. Especialista en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia
Indefensión de la niñez en Cochabamba
“Es momento de que la sociedad civil comience a fiscalizar para proteger los derechos de la niñez y, de una vez, tengamos un rol activo no sólo en la denuncia”
En Bolivia existe la obligación legal y ética de proteger a la niñez y adolescencia, cuyo resguardo está encomendado a diferentes instituciones públicas y privadas. Que quede claro que en dicha obligación todos nosotros tenemos una tarea específica. Sin embargo, vemos instituciones públicas con recursos económicos insuficientes, recursos humanos poco capacitados, infraestructura precaria y equipamiento escaso. Por su parte, vemos instituciones de activistas de la sociedad civil sin un norte claro; algunas ONG haciendo asistencialismo, agencias de cooperación internacional con incapacidad de atención a todas las necesidades y, lo peor de todo, vemos a gran cantidad de familias desestructuradas y con ausencia de valores.
Hasta el año 2013, en Cochabamba, 43 de los 47 municipios tenían instalada la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en el municipio de Cercado se tienen instaladas hasta siete Defensorías en todas las comunas. A pesar de ello, somos testigos casi mudos de una indefensión de la niñez, pues en Cochabamba el 95 por ciento de los casos de violencia contra la niñez se dan en la familia, vale decir que, como sociedad, no somos capaces de defender a la niñez ni siquiera de su propia familia.
Según datos del Defensor del Pueblo y el Ministerio de Economía, las brechas de financiamiento entre las necesidades que se deben atender para precautelar los derechos de la niñez y los presupuestos asignados son alarmantes. A nivel departamental, el Sedeges apenas tiene un 2 por ciento de asignación presupuestaria, que resulta insuficiente, y en el caso de las Defensorías, la realidad es similar, ya que, en promedio, las Defensorías reciben un poco más del 0,5 por ciento del presupuesto asignado a sus alcaldías.
En Cochabamba, tenemos capacidades estatales instaladas, muchas de ellas con varios problemas, pero es momento de que la sociedad civil comience a fiscalizarlas para proteger los derechos de la niñez y, de una vez, tengamos un rol activo no sólo en la denuncia, sino en el control y asignación de recursos que garanticen el interés superior de la niñez y adolescencia en nuestro departamento.
