Se agrava situación legal de Mérida y éste descarta renunciar
Una nueva solicitud de detención preventiva complica la situación legal del alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida. Sin embargo, éste rechazó cualquier posibilidad de renunciar al cargo para que se pueda realizar una nueva elección.
El Alcalde, detenido desde hace tres semanas en Arani, se presentó en la Fiscalía para ampliar su declaración en busca de una absolución por la presunta comisión del delito de incumplimiento de resoluciones.
“En este caso no hay corrupción. El juez Elvis Isaac López ordenó que la propietaria de una construcción clandestina pague las multas de impuestos de acuerdo a la Ordenanza 33/2000. He cumplido con la sentencia, la señora canceló”, explicó.
Mérida calificó de política la actuación de la parte acusadora y de la fiscal porque él delegó el cumplimiento del fallo a su secretario de Planificación y a sus directores de Urbanismo y Catastro.
Asimismo, afirmó que no renunciará a su cargo con el propósito de que en Quillacollo se desarrolle una nueva elección para alcalde.
El abogado de la denunciante y exasesor de un diputado del MAS, Max Ureña, explicó que la querella contra Mérida es porque no cumplió con el dictamen en 15 días como establece la ley.
“Mi cliente inició en 2015 el trámite de regularización de propiedad. Hemos interpuesto una acción de cumplimiento después de más de un año de espera. La sentencia estaba clara porque indicaba que el municipio debería cobrar inmediatamente los impuestos y proceder a hacer el trámite administrativo”, sostuvo.
Ureña agregó que iniciaron la denuncia contra el burgomaestre porque los exfuncionarios del Alcalde suspendido interpusieron una denuncia penal contra su defendida. El jurista indicó que pedirán la detención en la audiencia del próximo miércoles.
“He cumplido con la sentencia, la señora canceló lo que le corresponde”, dijo Mérida.
MÉRIDA CRITICA LA IMPUTACIÓN
El alcalde suspendido Eduardo Mérida aseguró que el proceso por no cobrar impuestos a una ciudadana tiene varias observaciones legales.
“Extrañamente no imputaron a los que eran mis directores de Urbanismo y Catastro. Utilizan un documento del director del área de Jayta para imputarme”, puntualizó.
El abogado de la parte acusadora, Max Ureña, acotó que pedirán que la fiscal reconsidere ampliar las imputaciones.
CUESTIONAN GESTIÓN PARA COMPRAR PLANTA DE ASFALTO
REDACCIÓN CENTRAL
La compra de una planta móvil de asfalto desata varias interrogantes en Quillacollo. “Personalmente considero que el proyecto es improvisado y no existe garantía de que vaya a funcionar. Contempla sólo la compra de equipos sin considerar el tema de la producción de materia prima”, indicó el concejal René Fernández (Demócrata).
La adquisición se aprobó por mayoría ayer en el pleno del órgano deliberante con una inversión de 12 millones de bolivianos.
“No tenemos aún propuestas de empresas, vamos a lanzar a licitación seguro ahí se presentarán varias, posteriormente una comisión calificadora decidirá”, dijo el alcalde suplente Zacarías Jayta.
Sin embargo, el presidente de Control Social, Richard Fernández, señaló que la anterior semana visitaron las instalaciones de la empresa Promisa en Santa Cruz para ver el tipo de maquinaria que se comprará.
“Fuimos representantes de siete distritos y tres secretarios”, sostuvo.
