Confunden a 15 funcionarios con loteadores y los retienen
Una delegación de 15 funcionarios municipales enviada a Cotapachi, al sudeste de Quillacollo, por el Viceministerio de Interculturalidad, presuntamente para hacer una limpieza de unas ruinas recién descubiertas, fue confundida con loteadores y retenida durante más de cinco horas por más de 80 pobladores del Sindicato Agrario Cotapachi.
El dirigente de la comunidad, Bernardo Almaraz, indicó que los vecinos se molestaron porque ninguna autoridad pidió permiso ni coordinó la actividad para ingresar al lugar, considerado tierra comunitaria.
Explicó que los pobladores tienen susceptibilidad, debido a que el año pasado interceptaron a 30 funcionarios en compañía de loteadores, durante la gestión del alcalde Eduardo Mérida. “Queremos saber por qué no coordinaron la actividad y quién ordenó las labores”, manifestó Almaraz.
La responsable de Turismo de la Alcaldía de Quillacollo, Mabel Quiñonez, explicó que personal ingresó por una solicitud del viceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte. La mencionada autoridad fue señalada en junio de 2018 por el alcalde Eduardo Mérida de presionar al juez Isaac López para alejarlo de su cargo y desestabilizar su gestión. Entonces, Vegamonte negó la denuncia.
El pasado 9 de junio, el Concejo posesionó a Zacarías Jayta como alcalde suplente, amparado en una resolución del juez López. La determinación agravó la crisis municipal de Quillacollo.
“Hemos programado esta tarea en base a una solicitud que data del 22 de agosto de 2018 que nos instruye a realizar la búsqueda y localización del yacimiento arqueológico de K’aralaus Pampa, que está cerca a las qollqas”, sostuvo.
Un grupo de 15 policías acudió a auxiliar a los funcionarios, que desde la mañana y hasta finalizar la tarde estuvieron retenidos en la sede sindical de Cotapachi. Los trabajadores fueron liberados con el compromiso de que el alcalde suplente Antonio Montaño y su gabinete se presente en el lugar para atender un pliego petitorio de nueve puntos.
El primer punto fue la aclaración del lío que se generó por falta de consenso en actividades entre los lugareños y los funcionarios; el segundo, explicación del botadero.
“El 29 de noviembre hemos visto que han inspeccionado tierras en las alturas, supuestamente es para trasladar el botadero”, agregó.
Tercero, exigieron la certificación presupuestaria de un millón de bolivianos que se asignó en el POA al Ejecutivo para la ejecución de un proyecto de asfaltado.
Delimitación de la laguna de Cotapachi, perforación de un pozo de agua potable y la renuncia del subalcalde del distrito 6, Jhonny García, fueron otras de las demandas.
El alcalde Montaño llegó a la zona para mediar en el conflicto y tranquilizar a los pobladores. Varios vecinos también cuestionaron que no se hubiera concluido con la construcción del matadero en cuatro años.
El secretario de Planificación, Wilber Oporto, detalló que se requiere al menos 15 millones de bolivianos para la compra de equipamiento y la ejecución de obra fina.
SUMAN CUATRO RETENCIONES
El dirigente de la comunidad de Cotapachi, Bernardo Almaraz, dijo que en cuatro oportunidades retuvieron a personas acusadas de loteamiento y puntualizó que reportaron los avasallamientos a la Policía, pero sin éxito.
“Cuando llamamos a la Policía no viene, por eso hemos decido actuar por nuestra cuenta”, concluyó el dirigente.
