Ascensos: advierten quiebre de la institucionalidad en la Policía
Dignidad, disciplina e institucionalidad son los principales pilares sobre los que el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que trabajaría junto a la institución policial, los mismos pilares fueron adoptados por el actual comandante general interino de la Policía, Jhonny Aguilera.
Sin embargo, el retraso de cuatro meses en los asensos a generales estaría quebrando la institucionalidad policial.
Regularmente, aprobados los ascensos, a inicios de enero se da el cambio de Comando General y a partir de éste se efectúan las designaciones en los mandos nacionales y departamentales. Pero este año, a la fecha, se desconoce cuándo se aprobarán las listas.
Este retraso afecta al menos al 60 por ciento de los oficiales de las promociones 89 y 90; entre ellos, postulantes a generales de ambas promociones. “Este retraso sirve para que las autoridades de gobierno identifiquen plenamente quiénes son leales al proceso de cambio y quiénes no, en base a ello recién se tendrán las listas reales de asensos”, manifestó un funcionario policial.
Legisladores nacionales, el mes pasado, responsabilizaron al Ministro de Gobierno por el incumplimiento del envío de las listas de ascensos de la Policía Boliviana en los plazos establecidos. Indicaron que aguardaban que el Ejecutivo derive al Senado la lista de ascensos para poder tratar este tema.
Manoseo político
Los Tiempos consultó con varios oficiales de la Policía, quienes coincidieron en afirmar que actualmente dentro de la institución existe, más que antes, un manoseo político, hecho que conllevó a la pérdida de institucionalidad.
“Actualmente, hay oficiales en cargos que no les corresponde según sus puntajes y la promoción. El cuoteo político predomina más que antes”, aseguró otro oficial consultado.
Por otro lado, algunos oficiales ven que al menos dos promociones, compuestas por alrededor de 120 oficiales, están afectadas por este retraso de cuatro meses en la aprobación de los asensos a generales por la Asamblea Legislativa. Desde enero de 2021, la promoción 89 aguarda este proceso para conocer quiénes podrán postularse a cargos de generales y quiénes pasarán al servicio pasivo.
Esto también repercute en los comandos departamentales, direcciones departamentales y nacionales. A la fecha, sólo se realizó el cambio y posesión de dos comandantes, en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
Los dos ahora excomandantes fueron removidos de sus cargos, según el Comando General, en aplicación de la normativa y para dar paso a los oficiales que merecían ascender; sin embargo, existe la susceptibilidad de que estos cambios, sobre todo en Cochabamba, se debe a los procesos disciplinarios y penales que se siguen contra 16 funcionarios policiales por el “motín” de 2019.
Respecto a este tema, Del Castillo dijo que los ascensos aún están siendo debatidos en los órganos legislativo y ejecutivo.
“Venimos de un golpe de Estado, y debemos investigar a todos los policías para que los mejores puedan contar con estos cargos”, aseguró.
Contrariamente a esta declaración, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, señaló que el tema está siendo analizado netamente en el comando general y que esta cartera no tiene ninguna intromisión en estas decisiones.
“Lo que nosotros estamos esperando son sólo formalidades, porque ya se tienen las listas y cargos designados. Si antes no se respetaba la antigüedad y la puntuación; ahora esta situación es aún más evidente”, refirió otro oficial.
Observan interinato de Aguilera
Por norma, un cargo de interinato es por 90 días; este período habría cesado hace mucho en el caso del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, por lo que actualmente estaría ejerciendo ese cargo de manera irregular, observaron algunos policías.
“Esto perjudica a muchos camaradas, sobre todo a la promoción 89”, dijo un oficial.
Aguilera fue posesionado en noviembre de 2020 como comandante interino de la Policía.
Condecoraciones y certificados “fraguados”
Durante el gobierno transitorio, se puso en evidencia un tráfico de certificados, condecoraciones y medallas mediante los que algunos postulantes a cargos del alto mando policial recurrieron para tener la puntuación necesaria.
El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo aseguró que se realizaría una auditoría para establecer la legalidad en la obtención de estos documentos y condecoraciones, pero esta auditoría no fue realizada, y al menos cuatro promociones (89, 90, 91 y 92) fueron beneficiados con esto.
El nuevo reglamento limita la cantidad de condecoraciones y certificados a 10 por oficial; sin embargo, este reglamento recién se pondrá en vigencia a partir de 2022.
“Donde debe primar la capacidad y preparación académica, prima el apoyo político y los favoritismos”, expresó otro policía consultado.
“El caso expuesto por el anterior Gobierno sólo fue una cortina de humo para que Montero (excomandante general) y el exministro Murillo manoseen la institución como quisieron y se vayan como si nada”, señaló otro oficial.
