Alcaldes exigen definir Pacto Fiscal hasta el 2017
La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que congrega a las nueve capitales de departamento más El Alto, determinó ayer fijar plazos para la definición de un nuevo Pacto Fiscal en el Consejo de Autonomías, además de proponer la creación de fondos, entre algunas medidas inmediatas, para hacer frente a la drástica reducción presupuestaria que enfrentarán este año y el siguiente.
Los alcaldes y presidentes de los concejos de estos municipios, reunidos en Cochabamba con carácter de urgencia, coincidieron en que la situación económica que enfrentarán los municipios, de acuerdo a los techos presupuestarios para 2017 que el Gobierno les dio a conocer el viernes, es “crítica”; los recortes superan el 50 por ciento.
“(Proponemos) que las etapas dos y tres de la propuesta metodológica del Consejo Nacional de Autonomías concluyan en la gestión 2016, para trabajar y concluir las (dos últimas) en 2017”, dice una de las resoluciones de la reunión.
La reunión de ayer fue convocada a pedido de los alcaldes Luis Revilla (La Paz), Soledad Chapetón (El Alto) y José María Leyes (Cochabamba) ante la preocupación y urgencia de buscar alternativas para cubrir el déficit de recursos económicos que deberán enfrentar los municipios por efecto de los recortes que el Ejecutivo nacional ha dispuesto ante la baja en los ingresos fiscales.
Los ocho alcaldes presentes en la reunión -no llegaron los de Santa Cruz y Tarija- expresaron ayer que los techos presupuestarios para 2017, que recibieron el viernes, les cayeron “como agua fría”. El alcalde de Oruro, Édgar Bazán, señaló que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben los municipios en los últimos tres años han sufrido un recorte de más del 76 por ciento, y los de coparticipación tributaria entre 38 y 48 por ciento.
El alcalde de Trinidad, Mario Suárez, señaló que en el caso de ese municipio, en 2014 contó con un ingreso de 378 millones de bolivianos y ahora éste será de sólo 170 millones de bolivianos, es decir, 200 millones de bolivianos menos. “Cada año los recursos se han ido recortando y contradictoriamente, se van aumentando las competencias, es otro tema que se debe tratar de inmediato”, resaltó Suárez.
En ese mismo marco, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que el próximo año al menos 12 alcaldías de este departamento ante la falta de recursos serán inviables, no podrán funcionar.
Ante este panorama crítico que expusieron las autoridades de cada uno los municipios, todos plantearon la urgencia de definir un pacto fiscal lo antes posible, no prolongar este debate por años y sin resultados, y que pacto fiscal no debe entenderse como la simple redistribución de los recursos fiscales. “Nadie quiere quitarle al otro sus recursos, lo que se plantea es generar mecanismos y fuentes alternativas para que los municipios puedan generar nuevos y más ingresos”, por eso en lugar de hablar de pacto fiscal se está planteando autonomía fiscal, enfatizó Leyes.
Planteó la creación de fondos compensatorios para paliar el déficit que generará el recorte del IDH y atender las demandas de salud, educación y seguridad ciudadana que serán las más afectadas, así como la desburocratización para el acceso de créditos y otras fuentes de financiamiento que las alcaldías pueden captar.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló que la actual estructura de distribución de recursos fiscales responde al modelo pasado, no está acorde al modelo autonómico y de gobiernos subnacionales vigentes hoy en el país. Criterio que apoyaron los otros alcaldes.
AMB acuerda cinco puntos en reunión de Cochabamba
Tras casi cinco horas de reunión de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) se acordaron cinco puntos específicos, los mismos que fueron resaltado a la conclusión del encuentro por el alcalde de Sucre y también presidente ante la AMB, Iván Arcienega, porque responden a una visión de país más allá de los temas coyunturales y políticos.
Como primera conclusión, las autoridades se comprometieron a garantizar la construcción de un pacto fiscal bajo un proceso democrático y consenso, que responda al interés común, la atención de las demandas de la población.
Como segundo punto, acordaron proponer al Consejo Nacional de Autonomías -que se reunirá a fin de mes en Oruro-, un cronograma de trabajo con fechas y plazos, en base al proceso que ya tiene definido, que concluya con resultados concretos.
Por otra parte, se determinó conformar un equipo técnico en coordinación del sistema asociativo municipal, que analice la estructura de ingresos y gastos del sector público en los diferentes niveles, y de la eficiencia del gastos en estos. Además, en base a esos datos analice los parámetros de distribución de recursos y trabaje en una propuesta de fondo de compensación en base a criterios de desarrollo humano, productivo y deuda histórica.
En otro punto, acordaron solicitar el Gobierno central, la apertura de fuentes de financiamiento, vía créditos multilaterales y/o comerciales.
