Gobierno echa mano de fondos de pensión
El Gobierno dispondrá el 5 por ciento del fondo de pensiones —aún administrado por las AFP—, equivalente a 150 millones de dólares, para otorgar créditos al sector agropecuario, informó ayer el presidente del Estado, Evo Morales, tras una reunión con empresarios agroindustriales de oriente en Santa Cruz. La decisión se plasmará en un decreto supremo.
El presidente de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema Obligatorio de Pensiones, Carlos Quiroga, calificó esa decisión como una “confiscación de los recursos y un robo” al sector que representa.
Especialistas en el área consideran que con la medida se pone en peligro el dinero de los jubilados al invertir en un sector de riesgo.
Según el Ministerio de Economía, la creación de este fondo es posible en el marco de la Ley de Pensiones, que establece que las AFP pueden invertir hasta 5 por ciento de los Fondos de Pensiones en las Pequeñas y Medianas Empresas (art. 140 de la Ley 065).
El 66,66 por ciento de este Fondo de Inversión, es decir 100 millones de dólares, se prestará a Pequeños y Medianos Productores o Asociaciones de productores. Mientras que 33,33 por ciento restante, es decir 50 millones de dólares, constituirán un mecanismo de cobertura para los inversionistas del Fondo (AFP) que serán invertidos en valores con bajo riesgo que permitirá cubrir con sus rendimientos un posible impago de los productores.
Los intereses fueron definidos en relación al destino de los recursos. Morales explicó que el interés para créditos de inversión será del 7 por ciento y para gastos operativos del 9 por ciento, a 10 años plazo en ambos casos.
La medida fue calificada como inconstitucional por el presidente de la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema Obligatorio de Pensiones, Carlos Quiroga, que además criticó al Gobierno por disponer de recursos de los jubilados. Su sector ya analiza asumir medidas de presión.
Aclaró que no están en contra del apoyo hacia el sector productivo, pero considera que el Gobierno, en su “desesperación” por conseguir recursos, está sacando dinero de los fondos de pensiones aun sin previa consulta. “Acuden a este tipo de recursos porque ya han despilfarrado esa multitud de recursos que debieron haber invertido en su tiempo”, agregó
En tanto, el secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), Óscar Tapia, criticó que la decisión del Gobierno no fue consensuada con los trabajadores y anunció que se solicitará un informe a al Ministro de Economía. Añadió que al menos 16.000 millones de bolivianos de aportes de los trabajadores están en cuentas de las AFP. Sin embargo, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ponderó la medida asumida por el Gobierno porque permitirá ampliar la frontera agrícola para garantizar la producción de alimentos para el país y generar excedentes para la exportación con valor agregado.
Según el economista Alberto Bonadona, el Gobierno no debe utilizar “plata ajena” para destinarlo en la actividad agrícola que está sujeta a muchos riesgos a raíz del clima. Agregó que la medida se constituye en un problema para aproximadamente 1,5 millones de personas en toda Bolivia porque sus aportes estarían en riesgo.
Sin embargo, el abogado laboralista Carlos Moreno considera que se trata de una decisión política con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, considerando que la inestabilidad del sector agrícola está sujeta al cambio climático; no obstante, indica que estos recursos debieron provenir de otra fuente y no de los aportes de privados.
Para el analista económico Rolando Jordán, consultado por Urgetebo, el riesgo es inminente, dado que en Bolivia no existe una bolsa de valores de acciones (de activos de renta variable), sino de bonos (activos de renta fija), por lo cual no existen mecanismos para determinar la rentabilidad. Añadió que el Gobierno tendrá la capacidad para dar seguimiento a los préstamos que se brinden.
MECANISMOS DE SEGURIDAD
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, explicó que el Gobierno fijó tres mecanismos para garantizar que los recursos de las AFP que se presten al sector productivo retornen al mismo sin registrar pérdidas.
“Tenemos tres mecanismos: de los 150 millones, 50 millones de dólares se quedan, (sólo 100 millones se darán en créditos) y nosotros vamos a invertir esto, estos 50 millones de dólares en 12 años van a logra mucho más en función de lo que invirtamos”, señaló Guillén.
Agregó que el segundo respaldo son los fondos de garantía constituidos en los bancos. “En caso de incumplimiento de cualquier productor, el 30 por ciento del crédito lo va a cubrir estos fondos de garantía”, apuntó.
Y en tercer lugar dijo, “también tenemos 30 por ciento que va a ser cubierto por estas empresas agroindustriales”.
SOBRE LA LEY GENERAL DE PENSIONES
El artículo 149 de la Ley de Pensiones 065 establece que la Gestora Pública tiene la atribución de “generar rendimientos financieros con los recursos de los Fondos administrados mediante la conformación y administración de carteras de inversiones de acuerdo a la presente Ley y sus reglamentos”. En la actualidad, este sistema está siendo administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión BBVA.
En ese mismo artículo se añade que la Gestora Pública debe “valorar diariamente las inversiones de cada uno de los Fondos administrados a precios de mercado, de acuerdo a la metodología establecida en disposiciones legales vigentes”.
En julio pasado, el Gobierno, a través del Decreto Supremo 2802, postergó por 15 meses la puesta en marcha de la Gestora Pública que administrará los recursos que hoy manejan las AFP. La Gestora Pública de pensiones administrará más de 14.000 millones de dólares por concepto de los aportes de aproximadamente 1,8 millones de afiliados en el sistema de pensiones.