El Gobierno y Abertis pactan indemnización
El Estado boliviano pagará 23 millones de dólares a la empresa española Abertis, que pedía 85,5 millones de indemnización por la nacionalización de la compañía de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa) realizada en febrero de 2013.
El Gobierno resaltó que el Estado se ahorraba 74 por ciento de lo demandado por la adjudicataria, aunque su compromiso inicial era pagar “cero” a la española con el argumento de que su inversión durante el tiempo que administró los aeropuertos fue baja.
El sindicato de Sabsa dijo que el Gobierno hizo un “mal negocio”, pues Abertis apenas invirtió 1 millón de dólares, además de existir gran cantidad de “pasivos” no reportados, como una deuda de 56 millones de bolivianos a los trabajadores.
Bolivia aún afronta arbitrajes con empresas extranjeras por más de 700 millones de dólares.
El acuerdo se firmó ayer en instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba y contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros; el procurador general del Estado, Pablo Machado; representantes de Abertis y el embajador de España en Bolivia, Ángel Velázquez.
“El presente contrato tiene como objeto el reconocimiento y pago de una indemnización pronta, adecuada, efectiva y definitiva a favor de Abertis por la nacionalización de la totalidad del paquete accionario que poseía a través de TBI Overseas Bolivia en Sabsa”, explicó Claros.
Recordó que el Gobierno central decidió nacionalizar las acciones de Abertis Infraestructura S.A. en 2013, porque, según dijo, incumplió un acuerdo de inversiones para la ampliación y mejora de los aeropuertos de El Alto de La Paz, Viru Viru de Santa Cruz y Jorge Wilstermann de Cochabamba.
Por su parte, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, recordó que el Estado fue demandando en este caso por 85 millones de dólares, sin embargo, el acuerdo establece una reducción del 74 por ciento de la demanda.
De haberse seguido el curso regular de un arbitraje, probablemente el porcentaje a pagar hubiera sido mayor, explicó.
No obstante, anteriores notas de prensa revelan que el anterior procurador, Héctor Arce, se había comprometido a no pagar “un centavo”, pues “en 17 años de administración, la empresa Abertis invirtió sólo 1,9 millones de dólares” en los tres aeropuertos “mientras que, en los últimos dos años, el Estado ejecutó alrededor de 35 millones”, dijo en diciembre de 2015.
Sin embargo, para Menacho, el acuerdo “manda una señal a la comunidad internacional de que en Bolivia los inversionistas van a contar con absoluta seguridad, con absoluta transparencia y las mejores condiciones de trabajo para poder invertir en el país”.
Más de $us 800 millones
El caso Sabsa fue uno de los seis procesos arbitrales pendientes que sostiene el Estado boliviano por concepto de nacionalizaciones. Las demandas, en total sumaron 828 millones de dólares (según publicaciones de prensa), cifra a la que ahora hay que restarle lo demandado por Abertis 85,5 millones de dólares.
Con la firma del contrato transaccional, Bolivia debe afrontar los otros cinco arbitrajes, tres de los cuales se encuentran activos y otros dos en suspenso.
TRABAJADORES: “MAL NEGOCIO”
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sabsa, Boris Terceros, advirtió ayer que la empresa Abertis dejó un pasivo alrededor de 8 millones de dólares.
“El único pasivo que han publicado ha sido los 56 millones de bolivianos de los trabajadores, y un millón de bolivianos de previsión de una deuda con un abogado en Santa Cruz, nada más, y por ahí eso ni siquiera han descontado”, precisó Terceros.
Asimismo, cuestionó que el Estado nacional, a través de Sabsa, deba afrontar el pago de los 56 millones de bolivianos adeudados a los trabajadores desde 2013 en concepto de nivelación salarial. Consideró que el Decreto Supremo establece que todos los pasivos deben ser descontados del paquete accionario.
Finalmente, Terceros denunció que el actual accionista minoritario Anthony Alicastro fue nombrado como representante de Abertis cuando se inició el proceso de nacionalización en 2013.
“Claro que el Estado dice que por cuestiones de cumplimiento al código de comercio debe tener un accionista minoritario, pero ¿por qué siempre Anthony Alicastro? ¿No hay inversionistas en Bolivia que puedan poner dinero?”, cuestionó Claros.
La indemnización de 23 millones de dólares será efectuada en los próximos días con fondos provenientes del Tesoro General del Estado.
