LaMia no tenía seguro para volar a Colombia

LOS TIEMPOS y AGENCIAS

La nave de LaMia, de bandera boliviana y que el pasado 28 de noviembre se estrelló en Colombia dejando 71 personas muertas, tenía la póliza de seguro suspendida por falta de pago, además de que ésta no cubría viajes a ese país.

La información fue confirmada ayer por la compañía Bisa de Seguros y Reaseguros SA, después de que la cadena CNN hizo la revelación. La aseguradora, que no aclaró antes este tema, dijo también que los recursos erogados para familiares de los fallecidos y sobrevivientes salió de un fondo solidario creado exclusivamente para ello.

El abogado experto en aeronáutica, Omar Durán, dijo que el tema devela que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de Bolivia, no controló esta situación. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que, de confirmarse la denuncia, deberá procesarse a los funcionarios de la DGAC también por esa falta.

La cadena CNN publicó ayer que la póliza de seguro contratada por la compañía aérea LaMia Corporation SRL para su nave siniestrada no estaba en vigor cuando ocurrió el accidente.

La cadena internacional indicó que, según una carta remitida por la compañía de seguros Bisa a los gerentes de LaMia, “la póliza estaba suspendida por impago desde inicios de octubre del mismo año. Es decir, el seguro no estaba vigente en el momento del accidente”.

Además, según ese reporte, la póliza “tampoco cubría los vuelos con destino a Colombia, país que aparece expresamente citado en una cláusula de exclusión geográfica junto a muchos otros, como Perú, Afganistán, Siria, Iraq, Yemen o varias naciones africanas”.

Aún así, LaMia consiguió autorizaciones para volar a Colombia en al menos ocho ocasiones, según el historial de vuelos. El viaje siniestrado tenía como origen el aeropuerto boliviano de Viru Viru, en Santa Cruz, y como destino el aeropuerto de Río Negro, en Medellín.

Fondo de Bisa

Bisa confirmó ayer en el comunicado que la mencionada nave de La Mia no tiene cobertura para los pasajeros en aplicación “de las normas nacionales e internacionales, según las condiciones del contrato de seguros”. Además, la compañía cita como otra causal “los hechos que el equipo de investigación de la Organización de Aviación Civil (OACI) ha puesto a disposición en su informe preliminar sobre las causas del accidente”.

No obstante, la empresa subrayó la creación del “Fondo de Asistencia Humanitaria LaMia 2933”, al que pueden recurrir los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes y que está administrado por el Estudio de Abogados de Londres Clyde & Co.

Al contrario, la aseguradora indicó que la Póliza de Seguro de Accidentes Personales de Aviación Lloyd’s contratada para los tripulantes sí está siendo atendida de forma normal.

Con ese seguro se está pagando 150 mil dólares por tripulante fallecido, además de los gastos médicos del personal del avión que sobrevivió a la tragedia, hasta 25 mil dólares por cada uno.

Silencio de Bisa

Es la primera vez que Bisa hace esta aclaración, pese a las continuas consultas que se hizo a esta compañía.

Otro comunicado divulgado por la empresa el 6 de diciembre del año pasado, sólo unos días después del accidente, indicaba escuetamente que un grupo de investigadores de la empresa reaseguradora Líder seguía los procesos de atención “de acuerdo a los procedimientos propios del rubro”. Nunca menciona el impago del seguro.

“En el marco estricto de los convenios internacionales, las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y las cláusulas contractuales, Bisa de Seguros y Reaseguros no puede publicar detalles de las pólizas y sus condiciones”, concluía el comunicado.

VÍCTIMAS INICIARÁN JUICIO

Carlos Subirana, abogado de Ximena Suárez, la azafata de la nave y una de las seis personas supervivientes al accidente, explicó que estas pólizas, además de no tener vigencia el día del accidente, tenían una exclusión territorial con Colombia.

Es decir, “el seguro no cubría cualquier siniestro que pudiera ocurrir en el territorio colombiano”, por lo que el Estado de Bolivia tiene responsabilidad por permitir el vuelo de un avión que estaba impedido para viajar a Colombia, explicó el abogado una vez enterado de los informes de CNN y de la compañía de seguros Bisa.

Ante tal situación, Subirana indicó que las víctimas y los familiares iniciarán una demanda al Estado boliviano ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para iniciar el proceso de indemnización.

ROMERO PIDE INVESTIGAR Y PROCESAR

Consultado sobre las operaciones de LaMia con un seguro caducado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo brevemente que se trata de un nuevo ilícito cometido por esta aerolínea y que si existe responsabilidad por parte de los funcionarios a cargo del control correspondiente “tendrá que investigarse y procesarse en el ámbito correspondiente”.

Poco antes, dijo que se trataba de un asunto que no correspondía a su competencia como Ministro de Gobierno.

Los Tiempos intentó también conocer la postura del Ministerio Público respecto al avance de las investigaciones, las citaciones a las personas investigadas y a las que han sido declaradas en rebeldía por el caso del accidente del avión de LaMia, pero no fue posible. Hace un par de meses, informaron que el documento estaría listo en dos semanas.

EL PAÍS PODRÍA PERDER SU CATEGORÍA A1

Experto: Esto trae serias consecuencias al Estado

La falta de fiscalización y control por parte de la DGAC sobre la nave de LaMia que partió del aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz podría traer serias consecuencias para el Estado boliviano con una posible indemnización a las víctimas y con la pérdida de la categoría A1, que permite a empresas bolivianas ingresas a Estados Unidos. Así lo evaluó el especialista en aeronáutica, Omar Durán.

De acuerdo al artículo 121 de la Ley 2902 de Aeronáutica Civil de Bolivia, la DGAC es la responsable de “ejercer la fiscalización técnico-operativa y jurídica del explotador” además de exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Certificados de Operador Aéreo.

El mencionado artículo también establece que la DGAC tiene la atribución de “suspender las actividades (del operador aéreo) cuando considere que no se aplican las condiciones de seguridad requeridas o cuando no estén cubiertos los riesgos de seguro obligatorio”.

A decir de Durán, existe la posibilidad que el Estado deba asumir la responsabilidad de indemnizar a las víctimas del siniestro en caso de que LaMia no lo pueda hacer.

Esto se debe a que la DGAC, una institución del Estado, no verificó la vigencia de la póliza de seguro ni otras especificaciones como la cantidad de combustible y peso de la aeronave.

“Si el Estado no controla, está siendo autor o cómplice por omisión de delito. Hay (responsabilidad) por acción directa y por omisión”, agregó Durán.

Sobre el punto, el abogado de una de las sobrevivientes, Carlos Subirana, dijo que es “casi un hecho” que Bolivia pierda la clasificación A1 que otorga la OACI que permite a las aerolíneas nacionales ingresar a Estados Unidos, además de que “muy pocos tipos de aviones van a poder animarse a entrar a Bolivia”.