Gobierno amplía plazo al TAM para adecuarse
Tras haber vencido el segundo plazo otorgado a través de decretos supremos, el Transporte Aéreo Militar - Empresa Pública (TAM-EP) continuará trasladando pasajeros sin una regulación civil hasta 2018, al ser beneficiado por un nuevo decreto que le otorga un plazo de seis meses más para operar desde hangares militares.
El Decreto Supremo 3235, promulgado el 28 de junio, otorga un nuevo plazo de seis meses para que la línea militar consolide su migración y opere bajo la normativa de la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC).
El Ministerio de Obras Públicas, que inicialmente cuestionó las operaciones irregulares del TAM después del accidente de LaMia, ayer prefirió guardar silencio ante la nueva ampliación de plazo.
La información fue proporcionada por el general de Brigada Aérea Julio César Villarroel Camacho, en su calidad de gerente general, al justificar el requerimiento de la nueva ampliación, porque entre la conformación del Directorio de TAM-EP, la aprobación del cuerpo reglamentario y disciplinario, el reglamento de contratación de bienes y servicios para compras locales y en el exterior, se invirtió buena parte del plazo anterior, pero que ahora se estima lograr este proceso hasta el 31 de diciembre.
Este nuevo plazo se constituye en el tercero que el Gobierno le otorga al TAM a través de decretos y en el noveno que cursa tomando en cuenta advertencias de diferentes instancias desde 2015.
En diciembre de 2016, después de varias horas de incertidumbre, órdenes y contraórdenes, los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Defensa, Reymi Ferreira, anunciaron que la aerolínea dejaría de operar para adecuarse a las normas internacionales de aeronáutica. Días después, aprobaron un Decreto Supremo en el que se le otorgó un plazo hasta febrero para completar su adecuación.
Tras vencer el plazo en febrero, el Gobierno otorgó otro plazo a la aerolínea para concluir el proceso de migración por “particularidades del trámite”.
En reiteradas oportunidades, tanto el ministro de Obras públicas, Miltón Claros, como el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, se mostraron despreocupados por las condiciones actuales en las que opera el TAM desde hangares militares, argumentando que sería temporal.
Con el nuevo plazo, la aerolínea operará desde hangares militares hasta 2018, sin contar con condiciones óptimas para transportar a pasajeros civiles.
Entre los argumentos que presentó Villarroel en una conferencia de prensa en La Paz, citó que recién se concretó la adquisición de una aeronave, uno de los requisitos primordiales para avanzar en el proceso de migración.
Explicó que el TAM adquirió la primera aeronave BAE AVRO RU RJ 70 E1252, FAB-107 bajo la modalidad de leasing por un monto de 8 millones de bolivianos. La nave llegará recién en 15 días a Cochabamba.
Acotó que la aeronave BAE AVRO fue adquirida el mes de mayo y que se desplazó un equipo para poder adecuarla. Se prevé que el vuelo de traslado desde Bacau, Rumania se concrete en los próximos días.
Dentro de lo programado, Villarroel dijo que para las operaciones comercial-civil se iniciará el 1 de enero de 2018 y que para esa fecha se tiene establecido contar con tres aeronaves, que serán tramitadas durante este plazo de ampliación. Se estima que sea otra BAE AVRO y un Boeing 737.
“Tenemos un 30 por ciento de avance y necesitábamos de la aeronave para que podamos proseguir, precisamente por todas estas razones y plazos, es que requeríamos de un nuevo tiempo, plazo para poder concluir con este proceso y a partir de la promulgación del último Decreto Supremo 3235”, afirmó Villarroel después de varios intentos para ser contactado por este medio.
PLAZOS VERBALES
Hasta marzo pasado, TAM había incumplido el sexto plazo verbal otorgado por el Gobierno para regularizar su situación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En marzo de 2016 venció el plazo fijado por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, para definir si TAM continúa o concluye sus operaciones comerciales.
Hace cuatro años, el entonces director de la Autoridad de Transportes y Comunicaciones (ATT), Clifford Paravicini, le dio un año a la empresa para regularizar su situación ante la DGAC.
En 2014, el exministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, instó a TAM a regularizar su situación una vez aprobada la Ley de Empresas Públicas 466. En octubre de 2015, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, amenazó con suspender los vuelos regulares.
SOBRE LA DEUDA CON EL SIN
El 30 de julio de 2013, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, informó que el SIN hizo una fiscalización al TAM correspondiente a 2008 y determinó que adeudaba más de 50 millones de bolivianos, por lo tanto, esa aerolínea debía pagar sus obligaciones pues no habría “ningún perdonazo”.
En febrero pasado, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, recordó que el TAM debe cancelar una deuda que asciende a más de 70 millones de bolivianos.
El pago fue instruido por el Decreto Supremo 3035 del 14 de diciembre de 2016, que establece en su artículo 12, parágrafo II, que los pasivos tributarios del TAM militar deberán ser asumidos por la empresa pública. En ese entonces, Cazón aclaró que el cobro se hará efectivo una vez que la aerolínea se constituya en empresa pública.
El general de Brigada Aérea Julio César Villarroel Camacho, gerente general del TAM, indicó ayer que paralelamente a la migración, se trabaja en la transferencia de patrimonio de parte del Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a TAM-EP, otro requisito que se exige en la DGAC.
