Indígenas de nueve países dan voz a los pueblos en riesgo
Los derechos de los indígenas que habitan en el Tipnis, el río Beni, el río Grande y en el Chaco son atropellados por proyectos extractivistas, denunció Leonardo Candapey, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). Ayer, indígenas de nueve países marcharon en Santa Cruz.
Según Candapey, que también forma parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, el Gobierno vulnera los derechos de los pueblos indígenas que habitan en esas regiones del país para lograr la ejecución de proyectos hidroeléctricos, carreteros y petroleros que carecen de un proceso de consulta previa.
Ayer, dirigentes de pueblos indígenas de distintos territorios amazónicos de nueve países participaron de la primera marcha internacional en defensa de sus derechos y en apoyo a los indígenas que se oponen a la abrogación de la intangibilidad del Tipnis.
La marcha —llena de colorido por las vestimentas originarias de los indígenas— partió desde el Cordón Ecológico ubicado entre el Cuarto Anillo y avenida Centenario en Santa Cruz y culminó en la plaza 24 de Septiembre. Como parte de la movilización, se realizó un mitin en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba y actividades culturales e informativas sobre otros proyectos hidroeléctricos en la plaza del Bicentenario de La Paz.
En Cochabamba, los dirigentes indígenas socializaron la problemática que existe a nivel nacional sobre la vulneración de los derechos de los indígenas. Visibilizaron el reclamo con un mitin y solicitaron el apoyo de la población.
Candapey rechazó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacios de Moxos que impulsa el Gobierno y que atraviesa el Tipnis. Por otra parte, cuestionó los proyectos hidroeléctricos Rositas en Santa Cruz, El Bala en Beni y la exploración de hidrocarburos en la región del Chaco boliviano.
En tanto, el presidente de la Subcentral Tipnis, Fabián Gil, informó que en la concentración de Santa Cruz participaron líderes de reservas y parques naturales de tierras altas y bajas como el Madidi, El Bala, Chepete, Tariquía, Pilón Lajas, Rositas y Tipnis.
El pedido principal fue el respeto a los derechos de estos territorios. “Sabemos que hemos sido vulnerados y no se ha respetado la Constitución Política del Estado (CPE); siempre ha violado el Gobierno, por eso se ha realizado la marcha internacional”, dijo.
La próxima movilización se realizará entre el 27 y 28 de septiembre en la ciudad de La Paz, ocasión en la que, según Gil, se convocará a los representantes de todos los parques naturales que son vulnerados por las decisiones del Gobierno para asumir medidas de presión en conjunto.
Según Gil, esa reunión marcará el rumbo de las próximas movilizaciones, pues “se va a seguir articulando con diferentes países para seguir protestando por nuestros derechos y (para que) nuestro territorio no sea avasallado por el Gobierno”.
La semana anterior, representantes de los indígenas del Tipnis y de la Macomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni firmaron un convenio para impulsar acciones que eviten la vulneración de sus derechos.
Según la información de Coica, la Amazonía llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.
Pero en los últimos años, el 12 por ciento de su territorio ha sido transformado y la organización advierte que, a ese ritmo, en 2030 se llegará a un punto “de no retorno que hará irrecuperable esta reserva y su función ecológica planetaria”.
EXIGEN FIN A LAS AGRESIONES EN LA AMAZONÍA
Indígenas de nueve países amazónicos participan ayer en otra movilización en Quito para pedir el fin de las “agresiones” a la Amazonía y sus poblaciones, informó la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Bajo el lema de “Amazonía viva, humanidad segura”, se celebra la movilización en los países bañados por el Amazonas con diferentes actos para llamar la atención sobre los principales problemas que afectan a las poblaciones y su entorno, como el avance de la deforestación, la caza furtiva, contaminación de ecosistemas por el petróleo y la minería, o el trazado de carreteras.
En Quito, por ejemplo, tuvo lugar una movilización en la que participaron varios dirigentes de las comunidades indígenas. Nemo Andy Giguita, vicepresidenta de Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), que agrupa a 4.000 personas, llamó al Gobierno ecuatoriano a suspender la construcción de carreteras.
“Tienen que impedir que se abran las carreteras en la selva, especialmente en las comunidades waorani. Queremos que nos den otras alternativas para mejorar”, declaró a Efe al incidir en que las actividades petrolíferas han conducido a la construcción de una vía que afecta a las poblaciones de Napo y Orellana.
