Proceso contra Mesa y exministros sigue su curso y notifican al TSJ
El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.
El procurador general, Pablo Menacho, firmó la proposición acusatoria que fue presentada ante el Ministerio Público en Sucre el pasado 22 de mayo. El documento de la acusación, que consta de 24 páginas y tiene 39 cuerpos como anexos, entre ellos: decretos, leyes y acuerdos, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 23 de mayo. A partir de esa fecha corren los plazos procesales para que el Ministerio Público indague y comience a tomar las declaraciones, entre ellos Carlos Mesa y sus exministros.
Según Menacho, las decisiones de Mesa durante su mandato se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Sin embargo, esto fue refutado por el exmandatario, que aseguró que la denuncia del Gobierno se apega a una “campaña de demolición” de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera “desastrosa“ ante la demanda de arbitraje de Quiborax . “Una empresa que ha invertido menos de un millón de dólares cuando estuvo trabajando en Bolivia ahora va recibir 48 millones de dólares porque durante cinco años todo el proceso administrado por la Procuraduría del Gobierno de Evo Morales no ha tenido la capacidad de defender los intereses de Bolivia”, dijo en una entrevista con Página Siete.
ARBITRAJE
Proceso de nacionalización
El presidente Carlos Mesa nacionalizó la empresa Non Metallic en 2004.
Quiborax presentó su solicitud de arbitraje en octubre de 2004, los litigios se desarrollaron entre 2010 y 2013 en el tribunal dependiente del Banco Mundial, en los que Quiborax pretendía indemnizaciones por $us 150,8 millones entre compensación y resarcimiento.
La sentencia o laudo salió en septiembre de 2015 y ordenó pagar $us 57 millones. Luego de la apelación, la suma a pagar bajó a 48,6 millones.
