Conflictos societarios evitaron acuerdo por otra suma en Quiborax
El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que el socio boliviano, David Moscoso, evitó la firma de un acuerdo por 27 millones para saldar el conflicto con Quiborax, mientras que el ministro de Minería, César Navarro, señaló que se llevaron adelante conversaciones, pero que el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) mostró una opinión jurídica diferente.
Vanos fueron los intentos para que el titular de Minería explique por qué el Gobierno no aceptó pagar 27 millones de dólares; se limitó a indicar que Carlos Mesa es como un niño malcriado y engreído que le gusta permanentemente eludir su responsabilidades.
En contacto con El Deber, Arce dijo que Moscoso le mandó una carta fechada el 19 de diciembre de 2016 rechazando el acuerdo por “problemas societarios” entre Quiborax y Non Metallic Minerals (NMM). Ese obstáculo impidió que se rubrique la firma y poder ahorrar al Estado.
Según el expresidente Carlos Mesa, el 16 de septiembre de 2015, el Tribunal falló en contra de Bolivia, exigiéndole un pago de 48,6 millones de dólares a favor de NMM-Quiborax. Bolivia pidió la anulación del fallo por vicios de fondo.
Sin embargo, añade que, posteriormente, cuando Bolivia aún no conocía si el Tribunal iba a fallar en favor o en contra, autoridades de la subprocuraduría, “lado a lado con abogados y funcionarios chilenos de NMM-Quiborax”, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana.
FILTRAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Según el expresidente Carlos Mesa, el acuerdo se frustró porque la exsubprocuradora Carmiña Llorenti habría filtrado información confidencial mientras el entonces procurador Héctor Arce negociaba con los demandantes.
Actualmente, la presunta filtradora de información confidencial en favor de la empresa chilena dirige la Escuela de Abogados del Estado Plurinacional y es pariente cercana del exministro y actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti.
