Gobierno niega autorización y pone en duda desalojo de asentamientos
En medio de una serie de denuncias de asentamientos avalados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en al menos cinco áreas protegidas del departamento de Santa Cruz, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, negó la emisión de dichas autorizaciones, pero admitió la existencia de asentamientos ilegales en zonas categorizadas como reservas. Pese a ello, no se llegó ayer, hasta el cierre de esta edición, a un acuerdo con las autoridades municipales y cívicas de Roboré, que exigen la anulación de la resolución de asentamiento emitida a la comunidad Tupac Amaru en la reserva El Paquió, ubicada dentro de este municipio.
El Ministro, al ser consultado sobre la reubicación de esta comunidad, cuya autorización de asentamiento data desde agosto de 2016, indicó que es necesario ver el manejo que tendrán ésta y otras comunidades instaladas años antes a la declaratoria de El Paquió como reserva municipal. Cocarico aclaró que, en 2005, estos terrenos fueron declarados como tierras fiscales disponibles, por lo que se permitió el ingreso de nuevas comunidades; sin embargo, en 2017, Roboré le dio la categoría de reserva municipal.
Al no haber llegado a un consenso respecto a la reubicación de la comunidad Tupac Amaru, las autoridades municipales y cívicas de Roboré, apoyadas por los demás municipios de la Chiquitanía, anunciaron retomar las medidas de presión como el bloqueo de la carretera que conecta con Brasil.
El pasado martes, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz alertó que, en los últimos dos años, el INRA autorizó el asentamiento de comunidades en cuatro áreas protegidas en una superficie aproximada de 4.000 a 5.000 hectáreas dentro de los municipios de Roboré, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael, Guarayos, Samaipata, Porongo, entre otros.
Al respecto, Cocarico explicó que la dotación de tierras, que en su mayoría se dan a comunidades del interior del país que migran hacia Santa Cruz, se realiza respetando la circunscripción que comprende a las áreas protegidas, donde —según él— nunca se autorizó algún asentamiento.
“La gente, de manera irregular, de manera ilegal, se va asentando en los espacios donde encuentren, y ahí tenemos una lucha permanente, es una lucha de todos los días contra aquellos que se están asentando en espacios prohibidos”, dijo.
Según el presidente del Bloque Cívico Chiquitano, José Serrate, en Santa Cruz existen al menos 1.000 asentamientos en los municipios de la Chiquitanía, por lo que considera que no se está cumpliendo con el artículo 43 de la Ley INRA que establece que “la dotación (de tierras) será preferentemente en favor de quienes residan en el lugar”.
La Gobernación de Santa Cruz alertó que el INRA autorizó el asentamiento de comunidades en 4 áreas protegidas
DATOS
180 comunidades. En el municipio de Concepción, los asentamientos hasta antes de 2006 alcanzaban a 30 comunidades, sin embargo, actualmente superan los 180.
33 hectáreas de desmonte. En el interior de la reserva El Paquió, la ABT autorizó el desmonte de 33 hectáreas; sin embargo, al haberse desatado el conflicto, la emisión de permisos fue paralizada.
