Crean coordinadora para frenar megaobras en las áreas protegidas
Indígenas y campesinos afectados por megaobras, hidroeléctricas y proyectos petroleros crearon la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas para hacer frente a la vulneración y avasallamiento de sus tierras.
El primer Congreso Nacional de Integración, Defensa de Territorios y Áreas que se llevó a cabo el fin de semana en Tariquía eligió a 10 miembros de las zonas de resistencia a proyectos extractivos del país para crear la coordinadora.
Según el secretario de comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Alex Villca, que participó de la reunión y ahora es miembro de la coordinadora, ninguno de los 10 integrantes tendrá un cargo en específico.
“Somos seis mujeres y cuatro varones de las principales resistencias. No se ha definido la estructura por temas estratégicos. Cuando se define un presidente o vicepresidente, inmediatamente somos descalificados, coartados, amedrentados y perseguidos”, explicó Villca.
Lo que se busca a través de la coordinadora es articular la lucha para la resistencia en contra de proyectos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas e ingresan en áreas protegidas.
De la reunión participaron indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), campesino de Tariquía, pobladores de Tucabaca y Aguaragüe; además de tacanas. Por otra parte, también asistieron los pobladores de conflictos sociales emblemáticos por la construcción de hidroeléctricas como Rositas y El Bala.
En el encuentro también se determinó desconocer los decretos supremos que encaminan proyectos extractivistas en territorios indígenas y áreas protegidas. Por otra parte, se solicitó que se deje sin efecto las dotaciones de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en áreas protegidas.
“Es algo que se está viviendo y se ha convertido en un instrumento operativo y además de represión del INRA. Están siendo ellos los que están promoviendo la dotación de tierra a sindicatos en áreas protegidas”, afirmó Villca.
Campanazos de las capillas en las comunidades, reuniones, vigilias permanentes y redes de lucha son algunos de los mecanismos que se emplean en Bolivia para hacer frente a la arremetida contra las áreas protegidas.
En la última década, alrededor de 22 proyectos que son impulsados por el Gobierno, sumados a una serie de asentamientos humanos en la Chiquitanía, pusieron en riesgo pisos ecológicos, animales silvestres y la calidad de vida de pueblos indígenas y campesinos.
Se prevé que la coordinadora logre enlazarse a redes de otros países que también hacen frente a proyectos extractivos con el objetivo de visibilizar la problemática a nivel internacional.
ASEDIADO POR ASENTAMIENTOS
Según el asambleísta departamental por la provincia Chiquitos, Hugo Salmón, los asentamientos ilegales ocurren en las 35 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz y gran parte de estas comunidades cuentan con resoluciones de asentamiento emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Salmón indica que solamente en el municipio de San José de Chiquitos existen más de 200 comunidades en tierras fiscales durante las tres gestiones de Evo Morales. Recientemente se desató un conflicto en Roboré.
