Incendios: Bolivia carece de normativa y un plan efectivo de prevención
Las dificultades para mitigar los incendios forestales en el país desnudan el déficit de prevención que existe en Bolivia para desplegar una labor eficiente en la época de quemas y chaqueos. Esta actividad se rige en una norma elaborada en 2019, pero no cumple el rol para la que fue concebida, según especialistas en el área.
Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirmó que el problema que Bolivia arrastra desde esa época está relacionado con el plan que, sobre todo en la Chiquitanía, carece de un presupuesto público. Por tanto, se continúa combatiendo los incendios como se lo hacía hace cuatro a cinco años atrás, producto del déficit de implementos innovadores para llevar adelante esa tarea.
“La improvisación, la falta de equipamiento y presupuesto público son los factores que impiden atenuar los incendios que se generan en esta época del año”, sostuvo.
Colque explicó que el Gobierno tiene que dejar de ser permisivo a la hora de otorgar las autorizaciones para quemas y chaqueos en temporadas de alto riesgo. De 2019 para atrás, el Estado, mediante la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra (ABT), emitió en el país licencias para quemas por encima de las 300 mil hectáreas por año; puso mayor énfasis en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
“Es una cantidad considerable de permisos. Es por eso que el Gobierno tiene que tener mayor racionalidad en ese aspecto”, puntualizó.
El director de la Fundación Tierra reiteró que para prevenir los incendios es imprescindible un presupuesto público. Dijo que desconoce hasta la fecha que existan recursos para afrontar estos desastres naturales.
Colque advirtió que muchas organizaciones demandan un cambio en la normativa, sobre todo para proteger de los incendios a la Chiquitanía. Para esto sistematizan la concesión de permisos para quemas y chaqueos.
“Se necesita revisar la regla que permite el chaqueo libre de hasta 20 hectáreas para pequeñas comunidades campesinas, además se requieren planes y manejo de recuperación de la flora y fauna en los lugares afectados. Asimismo, se necesitan proyectos específicos para dotar de agua limpia a las comunidades indígenas”, añadió.
Dijo que es muy importante el suministro de agua, puesto que muchas comunidades chiquitanas sufren las consecuencias de la contaminación de este recurso a causa de las cenizas.
Por su parte, Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra Regional Oriente, señaló que esta organización, desde el 2019, pide al Gobierno que se elabore una normativa que impida las quemas y que optimice el control de los desmontes.
“No se trata de que la gente no cultive, sino que lo haga dentro de las áreas deforestadas. No estamos en contra de los cultivos, estamos pidiendo que esta labor se realice dentro de los terrenos deforestados; no sigamos ampliando la deforestación”, comentó.
Además, dijo que lo que pasó en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz es una prueba irrefutable de la ineficiencia que se tiene en el control de los incendios en Bolivia.
“Aquí, en puertas de la ciudad de Santa Cruz, a partir de la quema de una basura en un lote, se ha generado un incendio de casi 5 mil hectáreas, afectando al aeropuerto y quemando turbinas. Han demorado cuatro días en mitigar el fuego, imagínese cuando esto pasa en un bosque”, afirmó.
Al igual que Colque, Vadillo aseguró que en Bolivia no existe infraestructura ni personal técnico suficientes para enfrentar los incendios.
“Es por eso que nosotros insistimos en que lo hay que hacer es evitar generar el fuego, controlemos las quemas, los desmontes, porque una vez que comienza a arder, es muy difícil de controlar. Reitero, no tenemos capacidades técnicas, menos logísticas para poder hacerlo de una manera eficiente”, agregó.
Asimismo, Vadillo dijo que es fundamental frenar la normativa que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas, ya que esto sobrepasa los planes de uso de suelo que hay en cada departamento y está por encima de los métodos de ordenamiento predial.
“Si alguien tiene autorización para estar en una tierra, tiene hasta 20 hectáreas para desmontar por año. Cuando suman 20 hectáreas e igual número de personas no es nada, pero cuando estamos hablando de miles, es cuestión de multiplicar; entonces estamos hablando del desmonte de medio millón de hectáreas por año. Ese permiso hasta de 20 hectáreas debe cambiar”, puntualizó.
ABT SUSPENDE PERMISOS DE QUEMA
Una resolución emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) establece que se suspende temporalmente la autorización y ejecución de quemas autorizadas por esa entidad en todo el territorio nacional, por considerarse zonas vulnerables y de alto riesgo para quemas e incendios.
La referida resolución estará vigente hasta que las condiciones atmosféricas de precipitaciones, humedad y vientos cambien.
La ABT advirtió que toda infracción será sujeta a sanciones administrativas y, si el caso amerita, a procesos penales por afectación al medio ambiente y reservas naturales.
