Las ejecuciones muestran ausencia de la autoridad del Estado
Analistas e investigadores coincidieron en condenar la actitud de violencia en el trópico de Cochabamba tras el linchamiento en Entre Ríos el pasado lunes al afirmar que en la zona existe falta de autoridad, lo que obligó a los comunarios a ser quienes pongan orden.
La investigadora del Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Alejandra Ramírez, explicó que los actos de violencia son un problema complejo, multidimensional y multicausal que se incrementaron de manera alarmante a partir de los 90 y se agudizó en el nuevo milenio.
Ramírez indicó que el linchamiento es parte de la violencia interciudadana y la inseguridad ciudadana como problemas complementarios.
“La inseguridad provoca violencia y, a su vez, ésta provoca inseguridad. A ello se suma la ineficiencia de las instituciones públicas encargadas de la seguridad, que deja que las personas tengan que buscar sus propias estrategias para hacer frente al problema”, señaló.
Asimismo, dijo que las políticas públicas de orden punitivo, de control y represión, en vez de reducir la violencia, generan que sea mayor al igual que la inseguridad en una sociedad donde en lo colectivo se esconden los intereses individuales de los que más influencia tienen.
A ello sumó que la división entre la sociedad civil y política resultan cada vez menos nítidas, porque los dirigentes son a su vez autoridades que deben poner orden desde el Estado.
Por su parte, el investigador y sociólogo de la UMSS, Fernando Salazar, identificó tres periodos en la historia de la “justicia comunitaria” propia en el Trópico de Cochabamba. El primero se registró antes de 1990, cuando cada comunidad asumía actitudes normativas desde sanciones hasta formas de tortura como la muerte ante el palo santo.
El segundo periodo es hasta 2005 denominado de “resistencia” durante la erradicación de la coca y el narcotráfico.
El tercero, que denominó periodo de “Evo Morales”, rige desde 2006 a la fecha, y se caracterizó porque la justicia fue asumida en actos públicos donde se queman vivos a los presuntos ladrones. “Si las autoridades pretendían intervenir, entonces son amenazadas”, indicó.
En estos espacios considerados la vanguardia política del Gobierno, la dirigencia política cívica tiene más poder que las autoridades, afirmó Salazar. Explicó que la delincuencia en el trópico tiene dos niveles. El vinculado al narcotráfico y a los delincuentes comunes, siendo este espacio un bien económico por la cantidad de dinero que circula en la zona.
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PIDEN APOYO A NIÑOS
La psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Entre Ríos, Zumilda Cabero, recomendó identificar a los niños que presenciaron el linchamiento para prevenir y evitar que queden secuelas a largo plazo con el miedo de que a futuro puedan replicar la misma actitud.
“Se recomienda un tratamiento psicológico a los niños por si queda alguna secuela, porque pueden internalizar este tipo de violencia dentro los parámetros conductuales”, aseveró a tiempo de aclarar que no existe ninguna solicitud de padres de familia pidiendo ayuda para sus hijos por el “pacto de silencio” que rige.
Alertó que, de no ser tratados, a largo plazo pueden tener alteraciones en los sueños, tendencias de aislamiento, trastornos en la alimentación, dificultad en el aprendizaje o pueden convertirse en personas violentas.
