Falta de sistema, traba para hallar extraviados
Un sentimiento de desesperación y angustia invadió a María (nombre convencional) cuando su hija de 16 años desapareció sin decir nada, hace 17 días de su domicilio en Vinto, y durante las cuatro jornadas que parecieron interminables al tratar de encontrarla sana y salva.
“Nosotros no la dejamos trabajar porque es menor de edad y para que no se perjudique en sus estudios. Por eso se fue, pero volvió ella misma después de cuatro días”, cuenta su madre con la voz seria por la experiencia que vivió.
La adolescente permaneció cuatro días en la ciudad de Cochabamba, no tenía dinero, se quedó durmiendo en las calles y buscó trabajo en agencias de empleo que no quisieron recibirla porque no tenía su cédula de identidad y era menor de edad, relató a su madre.
María narra que primero fue a Quillacollo para sentar la denuncia, pero tuvo que volver a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Vinto, donde informó que su hija desapareció. Momentos después, la imagen de la adolescente con sus datos fue pegada en diferentes paneles usados en espacios públicos de la ciudad para dar con personas desaparecidas.
Una de las funcionarias de la Defensoría, que llena el permiso de viaje de menores de edad en la Terminal de Buses, Jhakeline Morales, explica que, cuando las clases terminan, llegan más personas para denunciar el extravío de uno de sus familiares, principalmente adolescentes que escapan con sus parejas. “La gente llega llorando siempre. Por eso, hacemos perifonear sus nombres para que no los dejen viajar ni les vendan pasajes”, explica a tiempo de indicar que de las más de 60 hojas con la imagen de desaparecidos pegados en el panel, sólo conoce de cinco que aparecieron en 2016.
Desde hace años, se utilizan paneles en lugares públicos como la Terminal de Buses, los retenes en las carreteras, las defensorías u otros espacios de tránsito masivo de las personas para pegar un sinfín de hojas de los desaparecidos, una sobre otra. Por el tiempo, algunas quedan rotas, se desprenden o vuelan por el viento.
69 casos
La jefa de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rocío Olivera, indica que la pasada gestión se atendieron 69 casos de extravío de personas en Cochabamba.
Del total, ocho niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de trata y tráfico de personas; dos para fines laborales y el resto, sexuales, detalla Olivera. Los demás son personas desaparecidas que, en su mayoría, fueron halladas (dos de ellas, muertas).
Las principales razones para que desaparezcan son los problemas familiares, en caso de los adolescentes porque se dan a la fuga o porque por la edad o alguna deficiencia física la persona se perdió cuando estaba en la calle, explica Olivera.
En los primeros días de este año, la Policía registró seis casos. Uno de ellos era el de Luis Adolfo Ruiz (29), con discapacidad mental y que apareció ahogado el jueves de la semana pasada en la laguna Alalay. Los días donde se presenta la mayor cantidad de extravíos son después de los fines de semana, agrega Olivera.
Limitaciones
La División de Trata y Tráfico de Personas trabaja con siete policías que hacen turnos, lo que resulta una cantidad insuficiente para investigar aquellos casos en los que realmente una persona fue secuestrada o desapareció misteriosamente.
A ello se suma que todo el registro se realiza de manera manual en libros, donde se anotan los datos de los desaparecidos, cuando lo que se necesita es contar con un sistema computarizado para realizar el cruce de información a nivel municipal, departamental y nacional.
Olivera indica que, para paliar esta situación, existe un grupo nacional de WhatssApp, por el que se envían las fotografías de los desaparecidos. Agrega que hay la necesidad de tener una línea abierta para hacer las llamadas porque los familiares afectados lo hacen desde su celular y con sus recursos.
Consecuencias fatales
El director de Infante, Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, Miguel Gonzales, afirma que mientras no exista el sistema, las consecuencias son “fatales y desastrosas” para las propias familias porque tienen que constituirse ellos en agentes de la propia búsqueda ante la precariedad del Estado. Incluso, en algunos casos, deben contratar gente para buscar a sus familiares o se constituyen en coadyuvantes de buscar a sus parientes.
“Se debe tener creatividad en la ejecución de proyectos, en la ejecución de los propios presupuestos que tienen asignados que se van directamente al gasto corriente, pero no hay proyectos creativos que apliquen de manera más solvente este tipo de acciones”, dice Gonzales.
Norma exige Consejo y creación de sistema
La Ley 3933 de Búsqueda, Registro, Información y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados establece al Comando Nacional de la Policía la creación de una Red Virtual Nacional entre las Unidades Especializadas de las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas de los nueve departamentos, gobernaciones, alcaldías o instituciones no gubernamentales afines a la problemática para el intercambio de información y coordinación de la búsqueda y reinserción de menores de edad extraviados.
Asimismo, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, en su artículo 15, establece la creación de un Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas “como instancia máxima de coordinación y representación departamental, para formular, aprobar y ejecutar la Política Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de género, generacional e interculturalidad”.
Este consejo está conformado por la Gobernación, las alcaldías, la Policía, Fiscalía, Dirección de Trabajo, Dirección de Migración, Servicio Departamental de Educación, Defensoría del Pueblo o representantes de la sociedad civil organizada que tiene como objetivo la implementación y evaluación de la Política y Estrategia de Prevención, Atención, Protección y Reintegración Integral.
ANÁLISIS
Miguel Gonzales, director de Infante, Promoción Integral de la Mujer y la Infancia
En nuestro contexto, es complicado saber dónde están las personas que desaparecen. Entonces, se puede conjeturar que éstas puedan ser víctimas de algún otro delito, como la trata y tráfico de personas.
Sin embargo, por los mecanismos de persecución en la Policía, no podemos tener la certeza de que un niño o niña desaparecidos sea víctima de este delito porque pueden ser víctimas de alguno otro, pero no lo sabemos hasta que aparecen y son ellos mismos quienes dan su testimonio de dónde estaban y qué les pasó.
Por otra parte, los mecanismos de identificación de niños, niñas y adolescentes desaparecidos merecen una especial atención en el medio. Cuando se pierden, pueden ser encontrados por personas de buena voluntad que los llevan a las defensorías de la niñez y adolescencia, que les toman los datos, pero como son niños pequeños responden a nombres convencionales, no se sabe quiénes son sus padres y algunos son derivados a centros de acogida. Mientras, los padres los buscan con otra identidad y otra ropa.
Esto hace pensar que los mecanismos de seguridad deben mejorarse porque no es suficiente utilizar una fotografía de un niño desaparecido, sino que debe cruzarse información entre las diferentes instancias que abordan esta problemática. Además, esta situación nos impide identificar si un niño es víctima de trata o tráfico de personas o de algún otro delito.
Lo principal que se debe hacer, entonces, es mejorar un sistema de base de datos que cruce información de las defensorías de los municipios, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación y la Policía, con la División de Trata y Tráfico de Personas, para evitar, como sucede ahora, que la afectada tiene que recorrer estas instancias una por una, dificultando mucho más que se encuentre a su familiar.
El sistema de base de datos está considerado en las leyes, pero hasta ahora no se aplica por la ausencia de institucionalización en los cargos debido a que la gente capacitada trabaja de manera temporal en las instituciones públicas o es cambiada cada año; a este factor también incide el de orden político.
PASOS PARA HACER LA DENUNCIA
La jefa de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rocío Olivera, indica que los pasos para realizar una denuncia de una persona desaparecida son:
1. Acudir a una estación policial o a la oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) más cercana para reportar la desaparición de la persona, llevando los datos de la víctima: una foto y detalles de cómo se perdió o desapareció.
2. Los funcionarios policiales toman los datos completos e imprimen una hoja con toda la información obtenida.
3. La impresión a color de los datos es gratuita.
4. Esta hoja de persona desaparecida es puesta en lugares públicos por si alguna persona reconoce o puede dar información a los familiares.
5. Paralelamente, la Policía busca las primeras 72 horas a la persona por el lugar donde habría estado. Después de este periodo, recién se hace la apertura de la denuncia y el caso se pasa al Ministerio Público porque el extravío podría estar asociado a un hecho delictivo.
6. Los medios de comunicación masivos y las empresas que prestan servicios públicos están llamados a generar espacios para la difusión de gratuita de las personas extraviadas.
