Sala levanta arraigo del exalcalde y 4 imputados
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia levantó el arraigo del exalcalde Edwin Castellanos y rechazó elevar la fianza de 50 mil a 200 mil bolivianos porque la medida impuesta por la jueza anticorrupción Sara Céspedes, el 29 de junio, fue “excesiva” al no demostrarse el riesgo de fuga y porque sus bienes están con anotación preventiva como parte del proceso por el puente colapsado.
La presidenta de la Sala Penal, Nuria Gonzales, aceptó parcialmente la apelación presentada por Castellanos y los otros cuatro imputados a quienes también se retiró el arraigo: Sergio Rodríguez, exoficial mayor de Infraestructura; Osvaldo Delgadillo, exoficial Administrativo; Nelson Vega, el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, y Víctor Hugo Álvarez, representante de la empresa constructora Álvarez.
Además se modificaron las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Los imputados deberán presentarse cada 15 días y no cada semana para el control biométrico en la Fiscalía, se confirmó la fianza dispuesta por el Juzgado Anticorrupción.
También se levantó la detención domiciliaria del Nelson Vega y se desestimó la contradicción de su registro domiciliario, porque se trataría de un cambio de nombre de calles y la observación de la Alcaldía se realizó después de la audiencia cautelar. Los imputados tienen prohibido amedrentar a las partes.
La Sala Penal rechazó la impugnación de la Alcaldía porque no demostró los riesgos de fuga en la audiencia cautelar. Sin embargo, se reconoció que persiste el peligro de obstaculización porque se trata de múltiples procesados que pueden influir negativamente en los involucrados.
Nuria Gonzales rechazó el pedido de libertad irrestricta que solicitaron los imputados por el colapso del puente, que demandó una inversión de 11 millones de bolivianos, para asegurar la culminación de la investigación. El asesor jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, anunció que revisará la resolución.
CASTELLANOS PODRÁ TRABAJAR EN EL “CAMPO ARTÍSTICO”
El exalcalde Edwin Castellanos expresó su satisfacción por la disposición judicial. “Me favorece mucho que se levante el arraigo, eso me permite trabajar, especialmente, en mi campo artístico”, dijo al finalizar la audiencia. Sin embargo, evitó referirse a los reclamos que hizo en el tribunal un vecino de la avenida 6 de Agosto e Independencia que se vio perjudicado con la obra.
La presidenta de la Sala Penal Primera precisó que no podía mantener el arraigo de Castellanos porque atentaba contra su derecho al trabajo, por lo que aplicó un criterio similar al de jueza anticorrupción, quien en ningún momento restringió la posibilidad de desplazarse fuera del país con fines laborales del exalcalde, siempre y cuando tenga una orden judicial.
Castellanos y los otros imputados son investigados por el colapso del puente Independencia que, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se hundió por una falla en el sistema de anclajes y sujeción de coronas y cuñas, en octubre de 2015.
También deben responder por la adjudicación de dos obras a la empresa constructora Álvarez, la reducción de ítems y el aumento de presupuesto. Finalmente, se observa la contratación como supervisor de la obra del mismo ingeniero que realizó el diseño.
VECINO Y ABOGADO DE LA EMPRESA
René Quispe, vecino
Cada día que llueve estamos inundados, viviendo en medio de heces fecales. No sólo en el puente que se ha caído, sino también en el puente de la Barrientos y de la República. Lamentablemente, ahora estos imputados quieren salir libres, si no hace nada la justicia, vamos a terminar de demoler ese puente. Ni los anteriores masistas ni los demócratas no han solucionado el problema. En qué quedan los vecinos que se inundan.
Jorge Iriarte, abo. empresa
Creo ajustado a derecho que está ocurriendo el desenlace de lo que hemos anunciado: ésta es una acción absolutamente mediática; no es una acción ajustada a las normas procesales y una denuncia que no tiene sustento. Es una acción de la Alcaldía que básicamente ha consistido en hacer una acción de impacto mediático más que una acción procesal legal.
