Obligan a zanjar límite y competencias en Pacata
El Tribunal Supremo de Justicia resolvió que el proceso por límites y la administración de Pacata que sostienen los municipios de Sacaba y Cercado desde hace 20 años se resuelva según la Ley 2150 de Unidades Político Administrativas y si existe acuerdo entre las partes puede migrar a la nueva Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, que se enmarca en la nueva Constitución Política del Estado, según la Resolución 126/2017.
“Esta resolución claramente establece que esta instancia no es la que resuelve el tema de límites”, declaró el asesor Jurídico de la Alcaldía de Sacaba, Edson Morales. “Tanto el tema de territorio, población, recursos están sujetos al proceso de delimitación”, complementó.
El asesor de Sacaba, Walter Terán, indicó que el fallo ratifica que la definición de competencias administrativas está ligada a la definición de límites. “Con esto el proceso vuelve a punto cero, despeja dudas, deja claramente establecido que el Tribunal Supremo de Justicia no puede inmiscuirse en límites”, dijo.
La resolución emitida establece que en el marco de la Ley 2150 y la 339 se deben establecer los límites definitivos y los recursos.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cercado, Sergio Coca, señaló que lo que quiere decir esta resolución es que el incidente no se ajusta al procedimiento y corresponde seguir con la sentencia de 2016. Sin embargo aclaró que se tomarán determinaciones con la máxima autoridad. “El límite está definido, es el río Chakimayu”, dijo.
La Resolución Constitucional 162/16 concedió la competencia administrativa a Cercado, pero Sacaba desconoce el fallo. Ahora la resolución considera que los límites no se pueden separar de la competencia administrativa.
El conflicto de límites comenzó en 1996, ahora está en manos de la Gobernación que aceptó el proceso de radicatoria. Posteriormente, se ingresará a la fase de conciliación, según la respuesta de los municipios.
El director de la Unidad de Límites de la Gobernación, Ángel Pinto, explicó que la Ley 2150 de UPAS no está abrogada por lo que corresponde seguir esta disposición. El año pasado conformaron comisiones de ambos municipios con personal técnico y legal, sin embargo, hasta la fecha no se concretó ninguna reunión. Hay más de 23 OTB en medio del conflicto limitrofe.
GOBERNADOR Y VICE
El gobernador Iván Canelas Alurralde y el vicepresidente Álvaro García Linera se pronunciaron dentro del proceso como “terceros interesados”. El primero dijo que el conflicto de límites debe resolverse “bajo el entendimiento que trae consigo la nueva Constitución Política del Estado y la Ley 2150”.
En tanto el Vicepresidente señaló que la nueva Constitución Política del Estado dispone como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional “aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites de acuerdo a la Constitución y la ley”. Precisó que la Ley 339 define el procedimiento. Entre las alternativas están la conciliación y el referendo. Ante la intervención de las autoridades, el Tribunal consideró oportuno abordar el fondo del conflicto para evitar la vulneración de derechos, garantías y funciones. “No se puede concebir competencia administrativa sin límites”, dijo.
