Detención domiciliaria al Alcalde de Quillacollo
Una audiencia de medidas cautelares determinó ayer la detención preventiva para el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, además de una fianza de 80 mil bolivianos, tras iniciarse el proceso por una denuncia presentada por cinco exfuncionarios despedidos en 2015.
El asesor legal del Alcalde, Ronald Orozco, protestó indicando que se trataba de una detención ilegal y que se apelaría el fallo.
La audiencia de medidas cautelares, que comenzó cerca de las 15:20 y que concluyó a las 19:30, se instaló ante la demanda interpuesta por el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, y del concejal Antonio Montaño (ambos del MAS), que viabilizaron la denuncia de los trabajadores, por los delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Según Orozco, el conflicto comenzó cuando los cinco funcionarios despedidos interpusieron un amparo constitucional, que obligaba al municipio a devolverles sus puestos, argumentando que se trataba de despidos ilegales, además de que entre los despedidos figuraba una embarazada y otra con un bebé en período de lactancia.
Sin embargo, al momento de la reposición, los puestos ya estaban ocupados por otras personas.
“Tómese en cuenta que el Alcalde maneja un municipio con más de 2.000 trabajadores. Además, tiene una Dirección de Recursos Humanos, con otros responsables”, explicó Orozco.
Según el asesor legal, previendo denuncias por daño económico, el Alcalde pagó “de su bolsillo” algo más de 60 mil bolivianos por concepto de AFP, salarios devengados y Caja Nacional de Salud de los funcionarios que ocuparon temporalmente los cargos en relevo de los despedidos.
“Esto demuestra que no hay daño económico. En su momento lo ha resarcido y lo ha aprobado el Concejo Municipal”, dijo Orozco.
Sin embargo, el Juzgado Tercero de Instrucción determinó la detención y fianza. “Hemos demostrado que el Alcalde tiene familia, domicilio, trabajo, pero nada de esto se ha considerado”, declaró Orozco.
Mérida, además, ya cuenta con arraigo y con la imposición de otra fianza de 50 mil bolivianos por otro proceso judicial, lo que también fue observado por el asesor legal.
Según se conoció, el cumplimiento de estas garantías permitirá a Mérida desenvolverse en sus funciones administrativas de Alcalde, pero con escolta policial.
