Ministro pospone informe del tren
El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV), Milton Claros, postergó ayer su informe a la Asamblea Legislativa Departamental sobre el segundo contrato para la construcción del tren metropolitano de Cochabamba.
Claros fue convocado hace una semana para informar sobre la contratación por segunda vez de la empresa JOCA de España y su socia Molinari Rail, ahora con el rótulo de Asociación Accidental Tunari, por 447,6 millones de dólares que serán financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN).
El Ministro se excusó de presentar su informe por “motivos de agenda”. En la carta que envió a la presidenta, Jaqueline Pozo, dijo que comunicará cuándo podrá asistir.
Según el jefe de gabinete de Pozo, el lunes llegó una carta a presidencia donde Claros explica que no podrá asistir y agrega que se comunicará para señalar una fecha en la que tenga mayor disponibilidad.
La asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) señaló que el fin es evitar la fiscalización del tren. “Cochabamba se ha convertido en el patio trasero del Ministerio de Obras Públicas. Firman contratos secretos en La Paz, que no nos permiten fiscalizar”, lamentó.
En tanto, el asambleísta Mario Orellana indicó que de todos modos envió sus preguntas al Ministerio para solicitar una respuesta escrita. Entre la información que se solicita están: las razones por las cuáles no se hizo una licitación pública internacional para una obra millonaria, por qué firmó el contrato el Viceministerio de Transporte y no el Ministerio de Obras.
Además, aspectos técnicos sobre las características del proyecto, las funciones de las entidades departamentales y municipales. Y la presentación de la documentación que se utilizó, aprobó y promulgó hasta la fecha en lo que refiere al proyecto.
El proyecto del tren metropolitano tiene un costo de 447,6 millones de dólares. Sin embargo, es considerado de tipo social, pues según el estudio de factibilidad no se podrá recuperar lo invertido a largo plazo, pero el objetivo es que la población cuente con un mejor medio de transporte masivo, afirmó.
“El estudio a diseño final tendrá que determinar los costos de operación para definir los pasajes para que sea autosustentable. Pero, la recuperación de la inversión no se logrará”, aseveró.
Asimismo, cuestionó que el proyecto se haga de forma paralela al plan maestro de transporte metropolitano que ejecutó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .
Por otro lado, el proyecto aún no figura en el presupuesto reformulado del TGN. En tanto, el documento de contratación todavía no se ha publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).“Ningún gasto público puede ejecutarse sin estar presupuestado. Para haberse hecho la invitación debía estar todo inscrito y no sólo una transferencia”, declaró Orellana.
CONTROLARÁN USO DE ANTICIPO
La Unidad de Coordinación del Tren Metropolitano informó que hará un control del anticipo que recibirá la Asociación Accidental Tunari para comenzar con la primera fase del tren metropolitano, el estudio a diseño final, el retiro de rieles y durmientes y otras actividades previas.
El coordinador de la unidad, Ariel Torrico, dijo que solicitarán que las empresas JOCA y Molinari Rail presenten todos los respaldos necesarios para demostrar el correcto uso del anticipo.
Después de recibir la Orden de Proceder, las empresas solicitaron el desembolso del 20 por ciento del anticipo de 48 millones de bolivianos para comenzar con la primera fase. A cambio, deben dejar una boleta de garantía por el 7 por ciento del total que reciban como adelanto. En caso de incumplir con el contrato, el Ministerio puede ejecutar la boleta y activar mecanismos legales para recuperar el restante 13 por ciento.
INSTAN A GARANTIZAR PAGOS
Tras el anuncio del inicio de obras del tren metropolitano, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Javier Bellot, manifestó que es una oportunidad para el consumo material y de recursos humanos nacionales, sin embargo, el Gobierno debe garantizar el pago a los proveedores.
“Esperamos que gran parte de esta inversión consuma la producción nacional y estimule la compra de bienes y servicios de origen nacional. Desde ese punto de vista, es altamente positivo y sería de igual modo, si se puede generar una acción en ese sentido” para que se realicen los pagos, afirmó Bellot.
Siguió: “Es un desafío para el Gobierno boliviano garantizar que haya un cumplimiento de parte de este tipo de consorcios y que no afecten a la economía de las empresas bolivianas”. Los mecanismos para el control de pagos son necesarios para evitar casos como los del consorcio Misicuni en 2014 y Chimoré en 2017.
