Fiscalía allana la casa del ex primer ministro de Perú por fallido autogolpe de Castillo
El Ministerio Público de Perú allanó ayer el domicilio del ex primer ministro Aníbal Torres como parte de la investigación por el fallido autogolpe que intentó perpetrar en diciembre pasado el expresidente Pedro Castillo, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes de la Fiscalía.
El allanamiento se realizó con la orden judicial correspondiente para recabar evidencias sobre el rol de Torres en el mensaje a la nación que pronunció Castillo el 7 de diciembre, cuando dictó la disolución del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de emergencia para gobernar por decreto y la reorganización del sistema de Justicia, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado. Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preparatoria contra el ex primer ministro por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo detalló que, durante el allanamiento, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios, se incautaron bienes y documentos de Torres, con el apoyo de la Policía Nacional.
Al jurista, quien presidió entre febrero y noviembre de 2022 el Consejo de Ministros del Gobierno de Castillo, se le imputa haber acordado junto al exmandatario y a la también ex primera ministra Betssy Chávez el autogolpe que anticipó la destitución del entonces mandatario por parte del Congreso y la llegada al sillón presidencial, por sucesión constitucional, de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
La Fiscalía pidió en diciembre prisión preventiva contra Torres y Castillo, pero el juez Juan Carlos Checkley impuso dicha medida para el expresidente, mientras que para el exjefe de gabinete ordenó comparecencia con restricciones debido a su edad y problemas de salud. La decisión luego fue ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por lo que Torres, de 80 años, está siendo investigado en libertad. Castillo, en cambio, permanece recluido en un penal de Lima, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 por otros presuntos casos de corrupción.
Por el fallido autogolpe, el Congreso peruano aprobó acusar a Chávez, y a los exministros de Interior y Turismo de Castillo.
