Colombia innova modelo de justicia restaurativa

Colombia ensaya un proyecto de “justicia restaurativa” en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que consiste en acortar las penas por graves delitos cometidos por los guerrilleros y paramilitares, a cambio de que ellos entreguen todos sus bienes y contribuyan a la investigación pero, además, participen de actividades que reparen los daños ocasionados a las cientos sino miles de víctimas.

La experta jurista, Claudia Medina Aguilar, en su visita a Cochabamba para participar del III Congreso de Derecho Constitucional, explicó a Los Tiempos en qué consiste esta propuesta alternativa a la cárcel que incluso una vez puesta en marcha podría ser compartida con otros países, adaptada de acuerdo a su contexto considerando que la realidad de Colombia es única.

Los Tiempos (LT) ¿En qué consiste el modelo de justicia transicional que lleva adelante Colombia?

Claudia Medina Aguilar (CMA) Nosotros llevamos 10 años trabajando en Colombia, el cómo hacer una judicialización de graves violaciones de los derechos humanos en un contexto de conflicto armado. El objetivo es que facilite el tránsito a la paz, lo que en términos de la doctrina se ha denominado justicia transicional, entonces, es básicamente cómo hacemos para que los grupos armados (guerrilleros y paramilitares) se desmovilicen y se entreguen.

El Gobierno les concede ciertos beneficios en términos penales: reducen sus penas, en el caso de los paramilitares en lugar de 40 años les impusieron un máximo de ocho años, esto a cambio de que ellos contribuyan a la verdad de lo que ocurrió, del por qué se dieron esas graves violaciones a los derechos humanos, cómo fueron sus patrones de comportamiento y de victimización de poblaciones de forma masiva y contribuyan, también, a la reparación de las víctimas. Además de comprometerse a no repetir los hechos ocurridos. Ése es el campo en el que se desarrolla.

Ese campo cobra ahora mucha importancia porque como saben, el Gobierno y la guerrilla de las FARC llevan más de tres años negociando un acuerdo de paz en La Habana, Cuba, de hecho, lo que concluye en esta temática es que ni siquiera habrá cárcel. Entonces, es un beneficio aún mejor en una lógica completamente de justicia restaurativa.

LT.- ¿Cómo ellos reparan los daños a las víctimas?

(CMA) En el caso de los paramilitares, donde ya tenemos casos digamos que ya hay sentencias en muchos, lo primero es que ellos están obligados a entregar todos sus bienes pero hay unos puntos débiles en la institucionalidad colombiana porque ha sido difícil encontrar bienes de los paramilitares en testaferros (terceras personas) porque realmente ahí tendría que haber una política mucho más activa.

Ellos deben entregar esos bienes y con presupuesto nacional se constituye un fondo para las víctimas que después van a un proceso administrativo en el que son reparadas, también en sentencia se les ordena hacer actos de reparación simbólica, incluidos menciones en los periódicos locales con solicitudes de perdón, gestos simbólicos, participar de actos de monumentos de ese tipo de cosas.

LT.- ¿Cuántos paramilitares han optado por este camino?

CMA.- Este proceso se inició en 2005 y los paramilitares -que son los grupos armados de la derecha- se desmovilizaron unos 32 mil paramilitares de los cuales 4.500 se postularon a estos beneficios penales que eran en principio sólo para aquellos que hayan cometido graves crímenes, como de guerra, de Lesa Humanidad, obviamente, uno piensa que de 32 mil sólo 4 mil cometieron graves crímenes y ¿qué hacían los demás? Eran cocineros y choferes… pero, ciertamente, lo que hay es un cálculo si es que la justicia ordinaria los va  poder juzgar a todos.

En el caso de la guerrilla varía en los procesos porque en el mundo se sabe que hasta un 50 por ciento de los miembros reales se terminan desmovilizando. Es decir, si usted tiene un grupo de 18 mil combatientes puede terminar con una desmovilización de casi 30 mil porque ellos cooptan campesinos y otros para mostrar que tenían muchas personas en sus filas.

LT.- ¿Qué pasa con las personas que no se sometan a esta justicia reparadora?

CMA.- Esto es interesante para toda la lógica de macrocriminalidad. La lógica es que sean sancionados los máximos responsables, ésa es una noción muy metida en derecho penal internacional y muy metida en la lógica colombiana. En la investigación de este tipo de delitos no importa tanto el que apretó el gatillo porque, como todos sabemos, eran reclutados forzosamente desde que eran menores de edad, entonces lo que importa son los que planearon y generaron todas estas grandes estrategias de victimización sobre toda la población civil.

La lógica de este proceso de justicia transicional pasa porque prioricemos a estos grandes responsables.

Hay un punto pragmático, usted no puede juzgar -ni en el mejor sistema de administración de justicia del mundo- a 30 mil personas por graves comisiones a los derechos humanos porque el sistema colapsa.

LT.- ¿Todos los miembros de las guerrillas pueden someterse a esta opción?

CMA.- Lo que tenemos ahora  es la Ley de Justicia y Paz diseñada en un momento de negociación con los paramilitares, pero a la que podía postular cualquier miembro de grupos armados ilegales, de hecho, más de 10 mil miembros de la guerrilla, de forma individual, han ido postulando, se salen y dicen que yo quiero postular a este beneficio impóngame una pena corta y yo contribuyo con la investigación.

Entonces, este nuevo diseño que se concluye en la negociación de La Habana es un diseño pensado muy para ellos (paramilitares y guerrilleros) y van a participar de eso, terminan creando una cosa que se llama jurisdicción especial  para la paz que va a ser una nueva estructura judicial en Colombia, exclusivamente para delitos de conflicto armado.

LT.- ¿Este trabajo que es realizado en Colombia podrá ser replicado en otros países, aunque tengan un contexto diferente?  

CMA.- Sí, yo creo que una cosa muy interesante que ha ocurrido en Colombia es que toda esta lógica de investigación enfocada en los máximos responsables de los grupos armados es muy específico del conflicto armado en Colombia; pero, en algún sentido se han generado analogías con otros tipos no de grupos armados en conflictos, sino se estructuras criminales.

De hecho, ha habido un movimiento importante, sobre todo, al interior de la Fiscalía General de la Nación para que la estrategia de investigación y persecución de crímenes no se desgaste demasiado en los criminales menores ni en el hecho individual, ya no estamos hablando de violaciones a derechos humanos ni de conflicto armado sino de la criminalidad ordinaria, que se concentre realmente en los jefes de las redes criminales, incluidas cosas menores que después concluyen en homicidios.

Eso responde a redes y hay mucha de la criminalidad urbana que no es un señor que se lo ocurrió, sino que responde a una estructura a unos tipos que miran que saben dónde ir.

En términos de prevención y de desarticulación de estas redes criminales es muy útil esta lógica de investigación penal y más bien se puede pensar en la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad o digamos esos beneficios de renuncia a la persecución penal para los delincuentes menores, los que hacen parte casi obligada de ese tipo de redes y los que no son los dirigentes. Ésa podría ser una opción y yo diría en algún sentido muy tímido en Colombia se apunta a eso.

LT.- En el tema del narcotráfico, por ejemplo, haciendo una analogía, estos pequeños sujetos pueden contribuir en la investigación.

CMA.- Claro, digamos que yo diría la traducción de Colombia que es relativamente reciente de lo que en el mundo Anglosajón se llama persecución discrecional -una cosa tan propia del derecho penal de ellos- es decir, que el fiscal decide qué es lo que se va a perseguir y qué casos no. No hay la obligación de perseguir todos los delitos sino que estratégicamente yo miro que es lo importante. Es un principio de oportunidad.  

El fin último tiene que ser la desarticulación de las estructura de la red; el fin no es meter a cuanta más gente se pueda a las cárceles, sino el fin es coger a los grandes líderes y desarticular las redes delincuenciales.

En algún sentido podría pensar en analogías nada de esto tiene un componente político de un conflicto armado donde hay un grupo con ideologías y tanta historia, pero en términos de investigación penal uno si empieza a ver como las cercanías.

LT.- ¿Cuándo se hará una evaluación de la aplicación de la justicia reparadora en Colombia?    

CMA.- Eso es otro mundo, ahora inicio una investigación de seguimiento al tema de las sanciones porque es un experimento, porque son los grandes guerrilleros los que tienen que proponer al juez una suerte de proyecto restaurativo, pero es una cosa muy compleja logísticamente el tener a gente en cierto sitio donde el Estado tiene que garantizar a la comunidad su desplazamiento y volver al sitio donde están recluidos.  

Tiene un componente económico muy complejo que todavía no se ha estructurado y es ver cómo van a financiar eso, porque va a requerir una fuerte inversión económica.

Yo pienso que es único en el mundo pero hay que hacerlo, entonces hablaremos en ocho años de los resultados.