Critican liberación de dirigentes de Entre Ríos
Después de que el juez de Ivirgazama, Vicente Ayzama, determinara liberar a dirigentes vecinales de Entre Ríos involucrados en un caso de linchamiento a un supuesto antisocial, surgen cuestionamientos a la decisión de la autoridad judicial porque habría “favorecido” a estas personas.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), César Cabrera, señaló que en casos “mucho más sencillos” se ordena “normalmente” la detención preventiva.
Agregó que cuando se trata de linchamientos, que generalmente se producen en medio de un grupo considerable de personas, resulta complejo poder identificar a los responsables. Sin embargo, en este caso estaban identificados “por eso denota que hubo favoritismo”, dijo.
El pasado miércoles, un tribunal anticorrupción de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Gabriela Zapata, pese a que la defensa presentó ante la autoridad jurisdiccional un contrato de trabajo bajo el cargo de ejecutiva de ventas con un salario mensual de Bs 3.500 bolivianos, para desvirtuar uno de los riesgos procesales.
Otro caso, es del exgobernador del Beni, Carmelo Lens, a quien se le rechazó en reiteradas oportunidades la cesación a la detención preventiva pese a haber presentado toda la documentación que desvirtúa el riesgo procesal.
De acuerdo a Cabrera, “es de lamentar lo que está aconteciendo en nuestro país, el Órgano Ejecutivo está interfiriendo, involucrándose en una investigación que está en manos del Órgano Judicial”.
“Es el Ministerio Público que debiera realizar su trabajo y procesar a la gente que considere es autora de este trágico hecho”, agregó.
Por su parte el defensor del Pueblo, David Tezanos, señaló que la autoridad judicial que conoce el caso “debe actuar con total libertad desde lo procesal y lo fáctico” y si se ha cumplido con todos los requerimientos para determinar la cesación a la detención preventiva “el razonar del juez habría sido apropiado conforme a la normativa procesal”.
“En una detención preventiva para pedir su cesación, lo que tienen que hacer es descartar los riesgos procesales y, en ese sentido, Defensa Pública informó que ya estuvo trabajando en la obtención de registros domiciliarios, información de la Policía Boliviana, para desvirtuar que seguían existiendo los riesgos procesales”, dijo Tezanos.
Por su parte, el asambleísta departamental de Demócratas, Mario Orellana, dijo que éste es un “pésimo” antecedente para la justicia. “La justicia tiene operadores políticos, no tenemos jueces probos que van a hacer justicia, sino, tenemos gente que ha sido colocada para hacer lo que les mande el poder político”, dijo.
“NO SOMOS LINCHADORES”
El dirigente cocalero y presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que en el tema de Entre Ríos “sabrá la justicia lo que está haciendo, sabrá la justicia (por) dónde está encaminando (la investigación), nosotros como dirigentes vamos a pedir en todas las instancias donde corresponda que se tiene que aclarar este hecho”.
Cuestionó a aquellos dirigentes que “hacen quedar mal” al trópico de Cochabamba, haciéndolo ver como un pueblo “linchador, como asesinos” cuando la población de Chapare pertenece a una “cultura de la justicia” y de justicia comunitaria.
“Ojalá no haya sido por la movilización de los dirigentes, ojala la justicia pueda continuar con la investigación, con esa tarea tan digna que nosotros confiamos en la justicia. Ojalá no haya sido la liberación por la presión o por la amenaza de algunos dirigentes”, que el fin de semana pasado protagonizaron un bloqueo en la carretera hacia Santa Cruz.
