La reforma penitenciaria aviva esperanza contra mora judicial
La reforma penitenciaria y el cambio de enfoque de la justicia punitiva por una restaurativa se presentan como las alternativas más próximas para revertir el hacinamiento en las cárceles y la retardación de justicia en el país, según el Ministro de Gobierno y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
El caso de Félix que está preso diez meses sin sentencia desde el 3 de junio de 2016, a pesar de que la normativa prevé que la detención preventiva no debe sobrepasar los siete meses es una muestra de la retardación de justicia.
Contó que cuando ingresó al penal de San Sebastián acusado de violación fue obligado a vestirse con ropa de mujer y recibió una fuerte golpiza por parte de cuatro internos. A 10 meses de su detención sigue encerrado.
El interno de 65 años fue acusado el año pasado de haber violado a una niña de ocho años en 2014, asegura que es inocente y espera comprobarlo en su juicio que nadie sabe cuándo iniciará.
La historia de Félix es una de los 11.568 reclusos que existen en el país y que tienen la característica de “detenidos preventivos” que hacen a un 70 por ciento de todos los privados de libertad.
Hasta febrero de este año, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario reportó que existen 16.527 personas en las cárceles del país. Esto significa que sólo un 30 por ciento de la población recluida tiene sentencia condenatoria.
De acuerdo con datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en Cochabamba, casi el 70 por ciento de la población carcelaria que tiene detención preventiva es procesada por delitos menores y los reos por delitos graves no superan el 5 por ciento.
Para el presidente de esta institución, Edwin Claros, explicó que estas cifras son por la retardación de justicia que existe en Bolivia y que interviene como un elemento clave porque existen personas privadas hasta de ocho años con detención preventiva, cuando la ley plantea un máximo de siete meses para concluir con esta medida.
Dijo que sólo el 5 por ciento de los reclusos se encuentra detenido por delitos graves, como violación o asesinato.
La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, señaló que la institución ha creado un observatorio que monitorea el funcionamiento del sistema de justicia penal, por lo que advierte que existe un uso excesivo de la prisión preventiva, como una “pena anticipada”, ante el temor de fuga, situación que atenta contra los derechos humanos de las personas.
Otro aspecto importante y casi crucial para esta temática es la baja inversión del Estado para el tema de la justicia que asciende a un 0,52 por ciento del total del presupuesto nacional.
La situación más crítica se vivió en 2013, cuando el 85 por ciento de los presos no tenían condena, cifra que bajó durante los tres últimos años hasta llegar al 70 por ciento. Claros consideró que la cifra bajó “muy poco”.
INDULTOS
Los indultos para los privados de libertad comenzaron al promediar el año 2000, sin embargo, según el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Cochabamba, Edwin Claros, durante este tiempo la medida benefició a menos del 20 por ciento de los privados de libertad en el país.
“Los porcentajes de salida de internos, por decirte aproximadamente en todo el país no se ha superado el 20 por ciento” porque necesariamente para beneficiarse del indulto tienes que tener sentencia ejecutoriada, además de delitos que no sean graves”, sostuvo Claros.
Además consideró que la incidencia de la aplicación de indultos en el país afectó muy poco en la disminución de privados de libertad que no cuentan con una sentencia, en los diferentes recintos penitenciarios de Bolivia.
HAY UNA REFORMA PENDIENTE
La propuesta de la reforma penitenciaria comenzará con la aprobación de la nueva Ley de Régimen Penitenciario. Sin embargo, aún faltan los recursos económicos que deberán ser garantizados por el Gobierno nacional, gobernaciones y municipios, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El proyecto de Ley de Régimen Penitenciario plantea cuatro elementos relacionados con la clasificación de internos, recursos humanos, infraestructura y nueva tecnología.
Respecto a la clasificación de internos, el ministro Romero informó que se pretende separar a los internos en la siguiente clasificación: máxima seguridad, intermedia y sistema abierto para aplicar un sistema progresivo.
Este punto es de vital importancia, ya que la no separación puede desencadenar en una “escuela de delito”.
