Podrían facilitar el acceso legal a los precursores
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, abrió ayer la posibilidad de que el Gobierno flexibilice los trámites y condiciones que la nueva ley antidroga exige a la empresa privada como garantía de que desarrolla un trabajo lícito, pero dijo que la lista de sustancias controladas se mantendrá porque responde a acuerdos internacionales.
Romero hizo el anuncio anoche durante un conversatorio del Foro Regional en Los Tiempos. Esta información y todo el análisis completo será publicado en la edición impresa del próximo domingo.
En el evento participaron también como panelistas la jurista y expresidenta de la Corte Superior de Justicia Marlene Pino, el exdirector del Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Gonzalo Quezada y el empresario Gonzalo Molina. Hizo de moderador, Roberto Laserna, director de Ceres, institución que junto a Ciudadanía y Los Tiempos integran el Foro Regional que organizó el encuentro.
Durante su participación, Molina señaló que varios puntos en la nueva Ley de Sustancias Controladas afectan directamente al empresariado privado, que no fue consultado en su elaboración. Según Molina, muchas empresas trabajan en actividades lícitas utilizando sustancias que en la nueva ley son ilícitas.
Para garantizar la licitud de la actividad, los empresarios deben renovar su licencia de funcionamiento cada dos años, y las que trabajan con estas sustancias controladas, pedir la licencia de uso cada tres meses.
Además, el rigor en el control de narcotráfico en las fronteras afecta en la calidad de las exportaciones asfixiando al sector empresarial, tales como los sectores de flores y de madera. “No queremos caer en el estigma de que ser exportador es sinónimo de ser narcotraficante”, dijo.
Más sustancias controladas
Sobre este punto, Laserna agregó que otro aspecto que incide directamente en el empresariado es que la lista de sustancias controladas creció desde las ocho contempladas en la anterior ley 1.008 hasta 43 en la normativa actual, incluyendo elementos de uso tan general como el diésel o la gasolina, lo que prácticamente deriva en una “criminalización de la industria”.
Sobre el tema, Romero opinó que los términos e interpretaciones le parecían “exagerados” y que el sector empresarial experimentó tasas de crecimiento sostenibles. En cuanto a la lista de sustancias controladas, dijo que éstas obedecen a acuerdos internacionales contra los que Bolivia no puede ir y que, por tanto, no pueden excluirse de la norma. “Lo que sí podemos hacer es mejorar los procedimientos, flexibilizar los requisitos y condiciones. Si tenemos que hacer una revisión, lo vamos a hacer”, dijo.
Sobre el tema, Molina dijo que, como representante del sector empresarial, tomaba la palabra al Ministro y esperaba una invitación para que su sector tome parte en la normativa.
PROBAR A “PALOS BLANCOS”
Otro punto polémico tocado durante el conversatorio fue el de la “extinción de propiedad”, referido a la confiscación de bienes, aunque el propietario no haya participado en el delito del narcotráfico, lo cual es contradictorio con la Constitución Política del Estado, que presume la inocencia, según observó la jurista Marlene Pino.
Sobre el tema, el ministro Romero dijo que la norma no apunta a “inocentes angelitos”, sino a los “palos blancos”, es decir, delincuentes que anotan sus ganancias ilícitamente adquiridas a nombre de terceras personas. Pino respondió que tampoco se trata de defender “palos blancos”, sino a probar previamente que lo sean.
Gonzalo Quezada, en tanto, destacó que la nueva ley destine recursos para la lucha antidrogas de los mismos bienes incautados al narcotráfico. Observó, sin embargo, que la ley tampoco asigna recursos a temas como la prevención y la rehabilitación de drogas, y no se especifican otros delitos como el microtráfico. Destacó también que Bolivia, a diferencia de otros países, como Uruguay, aún es conservador en la legalización de drogas.
Romero aceptó que hay que definir temas como el microtráfico. Sin embargo, con respecto a la legalización de drogas, “no sé si es complejo de inferioridad (…), pero no hemos considerado todavía eso”, dijo.
